El plan de pago tendrá una tasa mas baja que la inflación.
Mientras la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le informaba a la justicia penal que retiraba su acusación contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, los empresarios patagónicos dieron otro paso en los tribunales comerciales. Comunicaron que consolidaron su deuda fiscal con dos planes de pagos que suman más de $12.700 millones y que deberán devolver durante los próximos años, con una tasa de interés fijada por debajo de la inflación.
López y De Sousa detallaron que el primero de los planes de pago -basado en la moratoria que impulsó el gobierno de Alberto Fernández y que por primera vez incluyó a empresas quebradas y el impuesto a la transferencia a los combustibles-, superará los $12.000 millones y será a ocho años. El segundo plan, en tanto, ascenderá a $628 millones, a pagar durante cuatro años.
El informe lo presentó el abogado de la petrolera Oil Combustibles, Eduardo Favier Dubois, quien precisó que ambos planes se consolidaron “en tiempo y forma”, en base al “régimen de facilidades dispuesto a través de la ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública”.
Fabier Dubois detalló que el primer plan de pagos, identificado con el código P248907, abarcó su “deuda de impuestos, contribuciones de Seguridad Social, Autónomos y Monotributo” por un total de $12.055.278.292,52 a pagar en 97 cuotas que comenzarán a contarse el mes próximo, tras abonar $ 482,2 millones como “anticipo”.
Esas cuotas, detalló el letrado de López y De Sousa, quedarán sujetas a una tasa de interés del 2,84% mensual, en momentos en que la inflación interanual oscila entre el 45 y 50 por ciento, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y de consultoras privadas.
Fabier Dubois también precisó que el segundo plan, identificado como P244775, abarcó deudas en “aportes de Seguridad Social, Retenciones y Percepciones Impositivas y RNSS”, por un total de $628.582.546,27 a pagar en 49 cuotas, desde el mes próximo, también con una tasa de interés del 2,84% mensual, tras haber pagado $25,1 millones como anticipo.
Para la oposición, López y De Sousa se beneficiaron del “traje a medida” que implicó la moratoria que impulsó el Presidente, quien antes de llegar a la Casa Rosada se desempeñó como abogado del Grupo Indalo e intercedió por ellos en los tribunales federales de Comodoro Py.
Para López y De Sousa, sin embargo, la consolidación de sus deudas fiscales es consecuencia de otros logros que cosecharon en las últimas semanas. Primero obtuvieron el visto bueno de la AFIP a su pedido de acogerse a la moratoria, luego llegó el “avenimiento” del organismo para levantar la quiebra de Oil Combustibles y, por último, se beneficiaron con el levantamiento de los cargos penales y el reclamo civil que impulsaba la AFIP.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, planteó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al comunicarle al Tribunal Oral Federal que se retiraba del juicio oral.
López y De Sousa sostienen junto a su abogado penalista, Carlos Beraldi –quien también defiende a Cristina Fernández de Kirchner- que ese hostigamiento lo encabezó el entonces presidente Mauricio Macri, al que denunciaron junto a su “mesa judicial”, investigación que quedó en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan.
La causa penal
Tras el desistimiento de la AFIP, el Tribunal Oral Federal N° 3 debe continuar adelante con el juicio contra López, De Sousa y Echegaray, aunque resta definir si el fiscal Juan Patricio García Elorrio mantendrá los cargos contra Echegaray por su presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado y contra López y De Sousa como sus presuntos partícipes.
Según informaron desde la AFIP, Marcó del Pont ordenó abrirse del juicio oral basada en “evidencia interna”, que incluyó auditorías y sumarios disciplinarios. También invocó material externo, como denuncias administrativas, requerimientos judiciales y una denuncia de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que citó de manera textual.
La decisión de la AFIP contrasta con la posición de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, donde tramitó el expediente del concurso, quiebra y avenimiento de Oil Combustibles, y que definió el proceder de López y De Sousa como “ruinoso” y “fraudulento”, posición que en ese fuero compartió el organismo tributario.
Con los votos de Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan Garibotto, la Cámara en lo Comercial remarcó a finales de 2020 que López y De Sousa pretendieron esconder lo que realmente ocurría en los balances contables de Oil, petrolera a la que recurrieron para inyectarle recursos al resto del holding durante años.
Ese fallo de la Cámara trabó el intento de López y De Sousa por llegar a la Corte Suprema con la esperanza de que el máximo tribunal sostuviera que el colapso de Oil ocurrió en 2016 por culpa del gobierno de Cambiemos, en vez de en junio de 2011. Pero para los camaristas, esa interpretación era “capciosa y falaz”, mientras que para la AFIP resultaba “pueril”, posición oficial que ahora soslayó.
