El anuncio del "aguinaldo piquetero" intenta bajar los decibeles del reclamo social. Se estudian más medidas y se apela a la gestión de los intendentes.
Juan Zabaleta está demostrando ser un hombre previsor: sabe que el mes de diciembre constituye el "test ácido" para todo ministro de Desarrollo Social y está tomando los recaudos para evitar situaciones de desborde en la protesta social.
El anuncio que se acaba de hacer sobre el pago de un bono de fin de año para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo -conocido también como "aguinaldo piquetero"- es la demostración de que hizo una lectura minuciosa de las señales sobre un posible estallido social.
El costo de la nueva medida tiene un costo potencial de $12.000 millones para el fisco, si es que finalmente el beneficio se hace extensivo al millón y medio de inscriptos al plan. Aunque es probable que, además, esta ayuda también se aplique a beneficiarios de otros programas de asistencia social.
En términos de esfuerzo fiscal, es una cifra relativamente menor si se lo compara con lo que habría sido el pago de un IFE -que el año pasado costaba $90.000 millones y hoy, si se ajustara por inflación, llegaría a $135.000 millones.
Pero si, en cambio, se la compara con la deuda por de $1.260 millones que los piqueteros le reclamaron a mediados de año por concepto de retraso en los "salarios sociales", entonces la cifra es grande.
De lo que no cabe duda es que, en este contexto, el Gobierno no escatimará en usar la billetera fiscal. Por lo pronto, el Tesoro acaba de obtener un financiamiento neto de $149.000 millones en el mes, al salir a pedir crédito para renovar los vencimientos de deuda. Pero, además, recibió hace una semana una nueva asistencia del Banco Central, por concepto de adelanto transitorio, de $80.000 millones.
En definitiva, plata se va a conseguir. "El Gobierno analiza siempre mejorar y asistir, y estar al lado de los argentinos y de los que la están pasando mal. Son decisiones que vamos a ir anunciando", dijo Zabaleta, tras una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
A lo largo del año, el ministerio ha ido recibiendo refuerzos a su presupuesto inicial de $360.000 millones, con lo que está en un nivel de $530.000 millones. Aun así, le ha costado mantener bajo control la relación con las organizaciones piqueteras, que han denunciado reiteradas veces incumplimientos en las ayudas prometidas.
Las señales de la bronca
La señal más reciente sobre la urgencia para instrumentar una nueva ayuda la tuvo Zabaleta la semana pasada, cuando una nueva manifestación masiva de piqueteros por la avenida 9 de Julio cortó el tránsito en toda la avenida y concentró más de 30.000 personas frente a la sede del ministerio.
No sólo fue impactante el reclamo -a esta altura, uno más en el ya casi cotidiano calendario de protestas- sino el tono de los reclamos de los líderes de organizaciones sociales. Por caso, Eduardo Belliboni, uno de los líderes del Polo Obrero, llegó a agitar el fantasma de un estallido similar al del año 2001.
"La preocupación crece en las barriadas. El Gobierno no está atendiendo la emergencia de fin de año y esto, a 20 años del diciembre trágico de Fernando de la Rúa, puede terminar muy mal", había dicho el piquetero, uno de los exponentes de la "línea dura" entre las organizaciones sociales.
Para este sector, el Gobierno debe pagar un "aguinaldo completo para los trabajadores del Potenciar Trabajo". Esto implica, pretenden que la ayuda de diciembre sea por los $16.000 y no por la mitad, como ofrece Zabaleta.
Y, además, reiteran un pedido que se viene escuchando desde hace meses, y sobre el cual el Gobierno no tiene capacidad de respuesta: que no haya trabajadores con ingresos por debajo de la canasta básica. Es un reclamo virtualmente imposible de atender, porque implica un ingreso familiar de $75.000, algo que les cuesta incluso a familias de asalariados formales, dado que dos personas con el ingreso mínimo y que además perciban dos asignaciones universales por hijo no llegan a cobrar esa cifra.
Evitando el "síndrome de Arroyo"
Lo cierto es que cualquier alusión al fin de año del 2001 es suficiente como para poner en alerta a cualquier Gobierno, y más aun si se trata de uno de signo peronista, cuyo principal activo político reconocido por toda la sociedad es su capacidad para canalizar y contener la protesta social sin que se produzca una pérdida del "control de la calle".
De hecho, esas alusiones al 2001 hacen recordar la advertencia que en su momento hizo Eduardo Duhalde en el sentido de que el país se encontraba en riesgo de una guerra civil, que se estaba gestando un nuevo "que se vayan todos".
Es por eso que el "operativo diciembre en paz" ha sido una prioridad política absoluta.
Desde su asunción, el ministro Zabaleta intenta un difícil equilibrio para atender los reclamos sin exponerse a situaciones que menoscaben su autoridad, como le ocurrió a su antecesor, Daniel Arroyo, cuya gestión terminó erosionada por las críticas de los propios piqueteros aliados del Gobierno.
Hace un año, Arroyo había sido acusado de incumplir su promesa de reforzar la asistencia tras el duro período de la cuarentena. En aquel momento, un documento firmado incluso por piqueteros que ocupan cargos en el Gobierno, como Daniel Menéndez y Emilio Pérsico, se acusó al ex ministro de "ningunear el trabajo de miles de compañeros". Justo cuando se daba fin a programas como el IFE, los piqueteros le reclamaban más planes de trabajo y una mejora económica "para que no sean nuevamente los más pobres quienes asuman los costos de la crisis".
Y tal vez la frase más hiriente, para un Gobierno que focaliza su estrategia en denunciar la herencia recibida de la gestión macrista, fue esta: "Salimos nuevamente a las calles a reclamar respuestas de un Gobierno que prometió cambiar el desastre macrista pero a casi dos años sigue con las políticas de ajuste".
Arroyo, que debió ver cómo bajo su gestión la pobreza llegaba a niveles récord, había hecho un intento poco exitoso de transmitir tranquilidad, al anunciar la extensión del Potenciar Trabajo, de la ayuda con la tarjeta Alimentar y de las medidas contra la inflación.
Pero su prédica no encontró eco a nivel interno, como quedó demostrado por la elocuencia de Emilio Pérsico y Juan Grabois, que criticaron la propuesta oficial de reforzar la Tarjeta Alimentar, a la que calificaron como "un parche" frente a la necesidad de creación de trabajo genuino. "Es pan para hoy y hambre para mañana" fue la expresiva definición de Pérsico ante la serie de anuncios con los que el Gobierno intentó calmar la corriente interna de reclamos para una mayor asistencia social.
Uno de los puntos cúlmines de la tensión fue el acto por el día de San Cayetano, que esta vez diluyó su habitual contenido religioso para tansformarse en un acto eminentemente político, con una marcha a la plaza de Mayo.
En esa ocasión se hizo oficial el reclamo por la instauración de un "salario universal" y se escuchó un diagnóstico duro: la política de asistencia tradicional ya estaba superada por la realidad y no era efectiva para luchar contra la pobreza.
Pocos lo expresaron de forma tan cruda como Juan Grabois, quien en la previa de la marcha por el día de San Cayetano advirtió: "La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente".
Apelando a la red de intendentes
A Zabaleta le tocó asumir dos días después, y una de sus primeras promesas fue que, bajo su gestión, "no hará falta cortar las calles para poder dialogar".
La realidad es que las calles se cortaron con una frecuencia que preocupó al Gobierno, y que las protestas adquirieron por momentos un carácter violento, como cuando un grupo irrumpió en la entrada del ministerio y escribió, con granos de polenta, un elocuente mensaje "Basta de polenta".
El ministro exigió levantar acampes y cortes de tránsito como condición para el diálogo, luego tomó algunas de los reclamos piqueteros -como que no se pierda el derecho de cobro de la asistencia social cuando se consigue un trabajo formal- pero lo cierto es que se le está haciendo difícil dar respuesta a las demandas.
La más compleja es la de transformar los planes en trabajo genuino, algo complicado desde lo operativo, sobre todo por la cantidad de beneficiarios de la asistencia social que estarían involucrados.
"Estamos terminando de definir esta semana con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, los acuerdos y los convenios con el área para volcarlos al sector de la construcción y el gastronómico", dijo Zabaleta, que avanza paso a paso en la dirección reclamada.
Pero la tensión social, lejos de disminuir, se está agravando. Es por eso que el Gobierno está también "empoderando" más que nunca a los intendentes del conurbano, para que en sus respectivos distritos extremen los esfuerzos por mantener la paz social.
La preocupación del Gobierno se evidencia en el hecho de que, pasadas las elecciones legislativas, lo primero que hizo Alberto Fernández fue garantizarle a Martín Insaurralde que no se cortarían las partidas presupuestales de ayuda para gestionar la asistencia en el conurbano.
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