El economista Gustavo "Lacha" Lazzari alertó sobre la proliferación de tasas viales en comunas del país, advirtiendo una peligrosa fragmentación fiscal que encarece el transporte y asfixia a la producción regional
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
El economista Gustavo "Lacha" Lazzari denunció el cobro abusivo de tasas viales y peajes encubiertos en diversos distritos del país. - ¿Quiénes son los protagonistas?
El economista Lacha Lazzari junto a intendencias locales y empresas privadas concesionarias. - ¿Cuándo ocurrió?
Durante septiembre de 2026, en el marco del debate sobre la presión tributaria en Argentina. - ¿Dónde fue?
Con foco en municipios bonaerenses y santafesinos como Ramallo, San Pedro, San Nicolás, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín. - ¿Cómo se produjo?
Mediante la fijación de cánones obligatorios por transitar trayectos de apenas cinco kilómetros en jurisdicciones comunales. - ¿Por qué es importante?
Porque representa una aduana interna inconstitucional que encarece la logística de la producción y la canasta básica. - ¿Qué consecuencias o reclamos existen?
Transportistas y sectores productivos exigen frenar estos tributos y avanzar en una verdadera competencia fiscal a la baja.
La proliferación de gravámenes locales sobre la circulación vehicular volvió a situarse en el centro del debate económico nacional tras una categórica advertencia planteada por el economista y empresario Gustavo "Lacha" Lazzari. A través de un análisis directo sobre la coyuntura del transporte y la estructura impositiva argentina, el especialista cuestionó la tendencia de decenas de municipios que implementan tasas de paso, cánones de mantenimiento o derechos de tránsito que operan en los hechos como auténticas aduanas interiores.
De acuerdo con la exposición del economista, el mapa administrativo compuesto por 2.200 municipios y 24 jurisdicciones provinciales corre el riesgo inminente de caer en un esquema de fragmentación o "balcanización tributaria". Lazzari remarcó que cualquier intento de competencia fiscal genuina debe orientarse hacia la baja de costos y la simplificación administrativa, nunca hacia una carrera por ver qué administración inventa nuevas cargas sobre los ciudadanos y el sector productivo.
El caso de Ramallo y los costos sobre el transporte
Uno de los ejemplos más contundentes señalados en el análisis involucra al partido bonaerense de Ramallo, un nodo estratégico de la actividad industrial y agropecuaria. En dicho distrito se impulsó el cobro de una tarifa cercana a los $37.000 pesos para vehículos pesados por recorrer un tramo de apenas 5 kilómetros dentro de la traza municipal, bajo el concepto formal de circular por territorio comunal.
Este tipo de imposiciones impacta de lleno en la logística de abastecimiento y la competitividad exportadora. Para un transportista o productor que debe transitar de manera periódica por la zona, el costo acumulado distorsiona cualquier ecuación operativa:
- Frecuencia reiterada: Diez pasos mensuales por el mismo tramo comunal representan erogaciones superiores a los $370.000 pesos sólo en concepto de tasa local.
- Desproporción del costo: El gasto anual proyectado por circular un trayecto mínimo equivale al valor de amortización o compra de maquinaria de apoyo y grúas de remolque.
- Efecto acumulativo: La réplica de este esquema en comunas vecinas multiplica las tarifas a lo largo del corredor agroindustrial.
La articulación público-privada bajo la lupa
Otro de los ejes centrales de la crítica apuntó a los modelos de tercerización en los que las intendencias delegan la recaudación y el control vial en firmas particulares. En estos acuerdos, según advirtió Lazzari, se apela a contraprestaciones básicas como demarcación de calzada, cartelería, corte de pasto o auxilio mecánico para justificar montos desmedidos que no guardan relación con la obra realizada.
Recurriendo a las bases de la economía clásica de Adam Smith expuestas en 1776, se recordó la histórica advertencia sobre las asociaciones entre funcionarios públicos e intereses privados cuando se articulan privilegios a espaldas del interés común. Lejos de garantizar mejoras infraestructurales sustanciales, estos convenios suelen convertirse en mecanismos de extracción de renta que encarecen el flete y terminan trasladándose al precio final de las mercancías.
Un cordón portuario y productivo en jaque
La situación de Ramallo dista de ser un hecho aislado. La problemática se extiende por corredores neurálgicos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, afectando arterias clave de la hidrovía y del cordón agroexportador argentino:
- Corredor bonaerense norte: Jurisdicciones como San Pedro y San Nicolás, donde confluyen accesos a parques fabriles y vías de comunicación troncales.
- Polo santafesino: Localidades estratégicas como San Lorenzo, Timbúes, Puerto General San Martín, Villa Constitución, General Lagos y Alvear.
En todas estas áreas se repiten esquemas tributarios que gravan el rodaje y el ingreso a terminales bajo nombres diversos. Especialistas en derecho constitucional y tributario han advertido reiteradamente sobre la ilicitud de estas tasas que vulneran la libre circulación garantizada por la Constitución Nacional, carecen de una contraprestación de servicio real o proporcional y erosionan la rentabilidad del entramado federal de pequeñas y medianas empresas.
