Corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

Una serie de allanamientos y nuevas evidencias pusieron al descubierto un entramado de corrupción millonaria en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), involucrando a exfuncionarios del Ministerio de Economía, empresarios ligados al sector de insumos médicos, círculos familiares y redes empresariales que operaban como nexo con droguerías y proveedores estatales. El epicentro de la causa involucra principalmente a Miguel Ángel Calvete, señalado por los investigadores judiciales como el operador central, y a su hija Ornella Calvete, funcionaria de Economía, además de otros cómplices que tejieron un sistema paralelo de sobornos y sobreprecios sobre contrataciones estatales.

El descubrimiento de fondos ocultos y la mecánica delictiva

Las investigaciones avanzaron tras el hallazgo de cerca de 700.000 dólares en efectivo y otras divisas durante un procedimiento judicial realizado en el domicilio de Ornella Calvete. Además, el allanamiento en la casa de Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete, arrojó la incautación de 83.000 dólares adicionales. Este dinero, según los fiscales, estaría directamente vinculado al cobro y distribución de coimas, describiéndose en los chats obtenidos como fondos destinados a sobornar funcionarios, para pagar sobreprecios y financiar viajes de los directivos.

• Chats y cuadernos secuestrados muestran anotaciones sobre pagos indebidos y distribución de fondos.
• En las conversaciones investigadas, Calvete instruía transferencias de millones de pesos para viajes y gastos personales de funcionarios, explicitando circuitos para la obtención de beneficios económicos mediante la manipulación de licitaciones públicas.
• Familiares y allegados a Calvete figuraban como titulares y administradores de cuentas, actuando como intermediarios en las operaciones sospechosas.

El impacto político y las primeras consecuencias

Tras la revelación de la trama, la funcionaria Ornella Calvete presentó su renuncia y otros implicados fueron despedidos de sus cargos en el Ministerio de Economía. El caso afecta de lleno al Gobierno de Javier Milei, según detallan las fuentes, ya que la investigación expone cómo parte de la estructura estatal fue utilizada para canalizar fondos públicos a circuitos privados ilegales, y cómo las asociaciones ilícitas ponían en jaque los recursos destinados a personas con discapacidad.

Además de Ornella Calvete, entre los despedidos figuran:

• Javier Cardini, pareja de Ornella Calvete, subsecretario de gestión productiva.
• Susana Calvete, hermana de Miguel Calvete, asesora en la Secretaría de Industria.
• Mariano Galviao, exempleado de Calvete en Defensa del Consumidor.
• Diego Spagnuolo, director de la ANDIS mencionado en los chats.
• Daniel Garbellini y Lorena Diorio, ligados a la agencia y al esquema de pagos ilegítimos.

La trama judicial y el silencio de los acusados

La causa penal avanza pero los principales acusados se han negado a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello. Los fiscales sostienen que la compleja red detectada incluía:

• Intermediarios entre la agencia, droguerías y funcionarios para el cobro de coimas.
• Seguridad operativa mediante la manipulación de teléfonos celulares y destrucción de evidencia digital.
• Montajes y facturas apócrifas para justificar gastos millonarios que nunca se concretaron en servicios estatales reales.

Se citan hechos tales como el intento de cobro de una factura de 73 millones de pesos por presuntos servicios materiales para campañas y cartelería política, gastos nunca acreditados y discutidos por el propio apoderado de la Alianza La Libertad Avanza. Este dato se suma a la larga lista de mecanismos fraudulentos mediante los cuales los fondos asignados a la discapacidad habrían sido desviados, según los fiscales y pericias judiciales.

El perjuicio para la sociedad y el final abierto

Las consecuencias del escándalo repercuten más allá del ámbito político y judicial. Diversos testimonios destacan la grave afectación que la maniobra causó a personas con discapacidad, quienes sufrieron recortes y demoras en sus prestaciones a raíz de los desvíos presupuestarios. Organizaciones sociales y familias denunciaron la suspensión de servicios y talleres integradores, mientras el área oficial intentaba justificar los faltantes tras prometer una “limpieza” contra la corrupción en gestiones anteriores.

Con varios imputados y la causa en pleno desarrollo, el caso ha sido calificado como uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años vinculados a discapacidad, por el volumen de fondos involucrados, la multiplicidad de actores y el impacto sobre una población especialmente vulnerable. El curso de la investigación se mantiene abierto, con escuchas, audios, evidencia documental y nuevos allanamientos confirmados.