La condena a 8 años de prisión en la megacausa, dictada en 2022 y efectivizada ayer, muestra un modus operandi parecido al que se observan en las dos ya nombradas que están en pleno desarrollo.
En los expedientes llamados “Imprenta y Parador de Mar del Plata” el tribunal que lo condenó escribió que “ha quedado demostrado que tanto Urribarri como al ex ministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez tomaron parte en forma directa en los hechos”. “Ambos firmaban las órdenes de publicidad y los decretos, sin darle intervención a ningún otro funcionario, ocultando la verdadera finalidad de las contrataciones y los vínculos familiares o personales que los unían con los contratantes”, resaltó el fallo del 2022.
Una de las pruebas más importantes (un disco rígido) fue encontrada de tal forma que parecía un película de ficción. El disco contenía mails, mensajes, planilla, documentos, contradocumentos, esquema de sobornos, etc., que probaban los delitos imputados.
Cuando empezaron los allanamientos, el disco había sido extraído de una computadora y arrojado a “los fondos de la casa lindera de las empresas, donde por casualidad lo vio colgado en una canaleta de la terraza la empleada doméstica de la casa vecina, mientras hacía sus labores”.
Cómo le resultó extraño, “dio aviso a la dueña de casa, una señora mayor que no sospechaba siquiera de lo que se trataba (ambas creyeron que era un juguete) pero al notar la presencia de personal policial, ante tal curioso hallazgo les da aviso y quienes previa comunicación al fiscal ingresan al domicilio con la anuencia de la dueña y con el delegado judicial y lo secuestran”.
Ese disco contenía documentos personales de “la contadora de la Empresa, y una gran cantidad de mails, documentos, etc. También se encontraron carpetas en las que había contradocumentos que demostraban que las empresas eran de Juan Pablo Aguilera”, el cuñado de Urribarri.
Por otra parte en la causa “Parador de Mar del Plata”, con este mismo disco y otras pruebas, se acreditaron “los llamados telefónicos entre Urribarri, sus allegados y el empresario Caruso”.
También “los acuerdos, y las maniobras que llevó a cabo Urribarri para ocultar, en el trámite administrativo, las gráficas con sus imágenes y logos, que luego serían incorporadas en el Parador de las playas de Mar del Plata, como parte de su campaña a precandidato presidencial disimulada bajo la promoción de la provincia de Entre Ríos como destino turístico”.
Por otra parte en ese disco se encontró “un documento de Excel, denominado: “Esquemas de devolución”, donde se detalla el plan y la estrategia para realizar los retornos de dinero”. También “está detallada la concreción del plan, y en la misma carpeta se encontraron referencias a facturas y fotos de facturas que demostraban que el retorno de dinero se concretó, no sólo mediante pago en efectivo, sino también a través de transferencias bancarias a empresas relacionadas con Aguilera, como así también a las empresas Tep y Next de propiedad de Aguilera”.
Además, la causa llamada “Global Means”, la prueba “demuestra que, a través de sucesivas infracciones e irregularidades, se logró contratar -a como diera lugar- con German Esteban Buffa aún antes de que este creara la empresa Global Means a efectos de contratar con el Estado”.
-En relación a la causa denominada “Solicitada” contra los Fondos Buitre que eran criticados por Cristina Kirchner “quedó probado que esa publicación formó parte de la campaña política de Urribarri”.
Todo el trámite se llevó adelante sin ningún tipo de control y quedó demostrado que la publicación del aviso oficial “tuvo el propósito de posicionar, difundir, instalar a Sergio Urribarri como precandidato para las elecciones presidenciales del año 2015. Y quedó demostrado que “para ese fin personal -ajeno a los intereses de la administración pública y a las necesidades de los administrados- se utilizó dinero de los fondos públicos, concretamente determinados en la suma de $4.308.500 en el año 2015”.
Respecto de la causa denominada como cumbre del Mercosur en Paraná, se probó que mediante “los cuatro spots, Urribarri se promocionaba a sí mismo, y que fue el imputado Baez quien elaboró el contenido de los videos y su producción sin contrato alguno”.
Aquí también quedó acreditado que “la negociación que culminó con la contratación de la empresa “Nelly Entertainment” propiedad de Jorge -Corcho- Rodríguez se llevó a cabo por fuera del Estado, sin la debida competencia real entre los oferentes, a través de un claro direccionamiento”.
