Ante la inacción judicial y policial, activistas gremiales impiden la salida de mercadería de dos sucursales de una empresa familiar por el encuadramiento de 6 empleados. “No podemos seguir así, no podemos trabajar”, dijo el dueño.
“Me amenazaron con quemarme los camiones, quemarme el negocio, cagarme a piñas y fundirme la empresa. No podemos seguir así, sin trabajar. Nos están asfixiando”.
Matías Morante, de 32 años, está desesperado. Se le nota en la voz. Pide perdón por sus nervios. Hace 15 días, un grupo de activistas del Sindicato de Camioneros comenzó un bloqueo en uno de los locales de su empresa de venta de materiales de construcción que había inaugurado hace 22 días, con una inversión de 80 millones de pesos. Esta mañana todo empeoró cuando también bloquearon la otra sucursal, en el departamento San Martín, a 120 kilómetros de la capital provincial.
La protesta que paraliza la empresa chaqueña se registra en forma simultánea con el fallo de una jueza que terminó con la detención de dos dirigentes de Camioneros en San Nicolás por el bloqueo a una distribuidora de alimentos. Y a cuatro meses de que, también por un bloqueo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de cinco representantes del mismo sindicato, entre ellos Omar Pérez, estrecho colaborador de Hugo Moyano, y que en su sentencia fue lapidaria: “Ninguna norma autoriza la coacción”.
En este caso, ¿cuál fue el “pecado” de Morante? No acceder a la exigencia sindical de que 6 de sus 50 empleados pasen al Sindicato de Camioneros. Allí comenzaron las protestas extorsivas que no lo dejan trabajar desde hace dos semanas y ponen en riesgo a una empresa que fue creada por él cuando tenía 18 años y en la que está acompañado día a día por su esposa, amigos y conocidos.
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“La situación está más complicada porque hoy fueron a bloquear una sucursal que tenemos en San Martín, a 120 kilómetros. Tenemos los dos negocios parados -destacó a Infobae-. Nos amenazan para que cedamos, pero no lo puedo hacer porque no corresponde. Hay denuncias penales por amenazas y ahora nos arrancaron una cámara de seguridad a palazos para que no queden filmados. Es un atropello a todo tipo de derechos constitucionales”.
El empresario, que tiene 50 empleados y 6 camiones, y hace apenas 22 días inauguró un local en Resistencia, explicó que el bloqueo comenzó hace dos semanas: “Somos distribuidores de cemento y en una fábrica no nos dejaron cargar porque decían que el Sindicato de Camioneros los iba a bloquear. Terminaron parando todo el centro de distribución de esa empresa y después vinieron acá con el mismo planteo. Me dijeron que fuera a hablar al sindicato porque si no, no iba a poder trabajar más”.
El reclamo era el típico de los Moyano en estos bloqueos. “Me reclamaron que les pase 6 empleados de la nómina al sindicato -señaló Morante-, algo totalmente ilegal porque compramos, vendemos y distribuimos materiales de construcción y la ley encuadra a las empresas de acuerdo con su actividad principal. Y nuestra actividad principal es comercial. No es una cuestión de gustos o de ganas”.
Ante la negativa del empresario, comenzaron las presiones, las intimidaciones y los bloqueos, con 15 activistas que impedían la entrada y salida de camiones en una de los locales, y unos 20 en el otro, en medio de agresiones, por ahora verbales. “En la fiscalía y en la comisaría hay varias denuncias -aseguró Morante-. Algunas las presenté yo y hay otras de empleados a los que pararon y amenazaron que los iban a cagar a palos y a romper los camiones, lo mismo que a mí. Me amenazaron con quemarme los camiones, quemarme el negocio, cagarme a piñas y fundirme la empresa. No podemos seguir así, sin trabajar. Nos están asfixiando”.
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¿En este conflicto no actúa la Justicia ni la Policía? Según el dueño de la empresa, hasta ahora no: “Es que no hay una orden de desalojo del fiscal de desalojo. La justicia no se expide sobre la situación, pero tengo videos y pruebas de los bloqueos y las amenazas”.
Morante afirmó que ante el bloqueo sí intervino, en cambio, la Dirección de Trabajo provincial, que dictó la conciliación obligatoria, pero no tuvo ningún efecto concreto. “Fuimos a la audiencia y pasó a un cuarto intermedio -relató-. Hoy volvimos a ir y se postergó para mañana. Pero no tenemos nada que acordar ni conciliar. Lo que reclaman es inviable y, sobre todo, en este contexto de presiones, amenazas e imposibilidad de trabajar. Son un montón de derechos los que están violando”.
Hasta ahora, destacó, el único apoyo provino de los integrantes del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que lo están “ayudando y acompañando” en esta compleja situación. “Soy el fundador de mi empresa, trabajo con mi esposa y no somos la segunda generación de la empresa. Somos la primera -dijo-. Uno tiene aspiraciones de crecer y quiero que acá sigan mis hijos, que hoy tienen 3 y 7 años, pero la desazón por todo esto es tan grande que no tengo muchas ganas de seguir”.
