Una investigación judicial reveló una red de extorsión que operaba en un asentamiento del sudeste de Córdoba. Exigían dinero a cambio de "protección". Cuatro personas fueron detenidas por amenazar y atacar a quienes no pagaban.
Una investigación judicial sacó a la luz una presunta red de extorsión que operaba en un asentamiento del sudeste de la ciudad de Córdoba. En ese lugar, se habría impuesto un sistema de "protección" obligatorio, donde los vecinos debían pagar entre 15 y 20 mil pesos mensuales para evitar ser víctimas de robos, amenazas o incluso balaceras.
La pesquisa comenzó hace unas semanas, tras una denuncia radicada en la comisaría 16° por un habitante del asentamiento, quien relató que había sido atacado a tiros luego de no poder afrontar el pago.
A partir de ese testimonio, la fiscal Lourdes Quagliatti tomó intervención y ordenó una serie de allanamientos que permitieron desarticular el supuesto esquema delictivo.
Los operativos se llevaron a cabo entre el martes y el viernes pasado, en zonas aledañas a la villa Los 40 Guasos y en el barrio José Ignacio Díaz. Como resultado, fueron detenidas cuatro personas (tres hombres y una mujer), quienes quedaron imputadas por los presuntos delitos de extorsión, violación de domicilio y amenazas calificadas. Permanecen alojadas en el Establecimiento Penitenciario 9 y podrían ser trasladadas en los próximos días a la cárcel de Bouwer.
Según fuentes con acceso a la causa, el grupo exigía el pago de un "servicio de seguridad" con tono imperativo: "Si pagás, no vas a tener problemas", era la frase que, según testigos, se repetía en reuniones organizadas por los implicados. Las víctimas serían en su mayoría familias migrantes de origen boliviano y peruano, residentes en terrenos adquiridos de manera informal a un supuesto titular que estaría prófugo con pedido de captura internacional.
"Les decían que si no querían tener problemas en el barrio, ellos les iban a prestar un servicio de protección. Pero en realidad, eran ellos mismos quienes no robaban ni molestaban a los demás si se les pagaba. Cuando alguien no lo hacía, esa paz se acababa", explicaron los investigadores, según comunicó La Voz.
En algunos casos, los vecinos fueron obligados a asistir a reuniones mediante amenazas o coacción directa.
De dónde sale la denuncia
Uno de los hechos que aceleró la intervención de la Justicia ocurrió hace 20 días, cuando un vecino que se atrasó en el pago fue atacado por un desconocido que llegó en un vehículo polarizado y disparó contra su vivienda. No hubo heridos, pero el episodio fue interpretado como una clara maniobra intimidatoria.
La investigación permitió secuestrar celulares y otros elementos que podrían aportar pruebas clave. Además, se incautó el vehículo utilizado en el ataque. La fiscal no descarta nuevas medidas y allanamientos, ya que el expediente sigue en curso.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, valoró la valentía del denunciante y destacó la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. "Así quedó demostrado lo bueno y lo malo en un solo acto. Por una parte, este hecho aberrante de que una persona se aproveche de la vulnerabilidad. Por el otro, el valor de un vecino que confía y denuncia. Y por sobre todas las cosas, un Ministerio Público Fiscal que investiga con rapidez y eficiencia y una Policía que defiende a la ciudadanía", afirmó.
También remarcó que este tipo de delitos suelen instalarse bajo la falsa idea de que existe complicidad entre las fuerzas del orden y los extorsionadores, pero que la práctica demuestra lo contrario.
