Se le acusa de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Ministerio Público Fiscal pidió 12 años de prisión para el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel, Sergio Urribarri, por “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Además, se le imputa el delito de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía también pidió la inhabilitación absoluta perpetua.
En total están acusadas 13 personas en el marco de una investigación penal preparatoria que contempló cinco grandes causas de corrupción. Al exgobernador Urribarri se le imputan cinco hechos.
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En la misma causa, la fiscalía pidió 10 años de prisión para el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia Pedro Báez y para el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, exsecretario de la Cámara de Senadores de la provincia. Para el exministro de Turismo Hugo Marsó se solicitaron 5 años de prisión e “inhabilitación absoluta perpetua” para ocupar cargos públicos.
De qué se trata el juicio que se le sigue al exgobernador entrerriano Sergio Urribarri
El juicio empezó en septiembre pasado en Entre Ríos. Los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano denunciaron un plan de desvío de fondos a través de contrataciones millonarias de publicidad, la elaboración de productos de imprenta, la publicación de una solicitada, refacciones en la sede de una cumbre de presidentes del Mercosur y la instalación de un parador de promoción turística en Mar del Plata.
En total, la fiscalía calculó que el desvío fue de unos 9 millones de dólares.
En su alegato, los fiscales dijeron que Urribarri, Báez y Aguilera tenían el deber de informar sobre el conflicto de intereses entre el sector público y los negocios privados que existía en esas operaciones y precisaron que, por el contrario, no lo hicieron porque participaron de un plan para desviar recursos del Estado provincial.
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En ese marco, dijeron que se contrataron empresas que no figuraban en el registro de proveedores del Estado. Además, denunciaron sobreprecios, irregularidades en los expedientes y la adulteración de fotografías usadas para justificar trabajos.
Entre otras acusaciones, los fiscales denunciaron el pago de coimas en la contratación de un parador en Mar del Plata cuyo fin atribuyeron a la promoción de la precandidatura presidencial de Urribarri. También afirmaron que hubo sobreprecios y se aplicaron retornos a favor del cuñado de Urribarri.
El juicio entra ahora en la etapa de los alegatos de las defensas. En marzo, el tribunal debería dictar sentencia.
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