El Tribunal de San Francisco dictó prisión perpetua para la madre de Aralí Vivas, su padrastro y un allegado, condenados por el abuso sexual, homicidio agravado y el incendio deliberado de la vivienda familiar.

Sentencia histórica y máxima condena en los tribunales cordobeses

En una jornada cargada de tensión judicial y conmoción social, la Cámara del Crimen de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, dictó la sentencia de prisión perpetua para los tres adultos responsables del asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue ultimada en la localidad de Brinkmann. El veredicto cerró un proceso que mantuvo en vilo a la comunidad local y nacional debido a las atroces circunstancias en que se sucedieron las agresiones y el posterior intento de encubrimiento del hecho.

Los magistrados técnicos Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena, acompañados por un cuerpo de jurados populares, resolvieron aplicar la sanción máxima a Rocío Rauch (28 años, madre biológica de la pequeña), a su pareja Ezequiel Simeone (33 años, padrastro) y a Cristian Varela (40 años, allegado a la familia). Las imputaciones acreditadas abarcan las figuras de abuso sexual agravado, homicidio agravado e incendio intencional con la finalidad explícita de ocultar material probatorio.

La resolución del jurado reflejó una convicción abrumadora: en los casos de Simeone y Varela la votación resultó unánime con 12 votos condenatorios, mientras que la culpabilidad de Rauch se determinó por una amplia mayoría de 10 votos, desestimando los planteos exculpatorios que su defensa ensayó a lo largo de las distintas audiencias orales.

La reconstrucción del trágico episodio en Brinkmann

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del 1 de noviembre de 2024, en un inmueble ubicado sobre la calle Caseros al 800, en la localidad de Brinkmann. En dicha propiedad convivían la niña, su progenitora, el padrastro y cinco hermanos menores. Aquella jornada, una dotación de bomberos voluntarios debió acudir de urgencia ante el reporte vecinal de un siniestro en desarrollo dentro de una vivienda particular habitada por niños pequeños.

Al arribar y sofocar las llamas, los efectivos de auxilio constataron de inmediato dos factores llamativos: el foco ígneo no presentaba características de propagación generalizada, sino que permanecía circunscripto a una habitación de la planta alta. En ese sector fue hallado el cuerpo inerte de la niña. La posterior intervención forense y pericial reveló la presencia de un traumatismo craneal severo y lesiones inequívocas compatibles con reiterados abusos físicos y ultrajes sexuales de extrema gravedad.

La labor pericial y el desmoronamiento de la coartada

La investigación encabezada por el fiscal de instrucción Oscar Gieco resultó determinante para desarticular rápidamente la hipótesis inicial de una fatalidad doméstica. La pesquisa determinó que en la residencia se había desarrollado una reunión social o fiesta donde intervinieron activamente los dos masculinos juzgados, mediando consumo problemático de estupefacientes y un ambiente de violencia reiterada.

El análisis científico determinó que la menor ya se encontraba fallecida al instante en que se iniciaron las llamas en la planta alta. El fuego fue iniciado de forma deliberada con el único objetivo de calcinar el cadáver, alterar la escena del crimen y hacer desaparecer las huellas genéticas de las agresiones cometidas momentos previos. Frente a estas certezas materiales, el fiscal ordenó la inmediata detención y posterior remisión a juicio de todo el núcleo adulto a cargo del domicilio.

Estrategias de defensa y las tensiones en la sala

A lo largo del debate, el patrocinio letrado de la madre sostuvo que la imputada se encontraba ausente de la vivienda desde la víspera del hecho, intentando desligarla de la coautoría del crimen. No obstante, las evidencias ventiladas en el debate demostraron un cuadro de abandono flagrante de los deberes de protección, facilitación del entorno de riesgo y omisión deliberada ante vejaciones continuadas dentro del hogar, justificando su responsabilidad penal en grado concurrente.

El anuncio del veredicto generó momentos de extremo dramatismo dentro de la sala de audiencias. Tras la notificación de la condena a reclusión perpetua, se produjeron cruces de insultos y recriminaciones públicas entre la madre, el padre biológico de la menor y el padrastro, reflejando el deterioro extremo de la dinámica vincular que rodeó la vida de la menor hasta su trágico desenlace.

Implicancias jurídicas del sistema de juicio por jurados

El juzgamiento bajo la modalidad mixta de la provincia de Córdoba —que combina jueces profesionales y ciudadanos comunes designados por sorteo público— ratificó la solvencia institucional del mecanismo ante delitos complejos contra la integridad de las personas:

• Participación ciudadana directa: Garantizó la valoración integral de las pruebas testimoniales y periciales desde una óptica social y jurídica rigurosa.
• Doble conforme penal: La sentencia atiende a parámetros de proporcionalidad estricta fijados por el Código Penal de la Nación frente al femicidio y los ultrajes agravados.
• Sanción al desamparo infantil: El fallo sienta un antecedente clave sobre la responsabilidad penal de quienes, teniendo posición de garantes, permiten o convalidan la vulneración absoluta de menores bajo su tutela.

Los tres condenados continuarán alojados en establecimientos penitenciarios provinciales bajo régimen de cumplimiento efectivo, dando cierre judicial a un caso emblemático que conmocionó las estructuras de protección a la niñez en toda la región.