La Justicia obliga al Estado provincial a vender 10 mil hectáreas en la Reserva Corazón de la Isla

La polémica medida fue ordenada por el Superior Tribunal de Justicia donde obliga al Gobierno venderle a una mujer las hectáreas que están protegidas por Ley.

Todo se inició en la década del 90 cuando Mirna Antunovic de Bridge inició los trámites para mensurar a su nombre un predio, cuya venta fue aprobada solamente por 3.400 hectáreas.  En el año 2000, el Ejecutivo de este entonces entendió que la venta presenta "vicios insubsanables", es decir irregularidades en la maniobra para vender esos terrenos, por lo que la Legislatura ratifica esa observación y meses después sanciona la Ley que crea la Reserva Corazón de la Isla, incluyendo esos lotes.

Disconforme con la medida, Antunovic realiza un amparo para regularizar las tierras y en el año 2002 la Secretaría Legal y Técnica dice que debe reconocerse los derechos de la mujer, sin embargo la Fiscalía de Estado rechaza esa mirada, a la que adhiere la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento.

Ya en el año 2008 el Ejecutivo vuelve a rechazar la venta de los terrenos mediante un decreto provincial, por lo que Antunovic presenta ante el Superior Tribunal de Justicia una demanda, la cual ordena que se realice un nuevo acto administrativo para la venta de los terrenos.

El tiempo pasó y en el año 2015, la ex gobernadora Fabiana Ríos rechaza la adjudicación en venta de Antunovic, por lo que la mujer vuelve a ir a la Justicia y los jueces vuelven a darle un fallo a su favor, pidiendo al gobierno cumplir con la sentencia administrativa para la venta de los terrenos. Frente a esto, el Ejecutivo provincial y el área Legal del Gobierno resuelven darle la venta a la mujer, por lo que eleva el decreto a la Legislatura cuyos integrantes lo ratificaron pero no lo aprobaron, perdiendo estado parlamentario, es decir que todo quedó en la nada. 

El 10 de febrero de 2016, el Superior Tribunal ordena por segunda vez al Ejecutivo a dar cumplimiento a la sentencia del 2014, pero nunca fue tratado. Según lo establecido en la Ley 1184, la Legislatura cuenta con 30 días hábiles para ratificar o rechazar los decretos de adjudicaciones de tierras fiscales provinciales de más de 100 hectáreas. Si una vez vencido ese plazo no se hubiera tomado decisión alguna, el decreto en cuestión “se considerará ratificado tácitamente”.

En el 2018, Antunovic presenta un nuevo reclamo a la gobernadora solicitando la inscripción dominial de la tierra adjudicada, entendiendo que por la Ley 1184 la venta fue "aprobada".

Ayer, la secretaria Legal y Técnica del Gobierno provincial, Gimena Vitali, se hizo presente junto a integrantes de la Fiscalía de Estado, en la Comisión de la Legislatura, para exponer el decreto 620 el respecto a que las adjudicaciones “a partir de una superficie de 101 hectáreas, además de resolverse mediante decreto con acuerdo general de ministros, requerirá la ratificación del Poder Legislativo”.

Ese decreto deberá ser aprobado o rechazado por los legisladores, es decir que en sus manos están la venta de los terrenos conservados para el medio ambiente.