Un nuevo informe advierte que el Presupuesto 2026 profundiza el ajuste: la inversión nacional en educación tocaría un piso histórico del 0,75% del PBI. Las escuelas técnicas pierden su piso legal de financiamiento.
"Golpe De Vista"
Lectura exprés
- ¿Qué revela el informe sobre el Presupuesto 2026?
Que la inversión nacional en educación y cultura caerá al 0,75% del PBI, profundizando la tendencia a la baja iniciada en 2024. - ¿Cómo afecta a las Escuelas Técnicas?
Es uno de los puntos más críticos: el Presupuesto suspende el artículo de la ley que garantizaba un piso mínimo de fondos (0,2% de los ingresos públicos) para la Educación Técnico Profesional. - ¿Qué implica esto para los talleres?
Desfinanciamiento del INET, lo que pone en riesgo la compra de insumos, maquinaria y las prácticas profesionalizantes de los estudiantes. - ¿Cuánto cae la inversión respecto a años anteriores?
La inversión prevista del 0,75% del PBI contrasta fuertemente con el 1,48% alcanzado en 2023. - ¿Qué pasa con la Ciencia y la Tecnología?
El sector sufre un recorte real estimado en casi el 50% respecto a 2023, afectando becas e investigación. - ¿Se cumple la meta del 6% del PBI?
No. Con la Nación aportando menos del 1% (cuando debería aportar cerca del 1,5% o 2%), el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo se vuelve inviable para las provincias.
El análisis detallado del Presupuesto 2026, recientemente debatido en el Congreso, confirma los temores de la comunidad educativa: la Argentina se encamina a uno de los niveles de inversión educativa nacional más bajos de su historia reciente. Según el informe de Argentinos por la Educación, la partida destinada a la función "Educación y Cultura" representará apenas el 0,75% del PBI el próximo año.
Este dato no es menor: implica una caída sostenida si se lo compara con el 0,88% proyectado para 2025 y, más drásticamente, con el 1,48% ejecutado en 2023. El ajuste consolida una retirada del Estado nacional en el financiamiento del sistema, transfiriendo una presión fiscal inédita a las provincias y desprotegiendo áreas estratégicas para el desarrollo productivo.
Golpe al corazón de la Educación Técnica
Si hay un sector donde el Presupuesto 2026 impacta con fuerza quirúrgica es en la Educación Técnico Profesional (ETP). El texto oficial incluye la suspensión del cumplimiento del artículo 52 de la Ley N° 26.058.
¿Qué significa esto? Esa ley, sancionada en 2005, obligaba al Estado a destinar un fondo específico no inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes para el financiamiento exclusivo de escuelas técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional. Al derogar o suspender este piso en el Presupuesto 2026, el financiamiento queda sujeto a la discrecionalidad del Ejecutivo, sin garantía legal.
Las consecuencias directas alertadas por el informe incluyen:
- Desabastecimiento de talleres: Las escuelas técnicas dependen de estos fondos (administrados por el INET) para comprar insumos diarios como metales, maderas, electrodos y reactivos.
- Obsolescencia tecnológica: Se frena la renovación de maquinaria (tornos CNC, impresoras 3D, equipamiento agropecuario), vital para que los egresados conozcan las tecnologías vigentes en la industria.
- Riesgo en seguridad: Menor presupuesto para el mantenimiento de entornos formativos que requieren condiciones estrictas de seguridad e higiene.
Ciencia y Universidad: cifras en rojo
El reporte también pone la lupa sobre el sistema universitario y científico. Al proyectar los números para 2026 y compararlos con la ejecución de 2023 (en moneda constante), el panorama es desolador:
- Ciencia y Tecnología: Se estima una caída real cercana al 48,8%. Esto afecta directamente a organismos de investigación y programas de desarrollo.
- Becas Estudiantiles: Los programas de ayuda económica para estudiantes (como el Progresar) muestran una caída real que podría superar el 70% respecto a los valores de 2023, dificultando la permanencia de los alumnos de menores recursos.
Un cambio de paradigma silencioso
Más allá de los números fríos, el informe subraya un cambio estructural. La Ley de Educación Nacional exige una inversión consolidada (Nación + Provincias) del 6% del PBI. Históricamente, la Nación se hacía cargo de una cuarta parte de ese esfuerzo (aprox. 1,5% del PBI).
Al reducir su aporte al 0,75%, el Estado nacional se retira a niveles mínimos, haciendo matemáticamente imposible que las provincias —ya golpeadas por la caída de la coparticipación— puedan compensar la diferencia para alcanzar la meta legal. De esta forma, el Presupuesto 2026 no solo ajusta gastos, sino que redefine tácitamente la responsabilidad federal sobre la educación pública.
