La condena fue aprobada por 26 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú, y exigió "la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos".
El presidente Daniel Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó "inequívocamente" el arresto de opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y pidió la "inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos" en ese país centroamericano, según una resolución publicada este martes que el Gobierno de Argentina se abstuvo votar.
"No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia", dijo la Cancillería argentina en un comunicado.
El texto fue aprobado por 26 votos -entre ellos, Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú- durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el órgano ejecutivo del bloque regional. En contra votaron Bolivia y San Vicente y las Granadinas, en tanto Argentina, Belice, Dominica, Honduras y México se abstuvieron.
En tanto, los representantes de Nicaragua condenaron enérgicamente la injerencia del organismo multilateral, y acusaron a Estados Unidos de desplegar una "política intervencionista".
El gobierno argentino explicó por qué "no está de acuerdo"
El gobierno argentino dijo que no está de acuerdo "con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales" y reclamó que la OEA "retome el espíritu constructivo de su Carta".
El gobierno dijo además que llamaba "a restablecer el diálogo interamericano" y manifestó su "disposición plena para colaborar constructivamente".
"Estamos convencidos de que esta situación será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos", cierra el comunicado.
En la misma nota publicada por Cancillería, el gobierno nacional dijo que junto a México "manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua", especialmente por la "detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados".
"Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta", dice la nota.
Qué pasa en Nicaragua
La condena de la OEA se produce en medio de duras críticas de la comunidad internacional y sanciones de Estados Unidos por la detención de 13 opositores, entre ellos cuatro candidatos a la presidencia, destacados miembros de la disidencia sandinista y líderes de la empresa privada y sociedad civil.
Las redadas policiales que se iniciaron 2 de junio llevaron a la detención de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, del exdiplomático, Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, cuya liberación inmediata es reclamada por la comunidad internacional.
El presidente Daniel Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.
Ortega es acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
El sandinismo aseguró que celebrará elecciones generales "libres, justas y transparentes" y exigió "la no injerencia de cualquier gobierno extranjero" en el proceso. Además, demandó que "sean eliminadas" las sanciones unilaterales impuestas, pues considera que "las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".
