Lectura exprés

• ¿Qué sucedió?
  El gobierno de Javier Milei modificó la Ley de Inteligencia mediante un DNU, otorgando a los agentes capacidad de detener personas sin orden judicial.
• ¿Quiénes son los protagonistas?
  El presidente Javier Milei, el asesor Santiago Caputo (al frente de la SIDE) y los organismos de Derechos Humanos que denuncian la medida.
• ¿Cuándo ocurrió?
  La firma del decreto se realizó en secreto durante las celebraciones de Año Nuevo de 2026.
• ¿Dónde se aplica?
  La normativa tiene alcance nacional, afectando el funcionamiento de la inteligencia en toda la República Argentina.
• ¿Cómo se produjo el cambio?
  Se transformó a la Agencia de Seguridad Nacional en una agencia de "contrainteligencia", habilitando el apoyo de las Fuerzas Armadas.
• ¿Por qué es importante?
  Rompe la división histórica entre inteligencia y seguridad interior, habilitando la persecución de opositores y periodistas bajo la doctrina del "enemigo interno".
• ¿Qué consecuencias hay?
  El Congreso tiene la potestad de rechazar el DNU, mientras crece el temor social por el retroceso en garantías constitucionales a 50 años del golpe de 1976.

Un Año Nuevo bajo la sombra del decreto

Mientras la sociedad argentina levantaba sus copas para celebrar la llegada del 2026, el Poder Ejecutivo avanzaba en silencio con una de las reformas más controvertidas de su gestión. Aprovechando la distracción festiva, se firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reescribe las reglas del juego democrático en materia de seguridad e inteligencia. Lo que se presentó administrativamente como una reestructuración, ha sido decodificado por expertos y organismos civiles como la instauración de una policía secreta con facultades que no se veían desde los años más oscuros de la historia nacional.

La maniobra política, ejecutada con rapidez y sin debate parlamentario previo, modifica profundamente la estructura de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Lejos de buscar una modernización tecnológica o una mayor transparencia, el decreto dota a los agentes de inteligencia de una herramienta letal para las garantías individuales: la capacidad de realizar detenciones sin la necesidad de una orden judicial previa, basándose únicamente en criterios de inteligencia interna.

La SIDE: De la recolección de datos a la acción policial

El núcleo de la polémica reside en la difuminación de los límites entre la inteligencia estratégica y la acción policial directa. Históricamente, y por mandato constitucional y legal tras el retorno de la democracia, los organismos de inteligencia tenían vedada la función policial. Su rol se limitaba a la reunión y análisis de información para la toma de decisiones al más alto nivel. Sin embargo, este nuevo marco normativo rompe ese consenso democrático.

Bajo la dirección del influyente y polémico Santiago Caputo, la SIDE se transforma ahora en una fuerza con capacidad operativa de choque. La normativa habilita a los agentes a "aprehender personas" sin el control de un juez de garantías en el momento del hecho. Esto significa que un ciudadano podría ser privado de su libertad basándose en sospechas o informes de inteligencia no judicializados, eliminando la barrera protectora que supone el Poder Judicial entre el aparato represivo del Estado y el individuo.

Además, el decreto estipula que la inteligencia puede solicitar apoyo directo de las Fuerzas Armadas y de seguridad, militarizando potencialmente la seguridad interior y creando una estructura de poder coercitivo sin precedentes en la democracia moderna argentina.

La doctrina del "Enemigo Interno": Periodismo y Oposición en la mira

Uno de los aspectos más alarmantes del DNU es el cambio de denominación y misión de las agencias internas. La antigua Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse formalmente como Agencia de Contrainteligencia. Aunque el cambio de nombre parezca burocrático, esconde un giro ideológico sustancial: el énfasis en la persecución del "enemigo interno".

Analistas advierten que esta reorientación no busca combatir amenazas externas (como el terrorismo internacional o ataques de otras naciones), sino que pone el foco dentro de las fronteras. En este nuevo esquema:

• Los periodistas: Podrían ser objeto de vigilancia y detención si sus investigaciones son consideradas perjudiciales para los intereses del Estado o la "seguridad nacional" redefinida por el gobierno.
• La oposición política: La disidencia podría ser interpretada como una acción de desestabilización, habilitando el uso del aparato de inteligencia para neutralizar adversarios políticos.

Este enfoque resucita doctrinas de seguridad nacional que se creían superadas, donde la diferencia de opinión se equipara a una amenaza a la soberanía.

Ecos oscuros: A 50 años de 1976

El contexto temporal no es menor. Este endurecimiento autoritario llega justamente cuando se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura militar (1976). La coincidencia histórica carga de simbolismo negativo a la medida. Para gran parte de la sociedad civil, la habilitación de grupos de tareas con capacidad de detención autónoma es un eco directo de los procedimientos ilegales que caracterizaron al terrorismo de Estado.

La reforma plantea un escenario de Estado de Excepción de facto, donde las garantías constitucionales mínimas quedan supeditadas a la voluntad del Ejecutivo y sus agencias de espionaje. La sensación de un "Estado represor oscuro", como se menciona en los análisis preliminares, genera un clima de incertidumbre jurídica y temor social.

El rol del Congreso: La última barrera

A pesar de que el decreto ya se encuentra en vigencia por la propia naturaleza de los DNU, la batalla institucional no está terminada. El sistema republicano argentino otorga al Congreso de la Nación la facultad —y la responsabilidad— de revisar estas medidas. Para que el decreto pierda validez, debe ser rechazado explícitamente por ambas cámaras legislativas.

Las próximas semanas serán críticas para el futuro institucional de la Argentina. El debate no es solo legal, sino existencial para la democracia: se define si el país logra mantener los elementos propios de un Estado de Derecho, donde impera la ley y la división de poderes, o si avanza sin frenos hacia un modelo de Estado Autoritario donde la inteligencia estatal opera por encima de la libertad de los ciudadanos.

Mientras tanto, la vigilancia sobre la "Policía Secreta" de Caputo será la tarea principal de una sociedad civil que, medio siglo después, vuelve a ver fantasmas que creía haber enterrado.