La bajada de impuestos está encima de la mesa. El Gobierno reconoce que está abierto a "revisar a la baja la fiscalidad" de los productos más afectados por las elevadas tasas de inflación, entre ellos los carburantes, como parte del paquete de medidas que prepara para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania.
Así lo ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha declinado entrar al detalle de qué sectores y productos pueden ser objeto de esta bajada de impuestos porque el propósito del Ejecutivo es consensuarlo primero con agentes sociales y formaciones políticas. "Vamos a estudiar un paquete de medidas, algunas de ellas pasarán por revisar a la baja la fiscalidad de algunos sectores o productos que estén claramente impactados por el incremento de la inflación (...) Con eso avanzo bastante respecto a la actitud del Gobierno", ha respondido a la pregunta de si la de los carburantes será una de las categorías donde se aplique esa rebaja de impuestos.
Leyendo entre líneas, el Ejecutivo ha abierto la puerta a una rebaja del IVA de los hidrocarburos del 21% -tipo máximo- al 10%. De esta manera, recoge La Razón, se reduciría la presión a particulares y profesionales, que ahora pagan 1,85 euros por litro de gasóleo y y 1,89 euros por la gasolina. Y es que, la carga de impuestos por cada litro de combustible es de un 47% en la gasolina y de un 43% en el gasóleo.
Países, como Francia, ya han anunciado una rebaja de 15 céntimos sin tocar los impuestos. Portugal, por su parte, revisa semanalmente el impuesto que grava los combustibles para ajustarlo, mientras que Polonia rebajó el IVA del 23% al 8% incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania.
No hay que olvidar tampoco que tanto la gasolina como el gasóleo se gravan con el Impuesto Especial de Hidrocarburos, en vigor desde 2019. Está compuesto de un tramo general y de un tramo especial. El primero, asciende a 400,69 euros por cada 1.000 litros de gasolina y a los 307 euros por cada 1.000 litros de diésel. A esto hay que sumar también el tramo especial, que asciende hasta los 72 euros por cada 1.000 litros de combustible, tanto para la gasolina como para el diésel.
Así las cosas, la idea de bajar estos impuestos también ha sido reclamada este lunes por el Círculo de Empresarios. Su presidente, Manual Pérez-Sala, ha señalado que "parece prudente" revisar la fiscalidad de los productos energéticos para que la subida en origen de los costes no tenga un efecto "multiplicador" en la recaudación vía impuestos. El Círculo pide además contener el gasto.
"El Gobierno debe plantear una solución", ha reclamado Pérez-Sala que ha señalado al IVA y otros impuestos que gravan los carburantes para transporte. "Hay que hacer reformas en esa línea para no soportar ese efecto multiplicador en impuestos", ha añadido Pérez-Sala, que ha reclamado también una revisión en profundidad del sistema marginalista que fija los precios en el mercado eléctrico mayorista.
Rechaza gravar a las eléctricas
Preguntada por la recomendación realizada este lunes por parte del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, sobre que los países europeos deberían subir los impuestos a las empresas eléctricas y destinar parte de esos ingresos a amortiguar el encarecimiento energético, Montero señaló que "lo que quiere trasladar es que tenemos que ser capaces de gravar los beneficios que no tienen ningún tipo de justificación para repercutirlos en los consumidores, ya sean domésticos o industriales".
Así, la ministra recordó que el Ejecutivo ya ha tomado medidas para "topar los llamados beneficios caídos del cielo de forma que no se produzca un aprovechamiento a algunas energías de lo que significa el coste marginal" y que "hay diferentes formas de abordar esos beneficios, bien por una vía directa fiscal o bien por la vía de la regulación, que es la que ha elegido el gobierno de España, y en esa línea seguiremos profundizando".
Montero ha explicado que el Ejecutivo también trabaja de forma paralela en hacer cambios en la regulación energética ante el fuerte encarecimiento de la electricidad, y ha destacado que la decisión que adopte el Consejo Europeo tras su reunión del 24 y 25 de marzo sobre la regulación del gas será trascendental. En este sentido, ha apuntado que el Gobierno iniciará además "una ronda de conversaciones con los partidos" para conocer su opinión sobre la regulación energética, antes que los cambios pasen por el Congreso
