Cristina Fernández de Kirchner vuelve al banquillo

El fiscal moviliza tres toneladas de pruebas contra la vicepresidenta argentina por desfalco al Estado.

Allí estaba ella, en el banquillo de los acusados, señalada como la jefa de una asociación criminal para quedarse con los dineros del Estado.

¿Quién es ella? Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, protagonista de un extraordinario inicio de semana en un país expectante ante la inédita situación.

La segunda autoridad del Estado siguió sonriente y jocosa dese su despacho de la presidencia del Senado el vehemente y minucioso alegato del fiscal Diego Luciani. La pantalla partida mostraba al acusador y a la acusada. No importaba que la vicepresidenta no estuviera en la sede de los tribunales federales. La imagen de fiscal y acusada em igualdad de condiciones, pero sobre todo las palabras de Luciani, impactaban a los argentinos, pese a ser un pueblo acostumbrado a descreer de la honestidad de su dirigencia política.

Todo comenzó en 2003, aseguró el fiscal. Y prosiguió hasta 2015, cuando Fernández de Kirchner dejó la Casa Rosada.

La justicia argentina investiga irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, recibieron para desarrollar en la provincia patagónica de Santa Cruz, dominada políticamente por los Kirchner desde hace casi tres décadas.

Contratos por miles de millones de dólares con sobreprecios del 65%, falta de capacidad técnica para hacer las obras, licitaciones amañadas y el pago total de las obras pese a que la mayoría no habían sido terminadas: la lista de acusaciones es extensa, y la figura penal es asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Luciani busca demostrar que la vicepresidenta fue la jefa de esa asociación ilícita mientras era presidenta.

"Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país", dijo Luciani en el inicio de un juicio oral que se espera que se cierre antes de fin de año.

La condena, una pena de cárcel, podría ser de entre cinco y 16 años, aunque la vicepresidenta puede apelar, y hay acuerdo general en que todo terminará en manos de la Corte Suprema de Justicia, a la que Fernández de Kirchner critica con dureza desde hace años.

Luciani, un desconocido para el grueso de los argentinos, asegura tener todas las pruebas para condenar a la vicepresidenta. Y cuando dice todas las pruebas dice mucho, porque el fiscal desplazó tres toneladas de material probatorio a la sede de los tribunales federales. Pruebas que remiten a las presidencias de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).

Báez era cajero en la sucursal del Banco de Santa Cruz en la que Néstor Kirchner tenía depositado su dinero en sus años de poder en la provincia, antes de acceder a la presidencia: de modesto empleado a cabeza de uno de los grupos constructores más poderosos del país. La situación, más que llamativa, se tornó notablemente anómala cuando Mauricio Macri asumió el poder el 10 de diciembre de 2015, poniendo fin por cuatro años al dominio del kirchnerismo: Baez abandonó todas las obras a su cargo y a sus empleados, muchos de los cuales no cobraron sus sueldos. El gobierno de Macri se hizo cargo de esos pagos.

La vicepresidenta no hizo su descargo aún, ya que Luciani tiene varios días por delante de exposición. Pero Fernández de Kirchner y sus abogados han desarrollado en forma insistente la teoría del "lawfare", una presunta persecución política por parte de la Justicia. Luciani pretende demostrar algo muy diferente: Báez fue el hombre que utilizaron los Kirchner para enriquecerse, algo de lo que hay indicios muy concretos: los que fueran secretarios privados de Néstor y Cristina devinieron en asombrosos millonarios. Y a Florencia, la hija de la vicepresidenta, se le encontraron cuatro millones de dólares en una caja de seguridad. A diferencia de su madre y su hermano, Máximo, Florencia no tiene fueros parlamentarios.

Entre las pruebas figura una declaración del hoy presidente, Alberto Fernández, y conversaciones de Cristina Kirchner con José López, el ex secretario de Obras Públicas al que la policía detuvo una madrugada de 2016 mientras arrojaba bolsos con nueve millones de dólares y armas en un convento de monjas en las afueras de Buenos Aires. Arrepentido, López es hoy un serio problema para la vicepresidenta.