La AFIP desplazó a 40 funcionarios que investigaron a Cristina y a Báez

Por distintos mecanismos los degradaron o los marginaron, incluso con afectación de sus salarios; también habían investigado a Cristóbal López y a Echegaray; varios de ellos ya iniciaron impugnaciones administrativas.

Al menos cuarenta funcionarios y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fueron desplazados de sus cargos, reasignados a funciones menores o, incluso, humillados. ¿Motivo? Haber investigado a la familia Kirchner, al holding de Cristóbal López, a Lázaro Báez o al ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, y en ciertos casos haber testificado sobre ellos ante la Justicia, según confirmaron a LA NACION seis fuentes al tanto de lo ocurrido durante el último año.

Las represalias abarcaron a personal de la AFIP en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata, Bahía Blanca, Mercedes, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. A algunos les asignaron tareas administrativas. Otros ni siquiera cuentan con computadora o escritorio asignado. Pero todos cumplen una función: sirven de mensaje disuasorio para los restantes empleados del organismo.

Las represalias llegaron a extremos humillantes. Ese fue el caso de Jaime Mecikovsky, quien ocupó uno de los cargos más altos y sensibles dentro de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Como subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior lideró las investigaciones sobre los Kirchner y Báez. Lo enviaron al área de “almacenes”, donde los históricos no recuerdan que un funcionario de tan alto rango haya jamás sido enviado allí, según reconstruyó LA NACION.

Pero la ofensiva fue más allá de Mecikovsky. Alcanzó a contadores, abogados, auditores y hasta un informático. Y en repetidas ocasiones, las represalias conllevaron un descenso escalafonario –con la consiguiente merma salarial-, hasta ubicarlos en el nivel más bajo del convenio laboral. Es decir, como analistas, el rango con que se suele ingresar al organismo.

LA NACION consultó al círculo íntimo de la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, con precisiones sobre los desplazamientos, aunque veinticuatro horas después de recibir la consulta, declinaron hacer comentarios. Pero la posición oficial del organismo es conocida: sostiene que hubo un “lawfare” administrativo en contra de la familia Kirchner y figuras representantivas de ese espacio durante la presidencia de Mauricio Macri y que un “grupo de tareas” llevó adelante un “hostigamiento fiscal” contra un grupo de personas y empresas (de lo que se informa por separado).

Los funcionarios y empleados desplazados, sin embargo, comenzaron a reaccionar. Algunos presentaron impugnaciones administrativas a sus traslados, su descenso en el escalafón o sus bajas calificaciones por desempeño, medidas que conllevaron mermas salariales, según verificó LA NACION. Pero fueron rechazados o, incluso, ni siquiera resueltos. También derivó en al menos una presentación judicial, que tramita en los Juzgados Federales con asiento en La Plata.

En el extremo patagónico

En la Patagonia, la purga incluyó a toda la línea que acató la orden que emitió la Justicia Federal de Río Gallegos en 2017. Dispuso que la AFIP analizara las declaraciones tributarias de Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Esa orden provocó una revisión que, a mediados de 2019, derivó en una determinación de impuestos por $ 8 millones.

Con el arribo de Alberto Fernández a la Casa Rosada y Cristina Fernández al poder, llegó la represalia. Terminaron apartados y con sumarios el funcionario a cargo de la delegación Comodoro Rivadavia (y, por tanto, encargado de la fiscalización a los Kirchner), el funcionario que firmó el acto administrativo determinando esa deuda tributaria, la funcionaria que suscribió el dictamen jurídico que refrendó ese acto administrativo y hasta la funcionaria a cargo de impulsar el cobro ejecutivo de los $ 8 millones adeudados.

No solo eso. La purga también alcanzó a los auditores que evaluaron si el procedimiento había sido correcto o se había registrado un “hostigamiento fiscal” contra la familia Kirchner. Pero fueron desplazados, con merma salarial, tras negarse a firmar las conclusiones del informe final OCV 11-2020, del jueves 25 de junio de 2020, “ajustadas” por la subdirectora general de Auditoría Interna, Gabriela Camiletti, algo que la AFIP negó que haya ocurrido.

En la subdirección general de Grandes Contribuyentes Nacionales, en tanto, la limpieza también llegó tras el traspaso de poder en diciembre de 2019. Alcanzó a los funcionarios que testificaron ante la Justicia sobre el Grupo Indalo o impidieron la licuación en sede administrativa de las acreencias fiscales del holding de Cristóbal López y Fabián de Sousa.

En esa área, el responsable de las represalias fue Mariano Eloy Abruzzese mientras ocupó el cargo de subdirector general del área, antes de pasar a otra. Hijo de quien fue la interventora del Indec en tiempos de Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri, Abruzzese barrió con más de veinte jerárquicos del área.

Amado Boudou y Ricardo Echegaray junto a Cristina Fernández de Kirchner

La purga abarcó a los técnicos –contadores y abogados- que analizaron las maniobras tributarias del Grupo Indalo, que radicaron la denuncia penal contra el holding, que testificaron ante la Justicia o que contestaron cada uno de los requerimientos judiciales y elaboraron informes que resultaron determinantes para que la acusación contra Echegaray, López y De Sousa llegara a un juicio oral. Entre otros, cayó el coordinador de la División de Apoyo a la Gestión Penal.

Un dato adicional permite ilustrar el alcance de lo ocurrido: la división que se encargaba de realizar las tareas de investigación en causas penales fue disuelta y todos sus integrantes terminaron en el área de sumarios formales, que se dedica a aplicar multas por incumplimientos de requerimientos. Es decir, un área que por su trabajo –de casi nula relevancia- nunca necesitó más que dos o tres personas. Hoy, al menos seis integrantes de aquella división -que también encaró las investigaciones sobre Ángelo Calcaterra, primo del entonces presidente Macri- terminaron sin tareas y como meros analistas.

Órdenes verbales

A esas barridas se sumó la purga de los superiores de esos contadores y abogados desplazados. Entre esos jefes, quien estaba a cargo de la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales y confirmó ante la Justicia las conclusiones del Director de Operaciones y el Jefe de Departamento de Investigación. Dato adicional: mientras la AFIP los castigaba, el fiscal del juicio oral, Juan Patricio García Elorrio, convalidó sus testimonios al pedir las condenas de los acusados.

La misma mecánica se repitió con el titular del Departamento de Recaudación de Grandes Contribuyentes Nacionales y también con su superior inmediato –que luego había asumido al frente de la Regional Mercedes-. Los desplazaron y trasladaron a dependencias de menor trascendencia o para las que carecían de experiencia, con el descenso escalafonario al nivel de analistas, merma salarial y órdenes verbales de no asignarles tareas.

Esa purga derivó, sin embargo, en al menos una acción judicial. La radicó uno de los perjudicados, un abogado que como jefe de la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales declaró en el juicio oral sobre el Grupo Indalo. Inició un expediente por presuntas represalias laborales ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata.

Cristóbal López

Las purgas continuaron. Entre otras, contra quienes determinaron las deudas tributarias del Grupo Indalo, redactaron una serie de dictámenes jurídicos o los ratificaron como superiores jerárquicos, de tal forma que les impidieron a las empresas del holding ingresar a los planes de pago vigentes de la AFIP por encontrarse procesados López y De Sousa, obligando al Gobierno a impulsar una moratoria que la oposición tildó de “hecha a medida” de los empresarios.

La lista continúa. Porque los castigos también alcanzaron a dos funcionarios que desde la Dirección de Grandes Empleadores promovieron denuncias penales sobre empresas del Grupo Indalo por la apropiación indebida de aportes previsionales, acusación por la que López y De Sousa fueron procesados por la Justicia en lo Penal Económico en 2017. Ambos fueron removidos de sus cargos y les asignaron tareas menores en Seguridad Social, bajo el mando de Carlos Castagnetto.

“Ruta del dinero K” y “causa Dengra”

La lista sigue. Similares castigos recibieron los dos abogados de la AFIP a cargo de la querella en la causa en la que se investigaba el delito de lavado fondos de la obra pública. Tras pedir una pena de 8 años de prisión contra Lázaro Báez por “la ruta del dinero K” y terminada la instancia oral del juicio. Ambos fueron apartados de sus cargos y también enviados a Seguridad Social, temática en la que carecen de experiencia.

En algunos casos, sin embargo, la persecución laboral respondió, en parte, a motivos personales. Así ocurrió con funcionarios y empleados que investigaron el “caso Dengra”, en alusión al ex rugbier Serafín Dengra. El ex jugador de los “Pumas” figura en una investigación penal por los presuntos delitos de pedido de sobornos, tráfico de influencias y estafas junto a integrantes del círculo íntimo de colaboradores de Echegaray. Entre ellos, su ex jefe de Gabinete, Rafael Resnick Brenner, quien arrastra un procesamiento confirmado por presunto pedido de coimas en esta causa, además de una condena en el “caso Ciccone”.

Mercedes Marcó del Pont

Dengra y los colaboradores de Echegaray, de acuerdo a las probanzas judiciales, habrían conformado una supuesta asociación ilícita cuyos delitos los investigaron los jueces federales de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y de Comodoro Py, Luis Rodríguez. El avance judicial conllevó allanamientos, detenciones, procesamientos, un juicio oral y la condena de uno de los acusados, Miguel Ángel Lamparelli, quien luego se suicidó.

Entre los domicilios allanados figuró, sin embargo, el de un empleado de la AFIP que estaba en pareja –y tuvo hijos- con la actual directora de Fiscalización de la Subdirección Interior, Natalia Mondino, quien reporta de manera directa a la titular de la DGI, Virginia García.

Tras el cambio de gestión, Mondino encaró, personalmente, a un funcionario de carrera que estaba a cargo de la Sección Penal de un área jurídica del interior del país. Le reprochó su colaboración en la investigación del “caso Dengra”, en la que se había allanado la vivienda que su ex pareja compartía con sus hijos.

La represalia contra ese funcionario comenzó de inmediato. Asignado a la Regional La Plata, lo movieron a tres dependencias distintas en menos de un año: como colaborador en el área Jurídica, luego al de Fiscalización y, por último, al de Determinaciones de Oficio.

En el interior del país

El relevamiento continúa. Las represalias también alcanzaron a otros funcionarios y empleados en distintas regionales del interior mientras que, en contraste, se premió con ascensos meteóricos y mejores sueldos a quienes favorecieron con sus testimonios judiciales a los Kirchner, López, Báez, Echegaray y sus entornos.

Así, por ejemplo, las remociones alcanzaron a los empleados que representaron a la AFIP como querellante en la causa judicial por los supuestos delitos cometidos por Echegaray y el entonces titular de la DGI, Rubén Ángel Toninelli, para proteger a Lázaro Báez. Dos funcionarios que estuvieron a cargo de la Sección Penal por más de una década y que estaban asignados a las direcciones regionales de Mercedes y Santa Fe, fueron castigados, sin asignación de tareas.

En Bahía Blanca, en tanto, la purga afectó a por lo menos seis contadores, abogados y auditores, y a un informático. Así lo definió la nueva directora de la Regional, Silvana Quinteros, estrecha colaboradora de Echegaray, quien promovió a aquellos que no perjudicaron con sus testimonios judiciales a su mentor o a Austral Construcciones.

Ricardo Echegaray

Mientras tanto, a Mar del Plata –Regional donde se dirimió la pesquisa sobre Báez cuando Echegaray disolvió la de Bahía Blanca-, arribó otro alfil de Echegaray. Horacio Curien recuperó protagonismo y un escritorio en el quinto y decisivo piso de la Regional, junto al despacho del director, aunque en los registros no se haya oficializado.

También fue promovido Juan Pablo Fridenberg, quien estuvo al frente de la Regional Bahía Blanca cuando debió completarse la fiscalización de Austral Construcciones durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP. De hecho, no sólo fue ascendido a director de Planificación Penal del organismo, sino que desde allí absorbió causas penales de relevancia que estaban en otras áreas legales para su exclusivo control y manejo.

“Lawfare administrativo”

Para Mercedes Marcó del Pont, las máximas autoridades de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri montaron un “grupo de tareas” dentro del organismo que se abocó al “hostigamiento fiscal” de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También, desplegó maniobras de “lawfare administrativo” en contra de ellos, de empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, y de ex funcionarios como Ricardo Echegaray.

En ese sentido, la AFIP radicó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por la presunta persecución a la familia Kirchner que, meses después, registró una ampliación de denuncia. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, indicó la AFIP en su presentación.

Esos supuestos hallazgos, abundó el equipo de Marcó del Pont, “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno de Macri que configuraría un “lawfare administrativo”, ya que, entre 2016 y 2019, se habrían desplegados desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.

Fabián de Sousa y Cristóbal López

Cuatro días antes de las elecciones primarias, en tanto, la AFIP le informó a la Justicia federal que desistió de su acusación en contra de López y De Sousa, al sostener que fueron víctimas de “persecución, hostigamiento y arbitrariedades” por parte del gobierno macrista.

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, planteó la AFIP al explicar su retirada del juicio oral que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

Así, para el círculo de Marcó del Pont, la supuesta existencia de ese “grupo de tareas” como también de prácticas de presunto “hostigamiento fiscal” explicarían, al menos en parte, el desplazamiento de numerosos y funcionarios de la AFIP.

En la misma senda, junto a Marcó del Pont rechazaron, semanas atrás, que se haya adulterado la auditoría que concluyó que los Kirchner fueron víctimas de un hostigamiento fiscal. “Las irregularidades fueron identificadas a partir del trabajo realizado a lo largo de un año por la Dirección General Impositiva y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna de la AFIP”

“La contundencia de las auditorías es tal que no solo fueron acompañadas con su firma por la máxima autoridad del área sino que fueron suscriptas por todos los funcionarios jerárquicos que fueron designados y se desempeñaron en el área de auditoría durante la gestión macrista”, afirmaron desde el organismo.