La Procuración porteña presentó un escrito ante el máximo tribunal en el que remarcó que las clases son un “pilar de la inclusión”.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ratificó este jueves su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para no suspender las clases presenciales en el marco de las nuevas restricciones contra la segunda ola del coronavirus, que estableció el presidente Alberto Fernández a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Así lo planteó Diego Sebastián Farjat, abogado de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un escrito que le presentó al máximo tribunal de Justicia.
"Las clases presenciales son uno de los pilares clave que hacen a la inclusión: las escuelas cerradas generan y aumentan la deserción escolar", remarcó el gobierno porteño.
En el mismo escrito apuntan contra el gobierno nacional por "la falta de coordinación en la articulación de una medida tan importante como es suspender la presencialidad en las escuelas" y advierten sobre la "arbitrariedad del decreto" de Alberto Fernández.
En sus argumentos para reclamar que se mantengan las aulas abiertas, la Procuración porteña indicó que "si bien la educación en la modalidad remota produjo una significativa participación de los alumnos, a medida que avanza el segundo año de la pandemia conocida como COVID-19, resulta fundamental valorar los esfuerzos para regresar a la educación presencial en las mejores condiciones posibles de seguridad en todas las escuelas".
"Es que la forzada digitalización de la enseñanza se ha convertido en una alternativa durante el período de confinamiento vivido a lo largo del 2020, pero también se convirtió en muchos casos en la primera barrera para el acceso a ella", agregaron.
Incluso, aseguran que los informes que entregó el Gobierno nacional para justificar la suspensión de las clases presenciales "en ningún caso presentan información relacionada concretamente con la situación epidemiológica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, consideraron que dichos escritos son "insuficientes a la hora de adoptar una decisión relativa al ámbito de ésta".
"Las clases presenciales no sólo tienen un fin respecto a entregar una adecuada enseñanza para el logro de los aprendizajes, sino que también permiten el desarrollo socioemocional de los niños", subrayaron.
Y completaron: "En igual sentido, se destaca que la experiencia reciente evidencia que con los cuidados necesarios y cumpliendo pautas claras, las escuelas de la Ciudad son espacios seguros para que los/as chicos/as y sus docentes puedan continuar asistiendo a las escuelas".
La presentación del Gobierno nacional
El pasado lunes, el Gobierno nacional presentó ante la Corte los argumentos que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso, entre otras medidas, la suspensión de la presencialidad en las clases por 15 días (hasta fines de abril) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La presentación del Ejecutivo fue realizada a la medianoche, cuando vencía el plazo de cinco días para presentar la fundamentación, por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
Entre las principales razones esgrimidas en la presentación, el Gobierno indicó que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus, en el marco de la segunda ola que atraviesa el país.
También se detalla que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país.
Por otra parte, se advierte que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad.
"El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública", sostiene el texto.
Asimismo, rechaza el argumento esgrimido por el Gobierno porteño de que "la educación en forma virtual no resulte adecuada y suficiente para la actual situación epidemiológica", y que "la educación virtual traiga aparejados gravísimos perjuicios en niños y adolescentes en su evolución psicológica, interpersonal y social".
También descarta que "la presencialidad escolar tenga una incidencia mínima en la propagación del COVID-19".
Por otra parte, el Gobierno rechaza que el decreto "haya sido dictado a los fines de cambiar el centro de la atención pública y que pueda considerarse un fracaso del Gobierno nacional su plan de adquisición de vacunas contra el virus SARS-COV-2 (Covid-19)", tal como argumentó el gobierno porteño.
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