Penitenciarios que no los llevan a las aulas, dificultad para inscribirse en cursos, demoras que se consumen el acortamiento de la pena logrado y más.
"Les venden humo. Hay muchas promesas imposibles de ser realizadas. Y ellas les creen. Fantasean". La que habla es una docente que trabaja en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza, la cárcel de mujeres más poblada de la Argentina. Se refiere a sus alumnas y a la Ley de Estímulo Educativo, que estuvo en la agenda de las últimas semanas a partir del beneficio al que accedió el exvicepresidente Amado Boudou.
"Ellas se la pasan sacando cuentas: suponete que calculan tres meses por los cursos, más otros tres meses por haber terminado la secundaria. El tema es que con eso no alcanza, porque todo termina en la decisión de un juez, que nunca resuelve como resolvieron con Boudou", detalla la educadora.
El Estímulo Educativo es, en realidad, un artículo (el 140) de La ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, la N° 24.660. El otorgamiento del beneficio no reduce la pena o condena. Solo achica el tiempo para solicitar beneficios como salidas transitorias, libertad asistida o libertad condicional, siempre y cuando el juzgado correspondiente lo autorice.
Para que se entienda: en la Argentina algunos detenidos pueden solicitar las salidas transitorias al cumplir la mitad de la pena (Boudou es uno de ellos, por el tipo de delito que cometió). Entonces, si la condena es de seis años, podrá solicitarlas a los tres de cumplimiento efectivo. Pero si se le otorgaron tres meses por Estímulo Educativo, podrá hacerlo a partir de los dos años y nueve meses. Lo mismo con la libertad condicional y la asistida.
Cada ciclo lectivo anual (sea de nivel primario, secundario o universitario), equivale a un mes de adelantamiento; un curso de formación profesional anual o equivalente, a dos meses por año. El que termina la primaria, suma otros dos meses. El que egresa de la secundaria, tres. Y el que hace lo mismo en una carrera universitaria, otros cuatro. El máximo acumulado posible para un detenido es de 20 meses.
Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses por los delitos de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, ambos en concurso ideal”. Sus abogados informaron que estando en el Complejo 1 de Ezeiza y en la Unidad 31 de la misma localidad, había realizado talleres de "Programador de sistema de base de datos de computadoras personales", "Montador electricista", "Electricista instalador", "Práctico en organización de eventos" y "Taller de Filosofía".
La carga horaria de las actividades permitieron que el juez Daniel Obligado le reconociera un adelantamiento de diez meses en sus pedidos de transitorias, libertad condicional o asistida. Hoy, se encontraría en condiciones de acceder a salidas transitorias. Y en 2022, podría solicitar su libertad. Desde abril pasado, Boudou se encuentra en prisión domiciliaria. Repasando la tabla de los meses reconocidos por cursos anuales de formación profesional y por ciclo lectivo universitario, se entiende por qué el exvicepresidente eligió talleres en lugar de una carrera universitaria en la primera etapa de su detención.
Los detenidos en unidades penitenciarias federales son calificados cada tres meses. Se trata de informes criminológicos realizados por personal penitenciario, que terminan en poder de los jueces, y que incluyen una nota de "conducta" y de "concepto". En esos escritos se cuenta, además, entre otras cosas, si el detenido trabaja o estudia. De ahí el juez determina si otorga adelantamientos de beneficios por Estímulo Educativo. A Boudou se los dieron. Al resto, según fuentes consultadas por Clarín, le cuesta un poco más.
"El tema es que los Juzgados de ejecución valoran más los informes del Servicio Penitenciario que a los cursos o estudios. Y los jueces se nutren de informes subjetivos. Acá hay un psicólogo para 400 detenidos. Ni el mejor profesional puede evaluar bien a tantos pacientes", se queja un detenido. Y sigue, desde un centro universitario de un penal federal: "Hay una disimilitud de criterios, una valoración distinta. Hay compañeros que hicieron un mismo curso, pero a uno el juzgado le reconoció los dos meses. Y al otro, su Juzgado, no le adelantó nada".
"Otro problema que tienen las detenidas es que reciben el certificado de estudios, pero por ahí no tienen un abogado que se mueva para que el juez reciba el documento", retoma la docente de la cárcel de mujeres. "Si bien existe un decreto reglamentario que dice que la función del SPF [Servicio Penitenciario Federal] es informar a los juzgados, eso no pasa. Y el juez no es informado sobre los estudios del detenido. Entonces, cursaron en vano".
Otro inconveniente similar surge a partir de los traslados a unidades del interior del país. Si el detenido lleva ocho meses en el taller de Electricidad, pero es enviado a otra unidad, nadie le reconocerá los días cursados.
La "bajada" es otra cuestión que padecen los detenidos comunes. Por más inscriptos que estén en actividades, muchas veces el personal penitenciario no los convoca para llevarlos desde los pabellones hasta los sectores de educación o formación, y luego les dicen a los docentes que "sus alumnos prefirieron quedarse en los pabellones".
"Eso pasa más que nada con los talleres de la UBA, el Ministerio o alguna ONG. Porque cuando la actividad es del SPF, los penitenciarios llevan a los detenidos", dice el coordinador de una carrera universitaria.
Para Ariel Cejas, procurador penitenciario adjunto interino, es importante aclarar que para un detenido común no es fácil inscribirse en un curso, en la primaria, la secundaria o en alguna carrera universitaria. "Y el que lo logra, puede inscribirse en uno. No es fácil hacer varios cursos en un año. Después de completar la carga horaria, todo queda a criterio del Servicio Penitenciario y el Juzgado dictamina la cantidad de meses".
"Después, tenés jueces que te otorgan el adelantamiento, pero te niegan la salida transitoria", dice un abogado recibido en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto. Y agrega: "Te pueden mandar a hacer otro curso, y mientras el detenido lo hace, se le pasan los meses que le debían adelantar".
"Muchas veces el juez tarda en resolver. Solicitás un adelantamiento de diez meses, pero te responde cuando faltan tres meses para que podamos solicitar el beneficio. Y nadie te devuelve esos siete meses que quedaron afuera", señala el detenido que estudia en una cárcel federal. A modo de conclusión, un compañero de él agrega: "no vemos como algo malo que se le hayan adelantado esos diez meses [a Boudou], porque está dentro de la ley. Pero estaría bueno sentar un precedente, para que a todos nos evalúen de la misma manera".
