Múltiples pacientes denunciaron al ginecólogo Gustavo Kumiega por prácticas invasivas no consentidas, comentarios ultrajantes y diagnósticos falsos durante consultas ecográficas en Resistencia, solicitándose formalmente su detención judicial inmediata.

Un patrón de vulneración en la intimidad de la consulta

La comunidad médica y la opinión pública de la provincia del Chaco atraviesan horas de profunda conmoción tras la multiplicación de denuncias formales por abuso sexual y mala praxis contra el médico ginecólogo Gustavo Omar Kumiega. El profesional, de dilatada trayectoria en la capital chaqueña, quedó en el centro de un expediente penal que ya reúne a más de siete víctimas directas, quienes describieron maniobras denigrantes, prácticas físicas desmedidas e interrogatorios improcedentes ejecutados en la absoluta soledad de su consultorio privado en Resistencia.

La cronología judicial comenzó a acelerarse a partir del testimonio de Karla Herrán, una joven de 26 años que radicó la primera denuncia penal el 23 de septiembre de 2026. La paciente había sido derivada a la consulta ginecológica a principios de julio por indicación de una médica dermatóloga, con el objetivo de realizar una evaluación hormonal preventiva orientada a determinar el origen de un cuadro cutáneo. Sin embargo, lo que debía constituir un procedimiento rutinario de diagnóstico por imágenes derivó en una situación traumática que motivó el patrocinio letrado del abogado penalista Hernán Cordón.

De acuerdo con la exposición judicial de la denunciante y las declaraciones públicas de su representante legal, el médico exhibió desde el primer contacto una conducta invasiva y carente de ética profesional, dirigiéndose a la paciente con comentarios sobre su belleza corporal y abordando de manera reiterada preguntas sobre su vida íntima que nada tenían que ver con el requerimiento médico original. El hostigamiento verbal devino rápidamente en insinuaciones directas donde el facultativo instaba a la joven a aumentar su frecuencia coital como supuesta terapéutica médica.

La manipulación ecográfica y el presunto falso diagnóstico

El núcleo más grave de la imputación fáctica se produjo durante la realización de estudios de ecografía transvaginal. El letrado querellante detalló que el profesional aprovechó la posición de absoluta indefensión física de la paciente sobre la camilla ginecológica para profundizar conductas ultrajantes:

• Conversaciones humillantes en pleno procedimiento: Mientras introducía el transductor médico, el profesional apoyaba el codo sobre la paciente y le aseguraba que sus problemas corporales se debían a que "le faltaban raciones sexuales", sugiriéndole incluso buscar otras parejas o postulándose indirectamente frente a la negativa de la joven.
• Maniobras mecánicas lesivas: En una segunda ecografía de control, la víctima denunció que el ginecólogo colocó un preservativo sobre el instrumental pero omitió la utilización del gel lubricante reglamentario, moviendo el transductor de un ovario al otro mediante movimientos circulares forzados que le causaron agudo dolor e incomodidad física.
• Diagnóstico cuestionado de quistes: Tras el estudio, el médico afirmó haber detectado síndrome de ovario poliquístico y le suministró muestras de anticonceptivos orales que posteriormente se comprobó estaban vencidas.

La falsedad del cuadro clínico quedó evidenciada días después, cuando la paciente relató lo sucedido a su dermatóloga tratante. Ante la incertidumbre médica, la joven consultó a una segunda ginecóloga mujer, quien le practicó un nuevo examen transvaginal independiente y dictaminó categóricamente que no presentaba quiste alguno ni anomalías orgánicas en sus ovarios, lo que corroboró que el diagnóstico inicial había sido una maniobra instrumental para obligarla a concurrir a segundas consultas innecesarias.

El pedido de detención y el perfil de las denunciantes

Frente a la gravedad de los hechos relatados y la posibilidad de entorpecimiento probatorio, el abogado Hernán Cordón solicitó ante la Fiscalía interviniente la inmediata detención de Gustavo Kumiega. La querella fundamentó su reclamo en la existencia de un modus operandi estructurado y en el riesgo inminente de que el imputado altere historias clínicas, registros informáticos o intente amedrentar a las testigos.

Durante declaraciones periodísticas, Cordón remarcó que existe una notable homogeneidad en los perfiles de las mujeres que se animaron a radicar denuncias tras la apertura del caso:

• Selección de víctimas por vulnerabilidad: Pacientes jóvenes, muchas de ellas acudiendo por primera vez a un control ginecológico profundo, sin parámetros previos claros sobre los límites éticos y protocolares del examen médico.
• Reiteración de frases de sometimiento: La insistencia en prescribir actividad sexual como remedio ginecológico y la crítica a sus vínculos personales estables, descalificando a sus parejas.
• Comentarios cosificantes posconsulta: Pacientes que fueron pesadas en ropa interior mientras el profesional emitía opiniones no solicitadas sobre sus proporciones corporales.

Asimismo, la parte querellante propuso la citación como testigos a las profesionales de la salud que asistieron a Karla posteriormente, cuyas observaciones técnicas resultarán determinantes para consolidar la imputación por abuso sexual con acceso indebido en contexto de atención médica.

La estrategia defensiva y la catarata de testimonios históricos

Desde la vereda opuesta, el abogado defensor de Kumiega, Zacarías Issolo, manifestó públicamente que hasta el momento no se ha formalizado una acusación con prisión preventiva en perjuicio de su asistido, sosteniendo que las prácticas médicas se encuadraron dentro de la lex artis y atribuyendo las acusaciones a una presunta malinterpretación de la relación médico-paciente.

No obstante, la repercusión que cobró la causa en Resistencia abrió un verdadero canal de testimonios retrospectivos. A través de redes sociales y foros judiciales locales, diversas mujeres comenzaron a contactar a los abogados y a las primeras denunciantes asegurando haber sufrido episodios idénticos de acoso físico y verbal en el mismo consultorio en los años 2000, 2002 y 2004, lo que sugiere que las inconductas se extendieron a lo largo de décadas bajo un velo de silencio impuesto por la vergüenza y el temor institucional.

La salud íntima bajo la lupa de la Justicia penal

El caso Kumiega vuelve a poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de actualizar los protocolos de seguridad en la atención ginecológica en el Chaco. Especialistas en derechos del paciente remarcan que cualquier estudio intracavitario debe realizarse con pleno consentimiento informado, garantizando la posibilidad de que la paciente esté acompañada por una persona de confianza o por una enfermera auxiliar presente en la sala de ecografía para disuadir cualquier exceso.

Mientras la Fiscalía evalúa los informes periciales, los registros del consultorio y los testimonios de las contrapruebas médicas, la sociedad chaqueña demanda celeridad en una causa paradigmática. La investigación no solo busca determinar la responsabilidad penal del profesional acusado, sino también enviar un mensaje contundente a todo el sistema sanitario: el guardapolvo blanco y la autoridad médica jamás pueden operar como salvoconducto para la vulneración del cuerpo y la dignidad de las mujeres.