Ubicada en Álvarez, provincia de Santa Fe, la empresa cerró definitivamente sus puertas en julio, con un saldo, tras cuatro años de recortes, de más de 70 pérdidas de empleos directos e indirectos.
Free Colors era una referencia en Álvarez, comuna de poco más de 8 mil habitantes, ubicada a 20 minutos de la ciudad de Rosario. Nacida a principios de los ‘60, se erigió como un ejemplo de superación y desarrollo de la industria argentina. Supo instalar una planta propia en un predio de 50 mil metros cuadrados, con tecnología de primera calidad y bajo los más estrictos niveles de seguridad, a partir de la cual comenzó a desarrollarse hasta convertirse en una de las organizaciones más representativas de la región en materia de fabricación y comercialización de artículos de pirotecnia.
En 2015, la empresa contaba con 75 trabajadores directos e indirectos que participaban de la cadena industrial y comercial, distribuidos entre planta permanente, locales, viajantes, proveedores y tercerizados. En 2016, en el contexto de una provincia que promovía cada vez más intentos de prohibiciones contra la pirotecnia, una actividad legal, contemplada y avalada por la Constitución Nacional (Ley 20.429), Free Colors sintió el golpe de la crisis que afecta al país.
Al finalizar ese año, la empresa había pasado a trabajar con solamente 42 empleados, directos e indirectos. En 2017, ese número se redujo a 24 y continuó decreciendo. En 2018 fueron 16; en enero de 2019, solamente ocho trabajadores se mantenían activos. Esa actividad era completamente relativa, ya que desde finales del año pasado, ante la falta de demanda y las trabas que debía superar en cada una de las ciudades donde antes se comercializaba, la compañía se había visto forzada a detener completamente su producción.
En ese período de cuatro años, algunos pocos casos son previos, prohibieron la actividad más de 50 ciudades en toda la provincia de Santa Fe, además de dos proyectos, presentados por los diputados Julio Eggiman y Antonio Bonfatti, que proponen prohibir la pirotecnia en toda la provincia. Muchos de los representantes de estas ciudades, actuaron bajo procesos puramente declamativos, sin sustento legal y sin el debido proceso de debate y consenso que necesitan este tipo de reglas.
En el medio, un sinfín de pedidos de audiencia y derecho a réplica de las autoridades de Free Colors, en defensa de la actividad y sus trabajadores, desoídos por las personas y organismos implicados: Miguel Lifschitz, gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe; Raúl Fernández, presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados de Santa Fe; Guido Ulises Paz, presidente de la comuna de Álvarez.
La omisión, la necedad y los intereses personales de unos pocos primaron una vez más por sobre el derecho al trabajo de los argentinos y terminaron con la historia de una referencia de la industria nacional.
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