La resolución negada por el Gobierno de Javier Milei establece que los indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Argentina, el país donde existen 58 pueblos indígenas u originarios de acuerdo a su Censo de Población de 2022, fue la única nación que votó este lunes en contra de una resolución de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.
En este sentido, de un total de 168 votos a favor, el Gobierno de Argentina le dio la espalda a la resolución que busca reforzar los derechos de las comunidades indígenas en áreas como justicia, medio ambiente y preservación de lenguas y tradiciones ancestrales.
Asimismo, en un contexto donde el 29,3 por ciento de la población que se reconoce indígena o descendiente de pueblos originarios, manifestó hablar o entender la lengua de su pueblo, el país que los representa negó el acuerdo que brinda el derecho a que los pueblos indígenas participen en decisiones que afecten sus territorios.
❗️Arrancó la gestión de Gerardo Werthein en Cancillería
— El Destape (@eldestapeweb) November 11, 2024
?Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución por los derechos de los pueblos indígenas en la ONU pic.twitter.com/egUuooJnNc
La declaración de la ONU precisa que reconoce “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.
Asimismo, la resolución negada por el Gobierno de Javier Milei establece que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.
De igual manera, reconoce que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos, los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, así como tienen derecho a la libre determinación.
La Secretaría General Iberoamericana (Segib) informó este año que 38,4 por ciento de las 556 lenguas indígenas de América Latina y el Caribe están en riesgo de desaparición. De acuerdo al estudio, son tres factores los que hacen a la vulnerabilidad de las lenguas: el racismo y la discriminación en contra de las personas, sociedades y conocimiento indígena; el incumplimiento por parte del Estado de la legislación vigente (que debería proteger, fomentar y visibilizar a las lenguas indígenas); y la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas.
Denuncias contra los pueblos indígenas y su territorio
Por su parte, la Agencia de noticias Tierra Viva ha denunciado que la llegada al poder de La Libertad Avanza refuerza las políticas sistemáticas nacionales y provinciales de negación de los derechos de los pueblos originarios.
“En Argentina, la actual gestión de Gobierno no tiene precedentes en lo ideológico y transita un camino difícil de describir. Y más difícil aún de avizorar en el futuro inmediato. Su política declarada de desmantelar el Estado (no sólo achicarlo) tiene consecuencias complejas para valorar en su total dimensión, en un escenario siempre cambiante y dinámico”, reconocen.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi), fue eliminado por el Gobierno de Javier Milei, así como su intento de eliminar también el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Sin embargo, el Gobierno nombró al ex secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri al mando del organismo.
Una de las acciones en contra de los pueblos originarios es lo sucedido en Mendoza en este noviembre: el gobernador Alfredo Cornejo, aliado del presidente Javier Milei, consiguió que el INAI revise el reconocimiento de tierras ancestrales de tres comunidades mapuche, cruzadas por los intereses del proyecto “Malargüe distrito minero”.
Para cuando el Estado comenzó a resarcir los daños de un genocidio feroz, el trabajo comunitario en Malargüe tuvo eco en una serie de políticas que permitieron rediscutir los derechos elementales a poseer la tierra, o cuanto menos a no ser desalojados.
“Fue así que se iniciaron trabajos coordinados entre organismos públicos y científicos, con la intención de interpretar esa larga historia silenciada. Uno de los resultados de esa introspección colectiva fue la labor del INAI en la reconstrucción de una genealogía de trabajo pastoril en Malargüe. Si bien no todas las familias puesteras asumieron esta perspectiva, muchas de ellas concretaron reclamos territoriales que el organismo atendió desde 2009, promoviendo trabajos de pesquisa antropológica y geográfica por más de una década”, puntualizó la Agencia de noticias Tierra Viva.
Al resaltar la identidad de los pueblos originarios y la lucha por la recuperación de su territorio la plataforma reconoce que “la provincia de Mendoza es abundante en paisajes e historia. Su delimitación congrega riquezas minerales, agrícolas y subjetividades diversas. El departamento de Malargüe tiene una fisonomía aún más particular: allí hay fortuna minera, cielos límpidos y todavía se puede ver el rastro más nítido de las comunidades originarias que se desplazaban desde Wallmapu a las actuales pampas argentinas”.
