Mandatarios PJ entusiasmados por formato de “mini Senado”, uno elegido por cada provincia. El Ejecutivo tenía desde diciembre un proyecto “corto” que fue revelado por Ámbito. Dudas por división de salas, plazos y reparto de sillas.
Empujado por los gobernadores peronistas que vienen macerando la idea desde hace varias semanas, el jueves a las 18, Alberto Fernández los convocó a Casa de Gobierno con la idea de presentar en sociedad el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros. Mientras los mandatarios provinciales habían avanzado al punto de anunciar que convocarían a sus propios especialistas para redactar una iniciativa que los contenga, el Presidente anunciará el proyecto que fue redactado por el Ministerio de Justicia y cuya existencia fue revelada por Ámbito el 20 de diciembre de 2021. El gesto del Ejecutivo subirá un nivel más la tensión existente entre el Gobierno y el máximo Tribunal con resultado incierto: más allá de que se pueda aprobar en el Congreso -con mayoría simple- una ampliación de estas características, el nombramiento de los candidatos a ocupar esas vacantes requiere de los dos tercios del Senado, lo que implica seducir a los radicales y acceder al reparto de bancas.
Cualquier alquimia en este sentido proyecta que deberían consensuar un puñado de nombramientos a propuesta de los gobernadores del oficialismo y la oposición para pasar el tamiz del Senado. Eso significa que no necesariamente deban cubrirse los 25 que contempla la propuesta restando, obvio, los 4 cargos ya ocupados.
Los gobernadores que se reúnen en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) parten del supuesto de que la Corte actual fallará en contra de Nación y a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la quita de coparticipación por el traspaso de la policía. Lo cierto es que no hay indicio que haya traspasado los muros del cuarto piso del Palacio de Tribunales acerca de la solución que encontrará la Corte para la cautelar y la medida de fondo solicitada por Horacio Rodríguez Larreta a fines de 2020. Todas suposiciones.
El experimento que ha entusiasmado a varios gobernadores con la zanahoria de poder asignar a un juez en la Corte bajo un modelo “federal” se descuenta que podría atravesar la administración de Alberto Fernández, por lo que mandatarios como Jorge Capitanich de Chaco que se visualizan competitivos en 2023 han sido protagonistas del sprint final con el que la idea de ampliación empujó al Gobierno a desempolvar al proyecto cuya confección estuvo monitoreado por Cristina de Kirchner y se redactó, casi en paralelo, al del Consejo de la Magistratura que sigue en discusión en Diputados.
El proyecto es corto y consta de 3 artículos. La evaluación, por estas horas, era el tema de la división de salas que estaba contemplado en la versión original y por una cuestión obvia de la cantidad de cargos en juego. La división en salas especializadas es una propuesta que induce a la discusión académica pero que genera murmullos de índole constitucional que podrían machucar las aspiraciones de la ampliación. Para un sector relevante del mundo jurídico dividir una Corte en salas es inconstitucional.
Si bien la ampliación alcanzaría el número de 25 jueces, la idea que circulaba en despachos oficiales era que no sería necesario tener todo el nuevo plantel nombrado para que comience a funcionar en pleno, sino que vayan ingresando conforme se negocien los nombramientos. El formato de “mini Senado” a propuesta de los gobernadores implicaría un necesario reparto con la oposición por un tema numérico. Pero –especulan- alcanzaría con consensuar un grupo comenzando por alguna región o en nombre de algunas provincias para romper el bloque de mayoría actual. Es un plan de alto riesgo, sobre todo por los plazos de resolución. La cuestión termina muy atada a los planteos de judicialización que siempre repercuten en los intentos reeleccionistas de los gobernadores.
Es que parte del plan incluye poner sobre la mesa (otra vez) una serie de cargos que puedan interesar a la oposición. A Saber: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Defensor del Pueblo son vacantes sobre las que no se alcanzaron acuerdos políticos o ni siquiera se intentó iniciar el proceso para los nombramientos.
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