Un reportaje exclusivo arroja luz sobre las difíciles condiciones y la represión que enfrentan empleados de un importante casino en Misiones. 

En una nota periodística reveladora, la plataforma de ciberperiodismo nos acerca a la preocupante situación de dos trabajadores del Casino Club de Posadas, Misiones. Gisela y Sergio, representantes de sus compañeros, exponen un panorama de persecución laboral, bajos salarios y malos tratos por parte de la empresa, que se agrava con la detención de un colega bajo cargos de asociación ilícita, en un caso que, según ellos, es impulsado por la propia compañía.

La voz de los trabajadores suele ser silenciada, pero en esta ocasión, a través de una pieza de ciberperiodismo que destaca por su cercanía a los protagonistas, Gisela y Sergio, empleados del Casino Club en Posadas, Misiones, han podido denunciar públicamente una serie de graves problemáticas. Ambos relataron a la producción del portal que la empresa, Casino Club, que gestiona siete sucursales en la ciudad, ha iniciado una campaña de persecución contra ellos y sus compañeros.

Una de las primeras batallas que libraron los trabajadores fue por la salud de todos. Gisela y Sergio consiguieron, mediante una ordenanza municipal, prohibir el cigarrillo en los locales de juego de Garupá, una localidad cercana, y luego hicieron lo mismo en la sala central de fumadores del casino en Posadas. Esta acción, que buscaba proteger la salud de empleados y clientes, generó un fuerte descontento en los dueños de la empresa, quienes, según los testimonios, incluso intentaron que se siguiera permitiendo fumar a pesar de la legislación vigente.

Condiciones laborales y un caso de detención sin precedentes

Más allá de la cuestión del tabaco, las denuncias de los empleados giran en torno a sueldos bajos, malos tratos y una evidente persecución hacia aquellos que se organizan y defienden los derechos laborales. "El trabajo en la empresa es bastante complicado de lo psicológico", afirmó Sergio, describiendo un ambiente hostil para quienes apoyan al grupo de delegados.

La situación ha escalado a un nivel crítico con la detención de un compañero, el tercer delegado, identificado como Olivera. Según Gisela y Sergio, Olivera fue arrestado bajo la acusación de asociación ilícita, junto a un psiquiatra, Gómez. La empresa los denunció, alegando que los delegados derivaban trabajadores a Gómez para que cobraran una parte de sus honorarios, una acusación que los empleados niegan rotundamente y para la cual afirman tener todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

Olivera lleva una semana detenido, y sus compañeros expresan un temor genuino de sufrir la misma suerte. Han puesto a disposición de la justicia todas sus pruebas, incluyendo audios, pero aún no han sido llamados a declarar. La falta de diálogo con la empresa y el silencio ante sus reclamos profundizan la incertidumbre.

Despidos encubiertos y la complejidad de la justicia

Los trabajadores también mencionaron una preocupación sobre la antigüedad de los empleados. Tanto Gisela como Olivera tienen 23 años de servicio, mientras que Sergio suma 18 años. Esta antigüedad, que debería ser un valor, parece ser un factor que la empresa busca "sacarse de encima", ofreciendo arreglos para que los empleados más experimentados se desvinculen de la compañía.

Finalmente, Sergio reveló una anomalía en el proceso judicial: el caso está siendo investigado por un juez que no tendría la orden de la cámara. Además, una compañera se comunicó tras la difusión inicial de la noticia para confesar que fue obligada por la empresa, específicamente por una persona identificada como Lupiano, a realizar una denuncia falsa en contra de los delegados, lo que sugiere un intento de manipular la justicia.