La historia argentina reciente alberga cicatrices que se niegan a cerrar, heridas profundas que exponen las fragilidades de un sistema institucional que prometió el tan anhelado "Nunca Más". El 18 de septiembre de 2026 marcó un aniversario doloroso e ineludible para la sociedad: se cumplieron exactamente 20 años desde que Jorge Julio López, un humilde trabajador albañil y sobreviviente de los centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar, desapareció por segunda vez. En este contexto de conmemoración y reclamo, la voz de su hijo, Rubén López, resuena con una mezcla de agotamiento, firmeza y una profunda decepción hacia las estructuras del Estado que debieron proteger a su padre.

En declaraciones y reflexiones compartidas a la prensa a dos décadas del hecho, la frase que sintetiza el estupor y el dolor de la familia es contundente: "Nunca imaginamos que iba a volver a pasar en democracia". Esta afirmación encapsula el núcleo del trauma que significó el caso López para la Argentina contemporánea. La presunción social y política dictaba que, tras la recuperación de la democracia en 1983, la desaparición forzada de personas como método de silenciamiento político había quedado erradicada de manera definitiva. El caso de Julio López vino a dinamitar esa certeza, demostrando que los aparatos represivos, o al menos sus resabios mafiosos, conservaban el poder de operar en las sombras y garantizarse impunidad.

El coraje de un testimonio histórico y el inicio del calvario

Para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo retroceder al año 2006. Argentina atravesaba un proceso histórico de reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, impulsado tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En la ciudad de La Plata, se desarrollaba un juicio emblemático contra Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien fuera el temible Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura y mano derecha del general Ramón Camps.

El 28 de junio de ese año, Jorge Julio López se sentó frente al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Con una memoria prodigiosa, valentía inquebrantable y un alto sentido del deber moral, López relató los tormentos a los que fue sometido tras su primer secuestro en octubre de 1976. Detalló las torturas en centros clandestinos como el destacamento de Arana y la Comisaría Quinta de La Plata. Pero su testimonio fue más allá de su propio dolor: López identificó a sus verdugos, puso nombres y rostros a la maquinaria del terror, y relató cómo había presenciado el asesinato de varios de sus compañeros de cautiverio, entre ellos Patricia Dell'Orto y Ambrosio De Marco.

Ese acto de suprema valentía ciudadana selló su destino. El 18 de septiembre de 2006, día en que debían leerse los alegatos finales que derivarían en la condena a reclusión perpetua de Etchecolatz, Julio López salió de su humilde vivienda en el barrio Los Hornos. Su intención era dirigirse al Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata para presenciar el cierre del proceso. Jamás llegó. Fue interceptado, secuestrado y desaparecido, en un operativo que evidenció inteligencia previa, logística y una absoluta impunidad operativa en pleno siglo XXI.

La deuda insalvable de la democracia y el fracaso judicial

Rubén López ha sido enfático al señalar las responsabilidades estatales. Si bien el secuestro fue perpetrado por grupos de tareas paralelos, el Estado falló de manera calamitosa en su rol de garante. "Esta democracia, que es el período más largo ininterrumpido en la historia de la Argentina, todavía está en pañales y debe muchas explicaciones", reflexiona su hijo. La falta de custodia y protección hacia un testigo de semejante envergadura, que estaba desafiando a las cúpulas residuales de la Policía Bonaerense, es un error institucional que aún hoy resulta injustificable.

A nivel judicial, el panorama a 20 años es de un estancamiento desgarrador. La causa, que actualmente se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, representa un manual de lo que no se debe hacer en una investigación penal:

• Pérdida de las primeras 48 horas: Los instantes inmediatos tras la desaparición, considerados vitales en cualquier protocolo de búsqueda internacional, fueron dilapidados. Las pistas falsas, la inoperancia policial (la misma fuerza sospechada de participar en el hecho era la encargada inicial de buscarlo) y la desorientación judicial permitieron a los captores borrar todo rastro.
• Ausencia absoluta de procesados: Tras dos décadas de expedientes que acumulan decenas de cuerpos, la justicia argentina no ha logrado llevar a juicio a un solo responsable material o intelectual de la segunda desaparición de López.
• El pacto de silencio: La investigación ha chocado sistemáticamente contra un muro de encubrimiento corporativo. Los sectores vinculados a la represión ilegal demostraron una alarmante capacidad para mantener el silencio, evidenciando que las mafias operativas conservan poder de coacción y amenaza.
• Medidas tardías: Actualmente, la fiscalía intenta recurrir a la tecnología moderna de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) para analizar antiguos cruces telefónicos del año 2006. Para la familia, estas medidas, aunque necesarias, llegan con un retraso tecnológico y temporal que disminuye drásticamente sus probabilidades de éxito.

Evitar la "tercera desaparición": la memoria como resistencia

Frente al fracaso estrepitoso del sistema judicial para brindar verdad y castigo a los culpables, la familia López y los organismos de Derechos Humanos han encontrado en la memoria colectiva su principal herramienta de lucha. Rubén López ha acuñado un concepto profundamente conmovedor para describir su mayor temor actual: la tercera desaparición.

Si la primera desaparición ocurrió bajo las botas del terrorismo de Estado en 1976, y la segunda se materializó en las sombras de la democracia en 2006, la tercera desaparición sería el olvido definitivo por parte de la sociedad argentina. "No permitamos que López desaparezca por tercera vez", exige su hijo. Mantener su nombre en las calles, su rostro en las banderas de cada 24 de marzo, y exigir respuestas en cada aniversario, es la única manera de resistir ante un sistema que pareciera apostar por la resignación y el paso implacable del tiempo.

A veinte años de aquel 18 de septiembre, el interrogante sigue doliendo en el centro del tejido social argentino. La ausencia de Jorge Julio López no es solo la tragedia de una familia de Los Hornos; es una interpelación permanente a los tres poderes del Estado y un recordatorio de que los sótanos de la democracia aún guardan secretos inconfesables. Mientras no haya justicia, la pregunta seguirá resonando con la misma fuerza que el primer día: ¿Dónde está Julio López?