Alberto Fernández firmó un decreto que permite cobrar por "derechos de autor" a establecimientos educativos

El último día de su gestión, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto que otorga a la asociación civil CADRA la facultad de cobrar un canon por fotocopias y digitalizaciones realizadas en profesorados, bibliotecas y universidades.

En el último día de su gestión, Alberto Fernández realizó un decreto que otorga a la asociación civil CADRA la facultad de cobrar un canon por las fotocopias o digitalizaciones realizadas por profesorados, bibliotecas y universidades para los estudiantes.

Este decreto, que había sido anunciado en septiembre pasado y suspendido debido a fuertes protestas, reavivó el debate sobre los derechos de autor y el acceso a la educación.

CADRA, constituida en el año 2000 con el propósito de "proteger y gestionar colectivamente los derechos de autor", cuenta con la participación mayoritaria de editoriales del país, aunque solo una minoría de sus autores forman parte de la entidad.

La crítica principal se centra en la posibilidad de que CADRA demande el pago de un canon para salvaguardar los derechos de autor de las fotocopias o digitalizaciones de libros utilizados con fines educativos.

En 2015, la asociación logró un acuerdo con el Rectorado de la UBA para recibir un canon mensual por la presencia de material en fotocopiadoras de centros de estudiantes, abarcando también las digitalizaciones.

Con el decreto recién firmado, CADRA extiende su alcance a nivel nacional, obteniendo la "legitimación exclusiva judicial y administrativa" para la defensa de los derechos intelectuales en reproducciones analógicas y digitales.

El decreto establece excepciones al pago del canon para bibliotecas públicas y populares, archivos y museos. Además, las universidades públicas y las instituciones representativas de colectivos económicamente desfavorecidos podrán solicitar al Ministerio de Cultura la reducción o exención del pago, demostrando que este compromete el acceso al material educativo y de investigación para la población usuaria.

Las críticas a esta medida se suman a las ya expresadas en septiembre pasado, especialmente por parte de la Asociación de Bibliotecarios.

Fuente: cba24n.com.ar