Lectura exprés

• ¿Qué sucedió? El granadero Rodrigo Andrés Gómez se suicidó en su puesto de guardia en la Quinta de Olivos tras ser víctima de una estafa y extorsión iniciada en una app de citas.
• ¿Quiénes están involucrados? La víctima es Rodrigo Gómez (21). Los victimarios son tres presos de los penales de Magdalena y Olmos, junto a sus parejas que colaboraban desde afuera.
• ¿Cuándo ocurrió? El suicidio fue el 16 de diciembre de 2025. Los allanamientos y detenciones de la banda se produjeron en la madrugada del 10 de febrero de 2026.
• ¿Dónde fue? El hecho principal ocurrió en la Quinta Presidencial de Olivos. La red operaba desde cárceles bonaerenses y domicilios en el Gran Buenos Aires.
• ¿Cómo se produjo? Mediante un perfil falso en la app "Evermch", los delincuentes simularon ser una mujer, luego una madre indignada y finalmente un policía falso que exigía dinero.
• ¿Por qué es importante? Expone la peligrosidad del uso de celulares en las cárceles y la vulnerabilidad de los jóvenes ante estafas psicológicas y extorsiones digitales.
• ¿Qué consecuencias hay? Siete personas detenidas (tres ya estaban presas) bajo cargos de asociación ilícita y estafas reiteradas. La causa está a cargo de la jueza Arroyo Salgado.

La carta que reveló un infierno de extorsión

Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años, era formoseño y cumplía con el honor de custodiar la Quinta de Olivos como parte del Regimiento de Granaderos a Caballo. El 16 de diciembre pasado, en una de las garitas de seguridad de la residencia presidencial, Rodrigo se quitó la vida con su fusil FAL [00:45]. Junto a su cuerpo, dejó una carta que fue la llave para desbaratar una perversa red de sextorsión.

En su mensaje de despedida, el joven confesó haber caído en una trampa tras ingresar a una aplicación de citas: "¿Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas... estos policías son corruptos, nunca creí que mi vida fuera a terminar así" [01:37]. Rodrigo creía estar hablando con funcionarios reales que le exigían dinero para no denunciarlo por chatear con una supuesta menor de edad.

El "Audio del Terror" y el falso policía

La investigación, liderada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, determinó que el esquema se basaba en una manipulación psicológica extrema. La banda utilizaba un perfil falso bajo el nombre de "Julieta Shel Cardoso" para atraer a las víctimas [07:31]. Una vez que el contacto pasaba a WhatsApp, se activaba el "audio del terror": una mujer simulando ser la madre de una niña de 17 años gritaba y amenazaba con denunciar al "degenerado" ante la policía [06:05].

• Usurpación de identidad: Los delincuentes utilizaban el nombre real de un efectivo de la Policía de la Ciudad, Matías Nahuel Conti, para dar credibilidad a la extorsión [08:27].
• Exigencias económicas: En audios desesperantes, el falso policía le pedía sumas como 200.000 pesos inmediatos para "frenar la causa" [05:11].
• Perjuicio total: Rodrigo llegó a transferir un total de 1.400.000 pesos en tres operaciones distintas a diversas billeteras virtuales [06:56].

Delincuentes con "home office" en la cárcel

Lo más indignante del caso es que los cerebros de la banda ya estaban tras las rejas. Los líderes fueron identificados como Tomás Francavila (22) y Mauricio Duarte (24), ambos alojados en el penal de Magdalena, y Kevin Manuel Sandoval (34), en el penal de Olmos [11:06]. Estos sujetos contaban con teléfonos celulares y acceso a internet para operar libremente desde sus celdas.

Afuera, sus parejas y colaboradoras eran las encargadas de recibir el dinero. Karen Cufré y Yara Cosentino ponían sus nombres y alias de cuentas virtuales para las transferencias, y se sospecha que una de ellas prestaba su voz para el "audio de la madre indignada" [11:40]. En total, siete personas fueron detenidas tras una serie de allanamientos realizados esta madrugada [12:16].

El debate por los celulares en los penales

Este caso vuelve a poner en el centro del debate el uso de dispositivos móviles dentro del sistema carcelario argentino. Si bien el permiso se otorgó de manera excepcional durante la pandemia, la falta de controles ha convertido a las celdas en verdaderos centros de llamadas para estafas [03:24]. La ministra de seguridad y las autoridades judiciales enfrentan ahora el reclamo social por la falta de inhibidores de señal y protocolos que eviten que más jóvenes como Rodrigo caigan en estas redes de hostigamiento y desesperación [12:24].