La medida afecta a casi un centenar de choferes en el Gran Resistencia. Las empresas alegan imposibilidad de pago y advierten que, sin asistencia urgente, el sistema marcha hacia una quiebra definitiva.
Lectura exprés
- ¿Qué sucedió?
Empresas de transporte público del Chaco enviaron telegramas de suspensión a 90 trabajadores. - ¿Quiénes son los protagonistas?
La CETACH (empresarios), los choferes nucleados en la UTA y el Gobierno provincial. - ¿Cuándo ocurrió?
La medida se hizo efectiva en las últimas horas, agravando el conflicto existente. - ¿Dónde impacta?
En el servicio de transporte del Gran Resistencia y líneas interurbanas. - ¿Cuál es el argumento empresarial?
Sostienen que hay una "crisis terminal" por falta de fondos, tarifas desactualizadas y quita de subsidios. - ¿Por qué es importante?
Pone en riesgo la continuidad del servicio público y amenaza con un paro total de actividades. - ¿Qué consecuencias inmediatas hay?
Reducción de frecuencias y estado de alerta y movilización por parte del gremio.
La situación del transporte público de pasajeros en la provincia del Chaco ha tocado un nuevo fondo. En una decisión que marca la gravedad del escenario económico, las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco (CETACH) han procedido a la suspensión de 90 trabajadores, argumentando una imposibilidad fáctica de sostener la operatividad bajo las condiciones actuales.
Una medida drástica ante la falta de recursos
Según informaron los referentes del sector empresarial, la decisión no es caprichosa, sino una consecuencia directa del desfinanciamiento del sistema. Los telegramas comenzaron a llegar a los empleados en un contexto donde la ecuación económica de las empresas ha dejado de cerrar, producto de la combinación entre inflación, aumento de combustibles y retraso en las tarifas.
Desde la CETACH advirtieron que el sistema se encuentra en una "crisis terminal". La suspensión de los 90 trabajadores busca, según los empresarios, evitar el colapso total y la quiebra definitiva de las compañías, aunque reconocen el impacto social devastador que esto tiene sobre las familias de los choferes afectados.
El conflicto por los subsidios y las tarifas
El nudo del conflicto radica en la disparidad entre los costos reales de mover las unidades y los ingresos que perciben las empresas. Los empresarios señalan tres factores determinantes:
- La quita o reducción de subsidios nacionales que históricamente sostenían el boleto en el interior del país.
- La insuficiencia de los aportes provinciales para cubrir la brecha.
- Una tarifa técnica que supera ampliamente el valor que hoy abonan los usuarios a través del sistema SUBE.
Los voceros del sector han sido contundentes al declarar que "sin recursos no hay transporte". Aseguran que se ha llegado a un punto de inflexión donde ya no es posible financiar el gasoil ni los repuestos necesarios para mantener las unidades en la calle, mucho menos afrontar la totalidad de la masa salarial.
Reacción gremial y posible paro
Como era de esperarse, la reacción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no tardó en llegar. El gremio se declaró en estado de alerta y movilización, rechazando de plano las suspensiones. Para el sindicato, la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores.
Esta tensión abre la puerta a nuevas medidas de fuerza que podrían dejar a pie a miles de usuarios en el Gran Resistencia. Si no se revierte la medida de las suspensiones o se garantiza el pago de los salarios caídos, el gremio podría convocar a un paro total de actividades en el corto plazo.
Impacto en los usuarios
Más allá de la disputa laboral y financiera, los principales perjudicados continúan siendo los pasajeros. La reducción de personal implica, inevitablemente, una merma en la frecuencia de los servicios. Con 90 choferes menos en actividad, las unidades tardarán más en pasar, generando aglomeraciones y demoras significativas para quienes dependen del colectivo para ir a trabajar o estudiar.
Las autoridades provinciales se encuentran ahora bajo presión para mediar en el conflicto y buscar una solución financiera de emergencia que permita reincorporar a los trabajadores y garantizar la prestación de un servicio esencial que hoy pende de un hilo.
