Un informe legislativo argentino apunta a responsabilidades políticas concretas en la promoción y gestión de la criptomoneda Libra, abriendo el debate sobre el desempeño presidencial y el rol del Congreso.
Investigación parlamentaria por Libra: el contexto y los protagonistas
En una jornada cargada de tensión política y seguimiento mediático, la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra concluyó su labor en el Congreso argentino. Durante su exposición final, distintos legisladores de la oposición destacaron la gravedad institucional de la presunta estafa vinculada a la criptomoneda Libra, impulsada desde altas esferas oficiales.
Responsabilidad política y análisis legal
El expediente presentado ante el Congreso detalla una secuencia de hechos en que se atribuye al presidente Javier Milei y a la secretaria de Presidencia Karina Milei una colaboración imprescindible en la promoción y monetización de Libra. Según los miembros de la comisión, la promoción pública desde cuentas verificadas y la autorización de reuniones en dependencias oficiales potenciaron el alcance de la operatoria, afectando a miles de inversores.
- Javier Milei: acusado de utilizar su investidura para avalar el proyecto Libra y omitir controles internos.
- Karina Milei: vinculada por su rol en facilitar el ingreso de promotores de Libra a espacios oficiales.
- Empresarios, asesores y organizadores fueron señalados por transferencias y reuniones clave.
El informe final y sus principales conclusiones
El documento emitido por la comisión describe un patrón sostenido de acciones y omisiones incompatibles con la función constitucional presidencial. Entre los hallazgos, se destaca que Libra no fue auditada, existió omisión deliberada de activar controles y las instalaciones oficiales fueron usadas para facilitar el contacto entre funcionarios y empresarios.
Datos relevantes del informe incluyen:
- Transferencias directas por más de US$550.000 identificadas en billeteras cripto vinculadas a empresarios y promotores.
- Movimientos coincidentes en fechas y montos con eventos políticos y foros tecnológicos.
- Advertencias formales ignoradas y ausencia de respuesta del Ejecutivo a pedidos de la comisión parlamentaria.
Debate y reacción oficialista
La oposición logró reunir catorce firmas sobre veintiocho presentes para el informe, aunque el bloque oficialista denunció irregularidades en la emisión y aseguró que el documento carece de validez reglamentaria por no tener mayoría absoluta. Sin embargo, los diputados opositores remarcaron que sus avances lograron más trazabilidad en el dinero, acceso a billeteras virtuales y recomendaciones judiciales, superando los obstáculos puestos por el Poder Judicial en la pesquisa.
- El informe recomienda considerar un juicio político por mal desempeño presidencial.
- Se propone continuar la investigación y crear una oficina del Congreso destinada a estos casos.
- Las declaraciones del oficialismo mantienen la postura de que la maniobra fue urdida por privados y que la justicia debe tener prioridad en cualquier acusación institucional.
Cuestiones de fondo y perspectivas
La comisión sostiene que el acuerdo operativo de Libra tenía el objetivo de monetizar la imagen presidencial y amplificar las inversiones a partir de su promoción formal. Para los investigadores, la relevancia del caso reside tanto en la presunta estafa a los inversores como en los riesgos de institucionalidad generados por la utilización del aparato político para favorecer operaciones privadas.
Relevancia institucional y social:
- El caso Libra exhibe la vulnerabilidad de los controles legislativos en proyectos cripto.
- Pone a prueba la capacidad de investigación del Congreso ante el poder Ejecutivo.
- Inaugura un área sensible sobre responsabilidad política y uso de la imagen institucional.
- Solicita convocar a Karina Milei y requerir más información al presidente.
- Se postula la continuidad jurisdiccional y administrativa para esclarecer la maniobra y sus responsables.
Desafíos a futuro y demandas ciudadanas
El debate sobre Libra y las implicancias institucionales marca un punto de inflexión para el Congreso y el Ejecutivo argentino. La exigencia pública de transparencia, control y auditoría en proyectos con fuerte impacto financiero y social moviliza tanto a opositores como a ciudadanos afectados por el funcionamiento de la criptomoneda. En lo inmediato, la continuidad de la investigación y la discusión por el juicio político al presidente prometen mantener en eje la atención parlamentaria y pública.
