Si el dinero se invierte este año, representará un incremento de 25% en el plan de inversión de YPF en el upstream. Sin embargo, todavía no se explicitó qué criterios se tomaran en consideración para la selección de proyectos, cómo se elaborará el ranking de prioridades y cuál será el mecanismo administrativo para que IEASA pueda inyectar esos fondos.
La AFIP informó el domingo que unos 10.000 contribuyentes pagaron, o comenzaron a pagar en hasta 6 cuotas, el Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas. Los datos preliminares muestran que la recaudación será de al menos 223.000 millones de pesos. De ese total, 55.000 millones de pesos, unos 550 millones de dólares, serán destinados a financiar programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.
El rol de IEASA e YPF
La ley establece que los recursos para el desarrollo del gas se canalizarán a través de la estatal IEASA (ex Enarsa), la cual viabilizará esos proyectos proponiendo y acordando con YPF, en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución.
IEASA luego deberá reinvertir las utilidades provenientes de los proyectos, “en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a 10 años a contar desde el inicio de la vigencia del presente régimen”.
Dentro del gobierno, algunos sectores exploraron en las últimas semanas la posibilidad de que IEASA no solo se asocie con YPF para el desarrollo de proyectos sino también con algunas petroleras privadas, al menos en aquellas zonas donde YPF no muestre interés e incluso ha iniciado un proceso de desinversión. De hecho, hubo contactos entre algunos funcionarios y empresarios de petroleras independientes por este tema. EconoJournal consultó a IEASA para saber si ellos estaban contemplando esa posibilidad, pero fuentes de la compañía lo descartaron. “No tenemos pensado juntarnos con ninguna petrolera salvo YPF, es lo que manda la ley. Proyectos con YPF”, respondieron.
Qué proyectos se financiarán
En artículo 7 de la ley 27.605 aclara que los proyectos de desarrollo de gas deberán ser aprobados por la secretaría de Energía de la Nación. El organismo que conduce Darío Martínez todavía no explicitó qué criterios se tomaran en consideración para la selección de proyectos y cómo se elaborará el ranking de prioridades. Esos puntos serán claves para tratar de reducir la discrecionalidad al momento de definir en qué áreas se invertirá primero.
El gobierno también debe precisar cuál será el mecanismo administrativo para que IEASA pueda inyectar los fondos recaudados en desarrollos de YPF. Son montos importantes: YPF anunció una inversión en upstream para 2021 de US$ 2100 millones, de los cuales 1300 millones irían al no convencional y 800 millones al convencional. IEASA podría aumentar esos desembolsos en un 25% si la empresa estatal inyecta este año en la petrolera el dinero ya recaudado por el Aporte de las Grandes Fortunas.
Ahora que el dinero empezó a fluir es necesario que la secretaría de Energía acelere los tiempos y comience a tomar definiciones sobre estos temas para sacarle el máximo provecho a los fondos.
Piso de 550 millones de dólares
La ley 27.605 que aprobó el Congreso en diciembre establece en su artículo 7 que el 25% de los recursos estarán destinados a proyectos de desarrollo de gas. Por ahora son unos 550.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, pero esa cifra podría crecer porque en el organismo fiscal estiman que unos 3000 contribuyentes todavía no cumplieron con el pago del aporte, aproximadamente un 20% del universo total estimado.
De esos 3000 contribuyentes, unos 200 presentaron una demanda en la Justicia para no pagar el aporte y habrá que esperar la resolución de esas demandas, mientras que los 2800 restantes simplemente decidieron no pagar, tal vez porque tienen la expectativa de que no serán alcanzados por el radar del organismo recaudador.
En respuesta a esos ciudadanos, la AFIP informó que “ya inició un número relevante de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”. “Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, agregaron.
En el debate que se llevó adelante en el Congreso a fines del año pasado el gobierno informó que preveía recaudar 307.000 millones de pesos. Hasta ahora embolsaron el 73 por ciento del monto proyectado. Si efectivamente lograran llegar a los 307.000 millones, el monto destinado a proyectos de gas treparía a 76.750 millones, unos 767 millones de dólares.
