Más de 60 peones formoseños de la comunidad wichí vivían en pésimas condiciones laborales para poder sostener su trabajo, pero de un momento a otro dejaron de pagarles e iniciaron un reclamo que dejó a la luz el trabajo esclavo al que eran sometidos.
Hacinados, sin agua ni baños químicos. Colchones en el piso y algunas mantas para paliar el frío. Poca comida. Sesenta y seis trabajadores aguantaron estas condiciones inhumanas para poder cobrar la quincena. Pero cuando dejaron de pagarles, decidieron denunciar.
Los peones son formoseños y fueron “contratados” por la empresa Padilla Citrus del empresario citrícola Pablo Padilla y con sede legal en San Miguel de Tucumán. Fueron trasladados a Salta. La denuncia de los trabajadores derivó en una investigación de la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta y dos operativos relámpagos.
Uno de los allanamientos fue en una finca en la localidad de El Galpón, donde había 21 trabajadores pertenecientes a la comunidad Colonia Aborigen Estanislao del Campo, de Formosa.
El otro fue en un edificio en construcción en la localidad de Metán: allí unos 45 trabajadores vivían en condiciones inhumanas. Según informó la Policía de Salta, el lugar no contaba con las condiciones mínimas e indispensables para su alojamiento, “exponiéndolos a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”.
El día de los operativos, la Policía se llevó detenida a una persona señalada como responsable de la finca y se abrió una causa en la Unidad Fiscal Federal de Salta por violación a la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas. Los trabajadores están bajo la guarda de un equipo interdisciplinario dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
¿Quién es Pablo Padilla?
Según su propia web, Padilla Citrus tiene unas 2.000 hectáreas sembradas, exporta a unos 20 países y tiene una capacidad productiva de 150.000 toneladas anuales.
Padilla es además presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino. Y hace tiempo está en la mira de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). “Padilla es responsable no sólo de este hecho que está en la justicia, su práctica habitual es la falta de pago y fue por esa denuncia de los trabajadores que saltó en qué condiciones estaban trabajando en Salta”, dijo a Télam el subdelegado de la UATRE, Germán Ferrari.
Explotación y trata en el campo
Las denuncias por las condiciones laborales de los trabajadores rurales son constantes. El año pasado, en Cosecha Roja contamos la historia de una familia que vivió siete años en condiciones de esclavitud en un campo ganadero de la localidad de Las Bandurrias, en la provincia de Santa Fe.
En 2019, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) constató la situación laboral de 15.684 trabajadorxs rurales de todo el país: el 83 por ciento (12.994) no estaban registradxs.
Hasta ese año, el sector contaba con cerca de 330 mil trabajadores rurales declaradxs mensualmente. Según el INDEC la tasa de informalidad en el sector agropecuario fue del 63 por ciento en el tercer trimestre de 2019.
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