La solicitud fue ante Anses y uno de sus impulsores, el legislador porteño Yamil Santoro, lo explicó en Cadena 3. "¿Cuál es el límite? ¿Matar, violar, golpear, robar?", expresó.
En un contexto marcado por la controversia sobre los beneficios económicos que reciben exfuncionarios y en medio del escándalo por la filtración de imágenes que involucra al ex presidente Alberto Fernández, se presentó un reclamo administrativo ante Anses que busca frenar la pensión vitalicia del anterior mandatario.
Este planteo se fundamenta en varios casos de supuesto ilícito, incluyendo el conocido como "Olivos Gate" (la reunión en Olivos cuando estaba prohibido por la pandemia) así como otros incidentes recientes que escandalizaron a la opinión pública.
Yamil Santoro, legislador porteño y presidente de la fundación Apolo, impulsa este pedido y lo fundamentó en Cadena 3: "Lo que nosotros contamos en el planteo son solo algunos de los casos que muchos hemos denunciado, como el caso del Olivos Gate o el vacunatorio VIP".
Además, se refirió a la percepción de la ciudadanía sobre la carga fiscal que representan estos beneficios: "¿Cuál es el límite? ¿Matar, violar, golpear o robar? No hay consecuencias de defraudar al Estado".
En cuanto a la cuantía de la pensión, se mencionó que "estamos hablando de poco más de 7 millones de pesos", un monto que, según el denunciante, resulta "irritante" para los ciudadanos que deben trabajar arduamente para ganarse la vida. "Me parece que es un tema a corregir", expresó, añadiendo que "hay gente cobrando 2, 5, 10, 7, 12 millones de pesos sin merecerlo".
El procedimiento legal se encuentra en sus primeras etapas, y se espera una respuesta de ANSES. Si esta es negativa o si se configura el silencio administrativo, los denunciantes están preparados para llevar el caso a instancias judiciales.
“Son requisitos para recibir la pensión haber desempeñado el cargo de manera idónea, efectiva, eficiente y fundamentalmente con integridad moral y entendemos que esto último por sobre todo lo anterior no ha sido cumplido”, aseguró.
"Estamos dispuestos a ir a la Justicia y llevar este tema hasta la última instancia judicial", afirmó.
Además, Santoro destacó la necesidad de una reforma legislativa que establezca criterios claros sobre la revocación de beneficios, con el fin de evitar futuras situaciones similares. "Sería un buen avance para la Argentina saber cuándo le dejamos de pagar a un delincuente", concluyó.
