Una joven de 25 años denunció haber sido engañada con una falsa propuesta laboral, resultando inscrita ilegalmente como titular de millonarias operaciones comerciales ficticias vinculadas a evasión impositiva masiva.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
Una joven denunció haber sido víctima de una maniobra fraudulenta donde usaron sus datos biométricos para crear una empresa fantasma. - ¿Quiénes son los protagonistas?
Wanda, de 25 años, captada a los 18 años por falsos reclutadores laborales con nexos en maniobras empresariales ilícitas. - ¿Cuándo ocurrió?
La captación comenzó en plena pandemia y el conflicto judicial y tributario persiste con reclamos hasta el presente año. - ¿Dónde fue?
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con actuaciones judiciales radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py. - ¿Cómo se produjo?
Mediante una supuesta entrevista de trabajo donde le hicieron registrar sus datos y validación facial ante el organismo tributario. - ¿Por qué es importante?
Alerta sobre redes organizadas que usan personas vulnerables como prestanombres para desviar responsabilidades fiscales millonarias. - ¿Qué consecuencias/investigación hay?
La víctima acumula embargos e inhabilitaciones financieras mientras la justicia federal investiga un esquema con al menos 80 damnificados.
El calvario de Wanda comenzó cuando apenas tenía 18 años y buscaba desesperadamente su primera oportunidad laboral independiente. En un contexto atravesado por la pandemia de coronavirus y con la urgencia económica a cuestas, recurrió a las redes sociales para postularse a distintas ofertas laborales. Fue entonces cuando un usuario que se identificó como intermediario le ofreció una entrevista para ocupar un puesto administrativo de secretaria en una supuesta empresa distribuidora de bebidas y comestibles.
Lejos de una entrevista corporativa formal, el encuentro se concretó en un departamento que presentaba un aspecto completamente despojado de equipamiento de oficina habitual, contando únicamente con una mesa y un par de sillas. Bajo el argumento de realizar los trámites pertinentes para formalizar su alta laboral y ponerla en relación de dependencia en blanco, el supuesto contratante le solicitó su documento nacional de identidad y la colocó frente a un dispositivo móvil para realizar una validación biométrica facial. En ese instante, y sin su pleno conocimiento, se estaba configurando el acceso directo a la plataforma fiscal oficial para asociar su nombre a responsabilidades comerciales inexistentes.
El modus operandi: validación biométrica y captación
El mecanismo utilizado por la organización delictiva combinó manipulación psicológica, abuso de vulnerabilidad y aprovechamiento de los mecanismos digitales de registración. Durante el encuentro inicial se sucedieron situaciones intimidatorias y de hostigamiento, seguidas por instrucciones confusas sobre supuestas tareas de campo que nunca llegaron a concretarse de manera regular. La víctima no sólo fue privada de percibir remuneración laboral legítima, sino que quedó atrapada en una red tejida para deslindar responsabilidades legales y tributarias complejas.
Con el paso del tiempo, lo que parecía haber sido una mala experiencia laboral truncada derivó en una pesadilla de dimensiones institucionales. Wanda descubrió que figuraba inscripta como titular de actividades comerciales a gran escala, registrando giros económicos descomunales que le resultaban absolutamente ajenos. Los registros oficiales la situaban al frente de transacciones mercantiles y movimientos mayoristas que generaban deudas acumuladas por conceptos impositivos impagos que superan los 1.000 millones de pesos frente al organismo recaudador.
Consecuencias financieras y civiles: la muerte civil económica
Las secuelas de figurar como deudora de semejante magnitud paralizaron por completo el desarrollo de su vida adulta y familiar. A sus 25 años y con la responsabilidad de criar a un hijo pequeño, la damnificada enfrenta una situación técnica de bloqueo total en el sistema formal de la economía:
- Bloqueo de cuentas bancarias y billeteras virtuales: imposibilidad de mantener fondos depositados en plataformas financieras como Mercado Pago o entidades bancarias tradicionales sin sufrir débitos o retenciones directas.
- Inhabilitación crediticia y registral: prohibición de registrar vehículos, acceder a créditos hipotecarios o calificar para contratos formales de alquiler o empleo formal en blanco.
- Acoso administrativo constante: intimaciones fiscales sistemáticas emitidas por los juzgados de ejecución y el fisco nacional dirigidas a su domicilio particular.
En el testimonio brindado por la damnificada, se remarca la soledad con la que las personas en esta situación deben enfrentar al aparato burocrático del Estado. Frente al fisco, la persona física cuyo rostro y documento figuran en el registro es considerada la responsable directa de la evasión o de la omisión de aportes patronales e impositivos, obligándola a aportar pruebas casi imposibles de costear para desarticular la titularidad fraudulenta.
Una causa en Comodoro Py con decenas de víctimas
Tras acudir a asesoramiento letrado y comparecer ante los tribunales federales de Comodoro Py, la causa comenzó a revelar un entramado significativamente más amplio. De acuerdo con las declaraciones y testimonios incorporados en las denuncias preliminares, el caso de Wanda no representa un hecho aislado, sino que formaría parte de una matriz sistemática de usina de facturas y empresas intermediarias utilizadas para simular operaciones o canalizar desvíos de firmas de mayor envergadura.
Se estima que existirían alrededor de 80 personas en situaciones análogas: jóvenes captados bajo idénticos pretextos laborales en áreas del conurbano y Capital Federal cuyos datos de identidad fueron usurpados para crear personerías y figuras comerciales fantasmas. Si bien la joven aportó su testimonio en sede judicial en el año 2023 con la expectativa de obtener un desestimiento fiscal y una rectificación de su estado ante la AFIP, hasta mediados de 2026 las respuestas institucionales de fondo no se han concretado, manteniendo los embargos y las intimaciones plenamente vigentes.
La urgencia de actualizar los protocolos de seguridad institucional
Este hecho pone de manifiesto la imperiosa necesidad de revisar los procesos de delegación de facultades y apoderamientos comerciales a través de sistemas de reconocimiento biométrico simplificados en teléfonos móviles. Especialistas en derecho informático y tributario vienen señalando que la verificación de antecedentes patrimoniales y la capacidad contributiva real deberían ser cotejadas de manera automática por el fisco antes de permitir que una persona joven, sin ingresos previos registrados ni historial financiero, sea dada de alta súbitamente con categorías impositivas millonarias.
Mientras la causa penal continúa su curso en la justicia federal a la espera de peritajes sobre las conexiones societarias y los verdaderos beneficiarios económicos de las maniobras, la exigencia central radica en una resolución administrativa urgente que libere a las víctimas del ahogo financiero y repare las consecuencias de una trampa montada sobre la necesidad de empleo.
