Los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos. Los negocios en las prisiones están bajo el control de un hombre de confianza del Presidente sancionado por Estados Unidos.
Marta Ruano viajó el 5 de febrero al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en el centro de El Salvador, a dejar comida y artículos de higiene personal, como lo hace cada mes desde mayo de 2022, cuando la policía salvadoreña metió presos a dos de sus hijos, a quienes acusó de asociaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo del año pasado. En uno de los muros del penal, Marta se encontró con una mala noticia: a partir de aquel día, los familiares de los presos en esa cárcel están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos ahí, uno al mes por USD 170. No tienen otra opción; no puede llevar nada de fuera: o pagan o sus parientes no comen, no tienen acceso a papel higiénico o a vestimenta.
“Son malas noticias, ahora no nos recibirán paquetes, hay que comprarlo en el penal”, contó Marta (se ha cambiado el nombre de esta fuente a petición suya por razones de seguridad). “Es mucho dinero, ya no sé si voy a poder llevar”.
A partir de diciembre de 2022, los familiares de los presos en Zacatecoluca entregan USD 170 directamente en el penal. Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan USD 35 por alimentación, USD 15 por artículos de higiene, USD 30 por vestimenta, USD 20 por limpieza de área y USD 70 por misceláneos.
Infobae consultó con otras tres jefas de familia, con organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a lo que ocurre en las prisiones salvadoreñas, con abogados defensores y con comités de familiares de presos; en total, representantes, voceros y miembros de una cincuentena de familias de prisioneros. Todas las fuentes consultadas coincidieron en que la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (DGCP) empezó desde finales del año pasado a hacer los cobros obligatorios de USD 170 por en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca y en al menos otras dos prisiones, en Apanteos y en Izalco. “Lo que nos han dicho es que la idea que tienen es que sea en todas las cárceles”, dijo Marta, una de las madres.
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Infobae intentó contactar con las autoridades carcelarias para conocer sus planes sobre los cobros a los reos pero no hubo respuesta. Por ahora, además del sistema de paquetes obligatorios, funciona un sistema de “tiendas institucionales” a los que los familiares de los reos depositan sumas de entre USD 5 y USD 150 al mes; ese pago da al preso derecho de tener un número de identificación que él utiliza para comprar en tiendas ubicadas al interior de los penales artículos de primera necesidad o pequeños lujos, como una Coca Cola. “Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale USD 2.50 ahí las venden a USD 10″, explicó la pariente de un reo.
También es posible aún, en algunas cárceles, que los familiares lleven sus propios paquetes. “Antes de estos cobros como el de Zacatecoluca, los familiares compraban los paquetes por su cuenta, en supermercados, en tiendas, en donde les saliera más cómodo. Y también en tiendas que hay en las afueras de los centros penales”, dijo a Infobae Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFEPPA), que representa a 36 personas detenidas.
Marta Ruano, la madre que tiene un hijo en el penal de Zacatecoluca y a quien le dijeron que ahí ya es obligatorio pagar los USD 170, teme que eso se extienda a todas las cárceles del país, en una de las cuales está otro de sus hijos. Lo mismo ocurre con Gladys, otra madre que conversó con Infobae y quien tiene a cuatro de sus hijos presos. “Va a llegar el día en que tengamos que pagar eso y así ya no voy a poder”, dijo Gladys.
Es imposible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley. No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad.
De cualquier forma, y con cualquiera de los formatos de cobro, la venta de artículos de primera necesidad a los reos de El Salvador parece un negocio redondo. Desde marzo hasta ahora, el sistema carcelario ha ingresado unos 64.000 reos que, según cifras oficiales, se han sumado a la población de unos 40.000 que ya existía antes del régimen de excepción decretado hace casi un año. Si, como sospechan los familiares y organizaciones, el cobro obligatorio se extiende a todas las cárceles, el gobierno de Nayib Bukele podría empezar a ingresar unos USD 17 millones al mes.
Los negocios de Osiris Luna, el carcelero sancionado por pactar con pandillas
El funcionario que controla las cárceles de El Salvador se llama Osiris Luna Meza. Su nombre aparece en varias investigaciones criminales salvadoreñas y estadounidenses por sospechas de que se ha enriquecido con el dinero de los presos, de que fue el enviado especial de Nayib Bukele para negociar con las pandillas y que creó, en el sistema de tiendas en las prisiones, una red de plazas fantasmas para cobrar salarios de funcionarios que no existen.
A Luna Meza y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, la Fiscalía General de El Salvador (FGR) los investigó en 2020 y 2021 como parte de un expediente criminal al que los fiscales, por su volumen y la cantidad de funcionarios y personas cercanas al presidente Nayib Bukele involucradas, denominaron Caso Catedral.
Fuente: infobae.com
