El máximo tribunal desestimó el pedido de prescripción presentado por la defensa del comandante Juan López Torales. Doce años después del emblemático episodio en la Panamericana, enfrentará cargos por privación ilegítima de la libertad.
Lectura exprés
- ¿Qué resolvió la Justicia?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de prescripción y dejó firme la elevación a juicio oral del comandante Juan López Torales. - ¿Quién es el principal imputado?
El comandante de Gendarmería Nacional Juan López Torales, popularmente conocido como el "gendarme carancho". - ¿Cuándo y dónde ocurrieron los hechos?
El 1° de julio de 2014 sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Tigre. - ¿Cómo se produjo el hecho investigado?
Durante un corte parcial de trabajadores de la autopartista Lear, el efectivo se lanzó deliberadamente sobre el capó de un vehículo en marcha lenta para fingir que había sido embestido. - ¿Qué delitos se le imputan?
Privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia en concurso real con falso testimonio. - ¿Quién fue la víctima directa de la maniobra?
Cristian Romero, el conductor del automóvil particular que fue violentamente detenido y posteriormente demandó al Estado por daños y perjuicios. - ¿Quiénes firmaron la resolución definitiva?
Los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti al desestimar el planteo defensivo por inadmisible.
Un fallo histórico tras doce años de dilaciones judiciales
La Corte Suprema de Justicia de la Nación clausuró de manera definitiva los intentos de la defensa por archivar la causa y ratificó que el comandante de Gendarmería Nacional Juan López Torales deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público. La resolución fue rubricada de forma unánime por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso extraordinario interpuesto para declarar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo.
Con este pronunciamiento, el máximo tribunal del país ratificó lo dispuesto en instancias previas por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín y la Cámara Federal de Casación Penal, organismos que ya habían denegado la prescripción solicitada por la defensa técnica del gendarme. De esta forma, queda expedito el camino para que el proceso ingrese en su etapa definitoria de debate oral, poniendo bajo la lupa una de las actuaciones de las fuerzas de seguridad más cuestionadas y registradas en video de la última década en Argentina.
La reconstrucción del operativo del 1° de julio de 2014
El origen del expediente judicial se remonta al mediodía del 1° de julio de 2014, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo disputada en Brasil. En aquel entonces, operarios despedidos de la firma autopartista Lear, junto a organizaciones sociales y gremiales de izquierda, llevaban adelante jornadas de protesta sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre.
Para sortear la estricta prohibición impuesta por el Ministerio de Seguridad de realizar cortes totales de calzada, los manifestantes recurrían a una modalidad de protesta vehicular conocida como "caravana a paso de hombre": circulaban a velocidad reducida por los carriles rápidos y centrales, generando demoras en el flujo vehicular sin detener la marcha por completo.
En el marco de ese despliegue de contención, coordinado en el territorio bajo la conducción política del entonces secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el comandante Juan López Torales cruzó la traza de la autopista y se abalanzó intencionalmente sobre el capó y el parabrisas de un vehículo Chevrolet Corsa que avanzaba despacio. La violencia del impacto autoinfligido quebró el cristal delantero del rodado, mientras el uniformado caía al suelo simulando un atropellamiento de gravedad.
La violenta detención y el testimonio bajo sospecha
Inmediatamente después de la teatralizada colisión, un grupo de efectivos de Gendarmería rodeó el automóvil conducido por Cristian Romero. Los registros fílmicos obtenidos por cronistas y camarógrafos de televisión apostados en la zona registraron con total nitidez la secuencia completa:
- Los uniformados destrozaron los cristales laterales del vehículo utilizando bastones y elementos contundentes.
- El conductor fue arrastrado por la fuerza hacia el asfalto, inmovilizado con violencia desmedida y reducido boca abajo contra el piso.
- Romero fue esposado y trasladado en calidad de detenido, imputado inicialmente por atentado y resistencia a la autoridad y lesiones graves contra el personal de la fuerza federal.
Pocas horas después, el propio López Torales prestó declaración formal como testigo y damnificado ante las autoridades competentes, asegurando haber sido embestido deliberadamente por el conductor mientras intentaba ordenar el tránsito vehicular. Sin embargo, la posterior pericia audiovisual de los registros periodísticos desmintió categóricamente su versión testimonial, revelando que el oficial corrió hacia el auto y saltó con sus codos sobre el capot para forzar el incidente.
El camino judicial impulsado por la jueza Sandra Arroyo Salgado
El análisis minucioso de las grabaciones provocó un giro radical en el expediente penal. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, asumió la instrucción de la causa y en mayo de 2016 dictó el procesamiento formal de López Torales, decisión que más tarde fue ratificada íntegramente por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
El cuadro de imputaciones que pesa sobre el comandante incluye dos figuras penales de máxima gravedad:
- Privación ilegítima de la libertad agravada: por haberse ejecutado mediante el abuso funcional, con uso de violencia física indebida y sin orden judicial legítima que sustentara el arresto de Romero.
- Falso testimonio agravado: por haber mentido en su declaración testimonial formal para inculpar penalmente a un ciudadano inocente y ocultar su propia conducta.
En paralelo, la investigación judicial incorporó la actuación del coronel retirado Roberto Galeano, quien se encontraba en el lugar de los hechos vestido de civil y fue señalado por los trabajadores como un presunto agente infiltrado encargado de coordinar directivas operativas durante las protestas de Lear.
Consecuencias institucionales y reparación de daños
El caso sentó un precedente de enorme trascendencia respecto a la responsabilidad civil y penal de los miembros de las fuerzas de seguridad pública en tareas de control de manifestaciones callejeras. La víctima directa del hecho, Cristian Romero, inició una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Nacional y los responsables del operativo, denunciando secuelas físicas, psicológicas y la privación abusiva de sus derechos fundamentales.
A lo largo de más de una década, los sucesivos recursos de apelación y quejas defensivas buscaron la prescripción de la causa amparándose en la garantía del plazo razonable. No obstante, los tribunales federales y finalmente la Corte Suprema de Justicia concluyeron que la gravedad institucional de los delitos atribuidos a un funcionario público en ejercicio de su cargo impide extinguir la acción penal sin la realización del juicio oral.
El debate oral y público que llevará adelante el Tribunal Oral Federal N° 5 determinará la graduación de la pena para el comandante y pondrá punto final a uno de los expedientes más representativos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco de la conflictividad social en el país.
