El organismo le dejó en claro en los encuentros de Washington de la semana pasada, que no habilitará más dinero para sacrificar la meta de 2,5% de déficit primario para este año. Sólo se permite el aporte para indigentes y jubilados.
El gobierno no aplicará un bono de fin de año para los trabajadores en relación de dependencia, tal como reclama el kirchnerismo y gran parte del sindicalismo oficialista o semioficialista. El reclamo directo de Máximo Kirchner y los dirigentes que lo acompañaron en el acto de ayer de la Plaza de Mayo, donde estuvo acompañado, entre otros, por Pablo Moyano, otros cegetistas y las dos CTA, fue a Alberto Fernández y a Sergio Massa. Para que implementen "un bono o una suma fija a fin de año para aquellos trabajadores que no llegan a fin de mes" y que las asignaciones familiares "sean universales para todos los trabajadores y trabajadoras registradas".
Máximo Kirchner, el orador principal del el acto del Día de la Lealtad frente a la Casa de Gobierno (Hugo Moyano, padre de Pablo, le pidió a su hijo que no hablara para no complicar la buena relación que sostiene el líder Camionero con el Ejecutivo), reclamó al Ejecutivo “implementar de manera urgente un aumento de suma fija y asegurar un ingreso familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de precios de los productos de la canasta básica”.
Con las mismas palabras, el reclamo se replicó en el documento final entregado al Gobierno como exigencia para sostener cierto apoyo a los funcionarios oficialistas. O para no blanquear la ruptura que muchos consideran inevitable.
Sin embargo, la respuesta será negativa. Y por un motivo concreto. No hay dinero para solventar este gasto que podría superar los 140.000 millones de pesos; el dinero que costaría una ayuda como esta, según los cálculos oficiales basados en lo que se aplicó en el IPS de la era Pandemia.
En algún momento, un funcionario que acompaña a Massa en su equipo del Palacio de Hacienda, lo habló con quienes deben trabajarse estos temas: los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, comandados por el venezolano Luis Cubeddu, negocian habitualmente con la Argentina el cumplimiento del Facilidades Extendidas en general y el cierre fiscal del 2022 en particular.
Estos le "explicaron" a los argentinos que la meta de déficit primario de 2,5% para este año está seriamente cuestionada, y que a los funcionarios criollos les faltan argumentos para convencer a los hombres y mujeres del organismo internacional, que la meta es lograble.
Y que pensar en semejante bólido de gastos, no computados para poder aplicar esa suma fija para los trabajadores en relación de dependencia de todo el país, implicaría darle a la meta el certificado de defunción. Algo que ni Alberto Fernández ni Massa están dispuestos a discutir.
Lo único que avala el FMI y que ya fue negociado entre el ministro de Economía y la directora adjunta del organismo Guita Gopinath durante las sesiones de negociaciones de la semana pasada en Washington en la asamblea conjunta con el Banco Mundial, es la posibilidad de emitir el bono para personas más afectadas por la ola inflacionaria. Esto es beneficiarios de planes varios, jubilados y trabajadores con ingresos por debajo de los índices de indigencia.
En esas reuniones, la número dos del organismo le dio libertad a Massa para avanzar en un plan final para este año, para aplicar un refuerzo social de fin de año para sectores seriamente afectados por la crisis internacional y la inflación local. Sólo impuso dos condiciones: que no se altere la meta de déficit fiscal primario de 2,5% para 2022 y que la fuente de financiamiento para este programa esté debidamente explicitada y calculada. Y que no se trate de emisión pura y dura.
Se aclaró además que el plan será fiscalizado de cerca por parte de los técnicos del organismo en próximas misiones. Esta ayuda ya fue anunciada por Massa, e implica unos 45.000 pesos en dos cuotas entre noviembre y diciembre.
Massa volvió así a Buenos Aires, con las manos libres para poder avanzar en la aplicación del plan con el que se comprometió ante la propia Cristina Fernández de Kirchner. Con el argumento de que parte del dinero proveniente del dólar soja a $200, que terminó hace dos semanas, podría aplicarse en este eventual programa de asistencia directa. Pero no para más.
El ministro cuenta con el argumento sólido del dinero que la operación de liquidación sojera le dejó a la recaudación de septiembre, con un incremento de casi el 500% y la posibilidad de aportar sin emitir entre $50.000 y $60.000 millones finales para este bono. El FMI recién lo controlará entre febrero y marzo cuando se fiscalicen las metas y objetivos finales de 2022, y se determine si el país cumplió o no con lo firmado el 25 de marzo.
