El presidente chileno, Gabriel Boric, enfrenta una nueva polémica tras la decisión de decretar un estado de excepción “acotado” para frenar la violencia en la Araucanía, que permitirá la presencia de las Fuerzas Armadas en rutas y caminos, pero sin intervenir los espacios privados.

La decisión fue cuestionada por la oposición, por considerarla “insuficiente”, pero también provocó fisuras al interior de su propia coalición.

El decreto fue firmado por el jefe de Estado y enviado a la Contraloría General de la República para dar curso al denominado proceso de toma de razón, con el cual el ente fiscalizador visará la juridicidad de la acción del Ejecutivo que regirá por 15 días y se podría extender por el mismo plazo.