“Estamos frente a una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”
, fue la respuesta de la empresa al fallo del juez Penal de Primera instancia del Distrito Nro. 2 de la Ciudad de Rosario, Hernán Postma, ante la requisitoria del fiscal Miguel Moreno.
En el comunicado, los directivos de Vicentin además manifestaron: “La consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin, pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición”, según señala el sitio web www.reconquistasf.com.ar.
La sede central de Vicentin se encuentra en la ciudad de Avellaneda.
“Poco le han importado al Sr. Juez y al Fiscal interviniente, la tranquilidad y el bienestar de los más de 5.000 trabajadores y familias de Santa Fe, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires que serán directamente afectados por esta inconcebible decisión. Más allá de las conocidas dificultades financieras que la compañía ha atravesado durante el corriente año, nuestros trabajadores han sido la prioridad y hemos garantizado la conservación de sus fuentes de trabajo y el cobro en tiempo y forma de sus salarios”, señalaron desde Vicentin.
Además, plantearon sus diferencias sobre los argumentos del fiscal Miguel Moreno: “Son absolutamente falsos, ya que no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, juez del Concurso”.
En otra parte del comunicado, la empresa sostiene que todo este accionar de la Justicia tiene como objetivo que no pueda resolver su situación concursal y de esa manera cumplir con los acreedores y poder continuar con la actividad que garantice la continuidad laboral de los trabajadores.
“Esperamos que quienes han tomado esta medida y quienes de manera irresponsable la hayan alentado, recapaciten a la brevedad, en caso contrario deberán asumir la responsabilidad directa sobre las consecuencias que la misma provoque”, concluyó el pronunciamiento.