La mayoría de los bienes, propiedades, autos, barcos, aviones y dinero en cuentas bancarias no se pueden usar hasta que se ponga en marcha el decreto de extinción de dominio que firmó el presidente Mauricio Macri.
como ejemplo:
Ante la imposibilidad de dar a los bienes, el uso, el cuidado y preservación que necesitan, esa obligación le genera al Estado una pérdida aproximada de la misma cantidad de dinero que pudo recuperar. Es decir, de entre 2 mil millones y 4 mil millones de dólares.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló en un informe de La Cornisa que ella computa no solo el alquiler de los grandes galpones sino también los viajes, la logística y las horas de trabajo de las fuerzas de seguridad que se ocupan del tema.
Según el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados (RNBSD), la justicia tiene incautadas 5 aeronaves, 1705 automotores, 3 buques y 286 inmuebles. Se trata de bienes secuestrados de causas por corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.
Los bienes deben ser mantenidos durante el tiempo que dure el proceso de cada causa y es la justicia quien dispone de ellos. Muchos son utilizados por la misma justica y otros son entregados a distintas áreas del Estado para su uso. Ninguno de ellos puede venderse y el Estado debe hacerse cargo de ellos.
Solamente la Prefectura tiene 70 predios en todo el país para albergar los bienes del delito, pero esos espacios ya no dan abasto, por eso, la fuerza tuvo que alquilar dos galpones más que le generan un gasto mensual de $650.000. Uno de ellos, en Buenos Aires, alberga 11 autos de alta gama valuados en $24.212.500 que insumen un costo de $77.228 en seguros básicos, la cobertura mínima para que estén bajo techo.
En definitiva, el Estado destina más de $400.000 por mes sólo en este galpón. Se trata de dinero que el Estado debe aportar para cuidar bienes que no le son de utilidad pero que está obligado a mantener.
En Zárate el centro de formación de la Prefectura cuida el famoso yate que perteneció al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Está valuado en un millón de dólares y para mantenerlo operativo y en buen estado es necesario que esté en funcionamiento, así que la fuerza lo utiliza para fines educativos y en tareas de patrullaje. La Prefectura es muy cuidadosa en su uso. Un viaje de seis horas a bordo de este barco implica un gasto de $45.000 solamente en combustible.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que la solución esta en la famosa extinción de dominio, una herramienta que Macri decretó por DNU pero que fue rechazado en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
La oposición quiere derogar el DNU firmado en enero por el presidente Mauricio Macri. Sin embargo deberá lograr que sea rechazado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, de lo contrario el decreto sigue vigente. El proyecto será discutido el miércoles 24 de abril en la Cámara baja.