El Superior Tribunal de Justicia confirmó la cesantía de un profesor de Educación Física que utilizó un certificado trucho para viajar al Mundial de Rusia en el 2018. Había sido condenado a dos años de prisión por fraude y uso de documento falso.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la cesantía de un docente que utilizó un certificado trucho para viajar al Mundial de Rusia en el 2018. Por la utilización de ese documento falso y el fraude cometido había sido condenado a dos años de prisión y seis meses de inhabilitación, pero quedaba resolver el planteo administrativo, ya que el Estado lo había echado.
Ayer, la Sala C del STJ, integrada por José Sappa y Eduardo Fernández Mendía, rechazó la demanda contencioso-administrativa interpuesta por Franco Agustín Sánchez Viglino contra la Provincia de La Pampa por esa cesantía.
Sánchez Viglino pidió la declaración de nulidad del decreto 3222/21 que decidió la sanción de cesantía, ratificada mediante el decreto 5069/21 (Actuación nº 1426551). Solicitó también que se declare la inconstitucionalidad del artículo 80, segundo párrafo, de la ley 1124 que establece un plazo de dos años de inhabilitación para el personal cesanteado.
Los jueces del STJ rechazaron la demanda y concluyeron que "el decreto 3222/21 que decidió la sanción de cesantía, ratificada mediante el decreto 5069/21, no contiene visos de ilegalidad ni de inconstitucionalidad alegados por el señor Franco Agustín Sánchez Viglino.
Dicho de otro modo, el acto administrativo impugnado está suficientemente motivado y fundado, pues se encuentra acreditado —y está fuera de discusión—, que el actor fue condenado como autor material y penalmente responsable de los delitos de fraude contra la Administración pública y de uso de documento falso; y que la Administración está legalmente facultada a declarar la responsabilidad disciplinaria del agente al constatar la afectación del deber funcional, independientemente de la responsabilidad penal".
La causa
Sánchez Viglino es profesor de educación física que, al momento de los hechos, trabajaba en Jagüel del Monte. El 19 de marzo del año 2020, el juez de audiencia de General Pico, Carlos Federico Pellegrino, lo condenó a dos años en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos en la administración público, por hallarlo culpable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso, en concurso ideal.
Además, le impuso reglas de conducta por el mismo período (fijar domicilio y someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras). La misma pena se le aplicó a otro profesor de educación física, Sergio Eduardo Sánchez, que se desempeñaba en Victorica.
En el juicio se demostró que los imputados, en su condición de docentes dependiente del Ministerio de Educación, presentaron certificados psicológicos con el fin de obtener una licencia con goce de haberes y en ese período viajaron a Rusia para ver el mundial.
En los certificados se les recomendó «reposo laboral» desde el 13 de junio al 5 de julio por «depresión leve». El torneo se desarrolló del 14 de junio al 15 de julio. Ellos salieron del país, de acuerdo a un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, el 14 de junio y regresaron el 5 de julio. A su vez la empresa área Air Canadá detalló que había vendido los pasajes el 6 de noviembre de 2017.
El 6 de noviembre del 2020, la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, conformada por la jueza María Eugenia Schijvarger y el juez Mauricio Federico Piombi, hizo lugar parcialmente al recurso de impugnación de Vlasich y Piazza y si bien mantuvo la condena de dos años en suspenso, le redujo la inhabilitación a seis meses por considerar que «para este caso concreto la aplicación de la inhabilitación perpetua frente al perjuicio causado deviene desproporcionada».
