La nena era intensamente buscada desde el lunes, cuando no se presentó a la consulta en el Hospital Iturraspe.
La niña era buscada desde el lunes
El caso de la nena de 12 años abusada comenzó en diciembre de 2022, cuando la menor acudió al médico con su madre y se enteró de que estaba embarazada.
La niña oriunda de Garibaldi reveló entonces que había sido abusada por su padre en reiteradas ocasiones, por lo que el equipo interdisciplinario que la acompañaba le ofreció realizar la interrupción voluntaria del embarazo.
En principio, el procedimiento iba a realizarse el pasado lunes en el Hospital Iturraspe de la ciudad, pero la paciente no se presentó a la consulta médica, por lo que comenzó a ser buscada.
Según se supo, la menor y su madre habían tenido contacto con Grávida, una organización que asesora y acompaña a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, el padre de la menor de edad se dio a la fuga y también era buscado por la justicia.
El hombre de 42 años, cuyas iniciales son G. A., fue localizado y detenido en la tarde del mismo lunes en un domicilio de la ciudad de Recreo.
Se espera que la audiencia imputativa tenga lugar este miércoles o jueves, bajo los cargos de abuso sexual calificado.
Intervienen en la causa Secretaría de la Niñez, Ministerio de Salud, el Ministerio de Género e Igualdad, la Comuna de Garibaldi, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad, entre otras dependencias.
Medida excepcional
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social, de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad señalaron a través de un comunicado que la niña y su madre “permanecían bajo el sistema de monitoreo y acompañamiento del Estado”. Además de gestionarles el turno, se les pagó un remis para que asistieran al mismo.
“En el marco legal correspondiente y con el consentimiento firmado por la madre y la niña, iba a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, derecho otorgado por la Ley Nacional 27.610”. Sin embargo esto se vio obstaculizado por la intervención de la asociación civil Grávida, que “antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido, y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado”.
Finalmente, desde la Secretaría se impulsó una medida de protección excepcional transitoria para “resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos”.
