Una nueva controversia administrativa y política sacude la tranquilidad del Senado de la Nación. La senadora por Tierra del Fuego, Cándida López (Unión por la Patria), presentó una denuncia penal contra las autoridades de la Cámara, presidida por Victoria Villarruel, luego de que se le impidiera el acceso a su despacho mediante el cambio de cerraduras y la colocación de fajas de clausura en la puerta.

La disputa por el espacio: tradición vs. reglamento

El conflicto se originó en torno a la posesión de una oficina que, según relata la legisladora, históricamente ha pertenecido a los representantes de su provincia. López, quien asumió su banca en reemplazo del fallecido senador Matías Rodríguez y recientemente renovó su mandato por seis años más, argumenta que ya se encontraba instalada y trabajando en el lugar.

Según la versión de la senadora, existía un acuerdo de palabra y una tradición de "usos y costumbres" legislativos. El despacho había sido ocupado momentáneamente por el senador salteño Sergio Leavy tras el fallecimiento de Rodríguez, pero con el compromiso de devolverlo a la representación fueguina al finalizar su periodo. "Yo venía ya ocupando este despacho, tengo mis cosas acá y venía laburando las últimas semanas", sostuvo López.

La respuesta de las autoridades

La situación escaló cuando la senadora se encontró con la oficina inhabilitada. Una foto difundida muestra la puerta con una faja oficial y la indicación de dirigirse a la Presidencia de la Cámara para solicitar la llave. Desde el entorno de Victoria Villarruel, la postura es diametralmente opuesta a la de los legisladores opositores.

• El argumento oficial: La administración de Villarruel sostiene que los despachos no son propiedad de los senadores ni se heredan por acuerdos entre ellos.
• La medida: La Presidencia de la Cámara se reserva el derecho exclusivo de la distribución física de los espacios de trabajo, desconociendo los pactos informales previos.
• La acusación: Consideran que la senadora se "autoadjudicó" el espacio sin la validación administrativa correspondiente en esta nueva etapa de gestión.

Este episodio, que podría parecer una anécdota burocrática menor, adquiere gravedad institucional al derivar en una denuncia penal. La senadora acusa a las autoridades de abuso de autoridad y de impedir el ejercicio de sus funciones legislativas, calificando el hecho como un atropello inédito en la dinámica parlamentaria.

El cruce expone, una vez más, la tensión entre las formas tradicionales de la política parlamentaria y la impronta de la actual gestión, decidida a revisar y modificar las prácticas habituales del Palacio, incluso en cuestiones logísticas como la asignación de oficinas.