Tras perder los ahorros de su vida en supuestas inversiones en dispensarios de cannabis, un hombre asesinó a un exlíder político y a un conocido abogado criminalista, confesó los hechos en video y se quitó la vida.

El colapso de un fiador judicial y la trama del cannabis medicinal

Una secuencia marcada por la desesperación económica, denuncias de fraude y violencia extrema sacudió a Puerto Rico. William Noel Rivera Sánchez, de 41 años, quien se desempeñaba habitualmente como fiador judicial ante el Tribunal de Guayama, llevó adelante una doble ejecución planificada contra dos figuras conocidas del ambiente político y legal de la isla, dejando registrado cada paso en publicaciones audiovisuales antes de terminar con su propia vida.

El trasfondo de la controversia comenzó a gestarse en el año 2021, cuando Rivera Sánchez decidió ingresar al mercado del cannabis medicinal en territorio puertorriqueño. Según su testimonio público y las constancias documentales analizadas por las autoridades, el hombre entregó la totalidad de su patrimonio y vendió pertenencias personales de alto valor —entre ellas una camioneta RAM, un bote y un vehículo todoterreno Can-Am— con el objetivo de adquirir una participación del 24,5% en dos dispensarios comerciales, uno proyectado en la zona de Cupey (San Juan) y otro vinculado a entidades corporativas como Diamante Verde LLC y Cupey Wellness LLC.

La inversión inicial reportada ascendía a $125.000 dólares, a la que posteriormente se sumaron responsabilidades por remodelaciones, compras de equipamiento y alquileres. Sin embargo, los establecimientos nunca llegaron a abrir sus puertas al público debido a presuntas irregularidades operativas y administrativas. En sus grabaciones, Rivera Sánchez expresó haber quedado en la absoluta ruina financiera: "Los ahorros de toda mi vida se los puse en la mano a estas personas... Me cansé de hacer las cosas por la buena".

De las demandas en tribunales a la vía armada

Antes de recurrir al desenlace trágico, el conflicto recorrió los pasillos de la justicia civil. El 14 de febrero de 2025, Rivera Sánchez interpuso una primera demanda formal contra el exdirigente político Félix Plaud, conocido por su histórica militancia como líder de la juventud en el Partido Nuevo Progresista (PNP). En dicha acción judicial le exigía la devolución de $100.000 dólares más indemnización de daños y perjuicios.

El 29 de agosto de 2025, ambas partes llegaron a una transacción judicial en la cual Plaud se comprometió formalmente a cancelar la deuda mediante cuotas de $10.000 dólares mensuales. Según las declaraciones póstumas del agresor, dicho acuerdo fue roto de inmediato tras haberse efectuado un único desembolso.

La tensión escaló al año siguiente. El 25 de junio de 2026, Rivera Sánchez promovió una segunda acción legal, esta vez dirigida contra el proyecto de Cupey y contra el licenciado Luis Quiñones González, un prominente abogado criminalista, contador público autorizado e hijo de la exjueza Aleida González de Gross. En este segundo expediente, el demandante reclamó sumas por inversión no amortizada y daños compensatorios que alcanzaban una cifra global de $660.000 dólares. Al sentir que el proceso judicial se dilataba por maniobras legales y no obtenía restitución de sus bienes, Rivera Sánchez decidió tomar la determinación de actuar al margen de la ley.

Cronología de dos ataques a sangre fría

El plan fatal se ejecutó en un lapso inferior a las 24 horas, abarcando diferentes municipios de la costa sur y central de la isla:

• Jueves 22 de octubre (19:00 hs): Félix Plaud mantuvo una reunión con Rivera Sánchez en Guayama. Tras perderse contacto con el exdirigente, sus familiares radicaron una querella por desaparición.
• Jueves 22 de octubre (21:30 hs): El atacante publicó su primer video en redes sociales anunciando el crimen: "Ya me encargué del primero, me encargué de Félix... ahora voy por Luis", advirtiendo que buscaría activamente al letrado en las horas siguientes.
• Viernes 23 de octubre (Mañana): El abogado Luis Quiñones González se retiraba de una gestión en el Tribunal de Ponce conduciendo una camioneta Dodge Ram blanca. Sobre la transitada Avenida Las Américas, Rivera Sánchez lo interceptó y le disparó en reiteradas ocasiones a corta distancia, provocando que la víctima perdiera el control y colisionara contra un poste del tendido eléctrico.
• Respuesta armada en la escena: La esposa de Quiñones, quien se desplazaba en otro rodado inmediatamente adelante, presenció el tiroteo a través del retrovisor, descendió armada y repelió el ataque disparando contra el auto del agresor en fuga. El abogado fue derivado de urgencia a una institución médica, donde los facultativos certificaron su deceso.
• Viernes 23 de octubre (Tarde): Agentes de la Policía de Puerto Rico localizaron el cuerpo sin vida de Félix Plaud entre pastizales linderos a una estación de servicio en el Barrio Borinquen de Guayama, presentando múltiples heridas de arma de fuego.

Allanamiento en Santa Isabel y hallazgo de armamento

Con las alertas policiales encendidas en toda la región y los videos del tirador viralizándose de manera masiva, las autoridades ubicaron el paradero de Rivera Sánchez en un complejo de departamentos en el municipio de Santa Isabel. Ante manifestaciones que anticipaban un desenlace suicida, efectivos especializados de la Unidad de Negociadores y Rescate acudieron a la vivienda.

Tras no obtener respuestas desde el interior, los agentes forzaron el acceso del inmueble y hallaron el cuerpo sin vida de Rivera Sánchez en la sala, con una herida autoinfligida de proyectil de arma de fuego. Durante la inspección ocular de la escena, la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) secuestró tres armas de fuego y constató que el vehículo utilizado por el agresor presentaba impactos de bala compatibles con los disparos efectuados por la cónyuge de Quiñones durante la persecución en Ponce.

El caso reabrió un profundo debate social e institucional respecto al control de las inversiones no reguladas dentro de la industria del cannabis, las demoras procesales en la resolución de litigios por estafas comerciales y los riesgos extremos asociados a la justicia por mano propia.