La corrupción ha sido moneda corriente en la Universidad Nacional de Tucumán durante muchas décadas, al tiempo que se afianzaban sus vínculos con el radicalismo. Los recursos de la UNT, manejados por varios rectores de la UCR, sirvieron para alimentar muchas campañas electorales. Y el gran botín fueron los fondos mineros provenientes de YMAD.
El último 8 de abril, el gobierno nacional hizo oficial el desplazamiento del catamarqueño Fernando Jalil, hermano del gobernador de Catamarca, como presidente de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), empresa interestadual cuyos accionistas son la Provincia de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con un 40%.
Con esta designación, Fernando Jalil finalizó su periodo de cuatro años al frente de la empresa.
Sin embargo, días antes de su salida, el hermano del mandatario de Catamarca logró un adelanto de utilidades del balance 2022 a Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán por $3.000 millones, luego de que los directores ya aprobaron un anticipo por $2.500 millones de ese mismo balance.
Se robaron una Ciudad Universitaria
Desde la vecina provincia anticiparon que «tanto la Provincia como la UNT disponen a qué obras van a destinar los recursos», por lo que persiste la violación de la Ley 14.771 que indica que las regalías mineras deben destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, que ya declararon falsamente culminada el 2 de enero de 2008. Todo esto ocurre con complicidad de la Justicia Federal, a pocas semanas de la fecha establecida para el inicio del juicio que investigará el Robo de la Ciudad Universitaria -previsto para fines de abril- y significa más y más millones para el saabismo gobernante de la universidad.
La violación de la Ley 14.771 que indica que las regalías mineras deben destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, que ya declararon falsamente culminada el 2 de enero de 2008.
El artículo 18 de la Ley 14.771 de creación de YMAD reza que «las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances se distribuirán en la siguiente forma»:
- a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50% del total general, destinándose el 10% restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
- b) El cuarenta por ciento (40%) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
- c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%) se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado”.
El 27 de diciembre de 2007, el directorio de YMAD firmó a instancias de los directores tucumanos Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano –ya fallecido- el acta N°498 en la que se redactó de puño y letra el documento que firmó el por entonces rector Juan Alberto Cerisola el 2 de enero de 2008 (días después, en fechas atípicas para la vida universitaria) mediante el cual la UNT accedió a dar por “satisfecha la obligación de distribuir a favor de dicha universidad el porcentaje del cuarenta por ciento (40%) contemplado en el artículo 18, inciso b), de la Ley 14.771”, según publica El Tucumano.
La UNT desistió de recibir el 40% de las utilidades de YMAD declarando terminada la Ciudad Universitaria –que claramente no estaba y nunca estuvo terminada- sin ningún tipo de sustento legal y moral, y acordando así recibir la mitad de los fondos de la minería, pero pasando los mismos a ser de libre disponibilidad. Ya en aquel momento se acreditó a la UNT $36.000.000 (a Catamarca se otorgaron $54.000.000) «a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre».
Según precisa el artículo 6 de la Ley N° 14.771 (de creación de YMAD), “los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles”.
La actual conducción de la UNT ya reeligió a Domingo Marchese, el 8 de noviembre de 2022 -había sido designado originariamente en noviembre de 2018, durante el rectorado de José García-, por lo que en un par de meses, el Consejo Superior, presidido por el rector, Sergio Pagani, deberá votar si ratifica o si reemplaza a Roberto Toledo.
El mandato de Toledo arrancó el 23 de junio de 2020 y según publica El Tucumano, el funcionario reconoció que se falsificó la construcción de la Ciudad Universitaria, proceso que podría darse en pleno juicio contra el ex rector Juan Alberto Cerisola y contra los ex funcionarios de la UNT Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en el marco del manejo alrededor de $ 353 millones (unos U$S 85,5 millones, a cotización de 2010) en concepto de utilidades enviadas por YMAD entre 2006 y 2009, aunque sin investigar la falsificación de la Ciudad Universitaria que privó a los tucumanos de un campus ejemplar en San Javier.
Recién en 2014 el Consejo Superior de la UNT advirtió que Cerisola no tenía las atribuciones para tomar determinaciones sobre los bienes de la Universidad y declaró nula el acta del 2 de enero de 2008 que declaró culminada la Ciudad Universitaria. En junio de 2020, el diario La Gaceta informó que la Cámara de Apelaciones hizo lugar a un recurso presentado por la Casa de Altos Estudios y dispuso que el 50% del 40% que correspondía a la UNT hasta terminar el campus sea reservado y depositado a la orden del juzgado y colocado en plazos fijos «mientras dure la tramitación de la causa o hasta la terminación de la Ciudad Universitaria».
Con ese propósito, según indica la ley, la UNT siguió y sigue recibiendo millonarias regalías mineras, a pesar de los intentos de Catamarca de dejarla fuera y provincializar YMAD. Sin embargo, la UNT nada hizo para cumplir con la ley -que viola sistemáticamente- y lejos de avanzar en la construcción de la Ciudad Universitaria, proyecta un Museo de Sitio y la señalización de «sitios históricos» donde debía construirse «de acuerdo a los planos ya aprobados» el proyecto diseñado por el prestigioso equipo que lideraron los arquitectos Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco y Horacio Caminos.
Fernando Jalil, destacó a principios de marzo que «estos últimos años YMAD fue exitosa en sus operaciones y en todos los años hemos tenido utilidades para la compañía y en ese caso para la Provincia y para la Universidad de Tucumán. Estas utilidades que estamos por pagarles, tanto a la Provincia como a la UNT, son diferencias de utilidades del año 2022. Ya les dimos adelanto de utilidades por esos años en total por $2.500 millones».
«Se resolvió que podemos distribuir un adicional de $3.000 millones, por lo que en total se distribuyeron $5.500 millones correspondientes a ese año», explicó el director de YMAD que fuera designado por el gobierno de Alberto Fernández, quien detalló que tanto la Provincia como la UNT disponen a qué obras van a destinar los recursos. Actualmente, los directores que representan a la casa de Terán en YMAD son Domingo Marchese y Roberto Toledo.
Según precisa el artículo 6 de la Ley N° 14.771 (de creación de YMAD), “los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y serán reelegibles”.
La actual conducción de la UNT ya reeligió a Domingo Marchese, el 8 de noviembre de 2022 -había sido designado originariamente en noviembre de 2018, durante el rectorado de José García-, por lo que en un par de meses, el Consejo Superior, presidido por el rector, Sergio Pagani, deberá votar si ratifica o si reemplaza a Roberto Toledo.
El mandato de Toledo arrancó el 23 de junio de 2020 y según publica El Tucumano, el funcionario reconoció que se falsificó la construcción de la Ciudad Universitaria, proceso que podría darse en pleno juicio contra el ex rector Juan Alberto Cerisola y contra los ex funcionarios de la UNT Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en el marco del manejo alrededor de $ 353 millones (unos U$S 85,5 millones, a cotización de 2010) en concepto de utilidades enviadas por YMAD entre 2006 y 2009, aunque sin investigar la falsificación de la Ciudad Universitaria que privó a los tucumanos de un campus ejemplar en San Javier.
Fuente: Contexto Tucumán
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