El Banco Central del Paraguay ordenó la disolución de Ueno Bank tras detectarse autopréstamos millonarios sin garantías, desatando masivas protestas de ahorristas y una fuerte conmoción política que roza al presidente Santiago Peña.

El colapso de Ueno Bank y la orden de disolución oficial

El sistema financiero paraguayo enfrenta su momento de mayor zozobra desde la década de 1990 y la crisis de Multibanco en 2003. El Banco Central del Paraguay (BCP) tomó la drástica determinación de resolver la disolución y extinción definitiva de Ueno Bank, procediendo al cierre operativo de la entidad con el propósito de iniciar de inmediato el inventario de activos y pasivos para reintegrar fondos a los depositantes. La medida provocó una inmediata reacción popular en las calles de la capital, donde cientos de ahorristas y pequeños comerciantes se concentraron frente a las sucursales bancarias exigiendo la restitución de su dinero.

La decisión oficial no constituyó un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de deterioro institucional que venía siendo alertado internamente por técnicos de supervisión. La entidad bancaria, que había desembarcado con agresividad en el mercado local tras consolidarse formalmente como banco en el año 2023, exhibió un crecimiento meteórico que rápidamente despertó sospechas en analistas y medios independientes debido a la concesión de líneas crediticias fuera de todo marco de razonabilidad prudencial.

Maniobras financieras: créditos a sola firma y autopréstamos

El detonante técnico de la intervención radicó en las conclusiones de una minuciosa auditoría de la Superintendencia de Bancos sobre la cartera crediticia. Los inspectores descubrieron que Ueno Bank operaba otorgando préstamos millonarios —en algunos casos de hasta 5 millones de dólares— bajo la modalidad de sola firma y con un respaldo documental prácticamente nulo. Estas operaciones de altísimo riesgo se concedían con notable docilidad a personas allegadas al poder político y a firmas comerciales ligadas al propio conglomerado empresarial.

La investigación determinó la existencia de un circuito cerrado de financiamiento ilícito:

• Exceso en límites de exposición: La entidad vulneró reiteradamente los topes que la ley bancaria impone para préstamos cruzados entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.
• Triangulación de cartera: Ante las observaciones de los entes reguladores, las obligaciones fueron transferidas a compañías satélites que, indirectamente, respondían a los mismos accionistas, manteniendo los fondos cautivos sin salir del círculo propio.
• Falta de trazabilidad de inversiones: Gran parte del capital multimillonario derivado mediante estos préstamos carece a la fecha de constancias fehacientes de inversión productiva real.

El impacto sobre los fondos de jubilaciones del IPS

Uno de los costados más sensibles y alarmantes del derrumbe financiero es la exposición de los recursos de la seguridad social. A través de ofertas de tasas de retorno muy por encima del promedio del mercado, el banco logró captar un volumen considerable de colocaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal donde convergen de manera obligatoria los aportes de trabajadores formales y patronales de todo el país.

Se calcula que los fondos colocados en esta institución rondan los 360 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 9% del total administrado por la caja previsional paraguaya. Aunque la autoridad previsional procuró llevar calma al sostener que el grueso operativo continúa resguardado, la historia económica de la nación genera profundo escepticismo, dado que el IPS ha sido históricamente el principal acreedor perjudicado en los episodios de vaciamiento y liquidación bancaria del pasado.

Conexiones políticas y la figura de Santiago Peña

El escándalo ha penetrado de lleno en el seno del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, Santiago Peña Palacios, un economista formado en el propio Banco Central y exministro de Hacienda, arrastra vínculos directos con el origen de la firma: figuró como uno de los accionistas principales del holding propietario del banco hasta 2024, momento en el cual se desprendió formalmente de su paquete accionario tras publicaciones periodísticas que expusieron su declaración jurada patrimonial.

A esta proximidad corporativa se suman denuncias sobre el financiamiento otorgado a miembros de su entorno familiar, como créditos millonarios con escaso respaldo asignados a comercios de indumentaria vinculados a su nuera. Pese a que semanas atrás el mandatario calificaba la situación como una simple puja comercial entre grupos mediáticos y banqueros rivales, la realidad forzó un cambio drástico de postura oficial.

Medidas del Ejecutivo y el fantasma del juicio político

En un mensaje emitido por cadena oficial, el presidente Peña reconoció la gravedad del escenario y anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para acelerar los mecanismos de devolución de depósitos. Según la versión gubernamental, la cobertura alcanzará al 98% de los ahorristas, cifra que en el plano fáctico engloba mayoritariamente a cuentacorrentistas y pequeños cuentapropistas con saldos reducidos, mientras que el grueso del capital volatilizado sigue atrapado en el 2% de los grandes acreedores y beneficiarios de los créditos discrecionales.

En el marco de la reestructuración de emergencia, el Ejecutivo propuso la designación del economista Raúl Vera Bogado para asumir la presidencia del Banco Central del Paraguay, junto a dos nuevos miembros de directorio. En simultáneo, en la Cámara de Diputados de la nación vecina diversos bloques opositores comenzaron a articular consultas formales para evaluar la presentación de un pedido de juicio político contra Santiago Peña, señalando la incompatibilidad ética y la eventual responsabilidad en la falta oportuna de control sobre la entidad intervenida.