A pesar de los múltiples pedidos de nulidad de la defensa, el Tribunal Oral Federal N°2 ratificó su decisión de avanzar con el remate de los bienes de la ex presidenta y los demás imputados. El proceso de decomiso, que busca reparar el daño al Estado, se considera un hito en la lucha contra la corrupción
Un capítulo decisivo en la causa por corrupción conocida como Vialidad ha comenzado. El Tribunal Oral Federal N°2 ha dado un paso firme al rechazar los últimos recursos de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, lo que despeja el camino para el remate de los bienes decomisados. La medida, que busca resarcir al Estado por el multimillonario fraude, se lleva a cabo a pesar de las objeciones y de los intentos de la defensa por frenar el proceso judicial.
Un remate millonario y un fallo contundente
El Tribunal ha sido contundente al aclarar que el recurso de apelación que la defensa de Kirchner presentó ante la Cámara de Casación Penal no suspende la ejecución del decomiso. La decisión judicial sienta un precedente importante, al separar el proceso de remate de la revisión de la sentencia. La Justicia ha calculado que el monto total del decomiso, que corresponde al daño causado al defraudar al Estado con el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, asciende a la impactante suma de $684.990 millones.
La defensa de la ex mandataria había argumentado que el decomiso debía ser gestionado por un juzgado civil y comercial, ya que existía una demanda de Vialidad Nacional por un monto menor. Sin embargo, el tribunal desestimó este planteo, ratificando la facultad del fuero penal para avanzar en el proceso. El fallo fortalece la posición de la Justicia en su lucha contra la corrupción y la impunidad, al dejar en claro que los bienes obtenidos de forma ilícita deben ser restituidos al Estado sin dilaciones.
El decomiso en marcha: el caso Lázaro Báez
El proceso de remate ya ha dado sus primeros pasos con el decomiso de los bienes de Lázaro Báez, el empresario patagónico beneficiado por los contratos de obra pública. El Tribunal Oral Federal N°4, con la firma del juez Néstor Costabel, ordenó la transferencia a Argentina de 3 millones de euros y 1 millón de dólares que se encontraban en cuentas en el exterior. Además, se dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y de su hijo, que incluyen lotes, departamentos, casas y estancias, distribuidas en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut. Aunque aún no se ha especificado qué bienes de la ex presidenta serán subastados, el avance en el caso de Báez sugiere que la maquinaria judicial ya se encuentra en marcha para el decomiso de todos los bienes asociados a la causa.
