La presentación advierte que la Ciudad está "otorgando privilegios" a los socios de centro privados de Salud por sobre el resto de la población.
La abogada Natalia Salvo presentó este martes una denuncia ante la Justicia contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y contra el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por "privatizar" la campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19.
En su presentación, Salvo los acusa del delito de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y solicita la intervención del ministerio Público Fiscal. En la denuncia la letrada indica que "la cesión de vacunas en favor de establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (...) sin verificar su destino, tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina".
De acuerdo con la denuncia, a partir de la cesión de vacunas a centros de Salud privados se estaría "otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población".
La denunciante advirtió además que la manera en que se está llevando a cabo la campaña de vacunación en la Ciudad "está impidiendo que personas consideradas de mayor riesgo y que necesitan vacunarse, no puedan hacerlo, aumentando sus posibilidades de contraer la enfermedad y fallecer".
Y aporta como pruebas flyers de prepagas y obras sociales que convocan a vacunarse solo a sus socios, excluyendo al resto de la población y limitando la cantidad de vacunas disponibles en el sistema público de Salud.
"Lo que supone un programa equitativo que proteja a la población terminaría siendo un negocio de privados por exclusiva responsabilidad de los funcionarios de CABA que deciden que las vacunas sean sólo para socios", indica la denuncia.
Y completa: "En suma, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría decidido que la salud de los ciudadanos esté privada a quien es “socio” de las instituciones privadas con quien sus funcionarios habrían firmado los repudiados convenios".
