Registros del automotor: un negocio millonario que el Estado deja en manos privadas

Los registros del automotor mueven año a año una caja millonaria que el Estado ve pasar de costado. Se trata de oficinas públicas que fueron tercerizadas hace décadas y adjudicadas con criterios poco transparentes que dieron origen a denuncias de distinto tipo.

En total hay 1.555 Registros Seccionales de la Propiedad Automotor en todo el país que dependen de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En Santa Fe son 154 registros, de los cuales 18 están en Rosario. Cada seccional tiene un Encargado de Registro que es el responsable de llevar adelante la actividad, con la posibilidad de contratar personal a su cargo. 

Por estas oficinas deben pasar todos los trámites necesarios vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas del país. Si bien los costos a pagar varían según el tipo y modelo de vehículo, se estima que tanto para la transferencia de un auto usado, o el patentamiento de un cero kilómetro, los usuarios deben abonar alrededor de un 6 por ciento del valor del vehículo. 

Para tomar dimensión del nivel de actividad del sector, desde la Cámara de Comercio Automotor (CCA) informaron que durante el 2021 se patentaron 381.777 autos en todo el país, con el Fiat Cronos a la cabeza, un auto valuado en 2.386.000 pesos en su modelo más económico. Mientras que la transferencia de usados ascendió a 1.689.722 unidades, siendo el Volkswagen Gol Trend el modelo que más se vendió. 

De todos los aranceles que entran en juego para demostrar la posesión de un vehículo, hay algunos –establecidos por ley– que quedan de forma íntegra para el registro. De todo lo recaudado en un mes, los Encargados de Registros descuentan esos aranceles y también los gastos de los elementos registrales utilizados en el período. Una vez detraídas esas sumas –en favor de los titulares– resulta una “recaudación remanente” donde una parte queda en el mismo registro, mientras que otra va a la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Justicia. 

La forma en que se divide esa “recaudación remanente” es bastante particular: la normativa fija un esquema de montos mínimos y límites, en donde se establecen las sumas y porcentajes que le corresponden al registro en función de lo recaudado durante ese mes. Según la última actualización de los valores –que se anunció el 28 de diciembre de 2021 y entró en vigencia los primeros días de este año– si el registro recauda hasta 1.173.000 pesos (límite 1), se queda con el total de la recaudación. Pero si el monto se ubica entre 1.173.000 pesos (limite 1) y 2.042.000 (límite 2), al titular del registro le corresponde el 100 por ciento fijado para el límite 1 más el 60 por ciento del excedente. 

Por poner un ejemplo: si la recaudación remante mensual –es decir todo lo recaudado en el mes descontando los aranceles y costos de registración que ya quedan para el registro– fuera de 2 millones de pesos, al titular del registro le corresponderían 1.173.000 pesos más el 60 por ciento del excedente, en este caso 496.200 pesos. Es decir, si la recaudación remanente de un registro fue de 2 millones de pesos, el titular del registro se queda con 1.669.200 pesos (83 por ciento) y el Estado con apenas 330.800 pesos (17 por ciento).

El esquema fija 6 límites donde el porcentaje de excedente que queda en manos de los titulares de registro va decreciendo a medida que la recaudación es mayor.

Pero los encargados también están cubiertos por si las cosas no marchan bien algún mes. El artículo 5 de la resolución 2012/2021 que actualiza los valores de los emolumentos establece que cuando la recaudación mensual “no permitiere retener a su favor total o parcialmente las sumas adicionales dispuestas” los encargados “gozarán de un crédito ante el Ente Cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) para la adquisición de elementos registrales” con el fin de seguir realizando su labor. 

¿Por qué no las provincias?

El sistema de registración de la propiedad automotor fue creado por medio de un decreto ley fechado el 30 de abril de 1958, el último día en el poder del gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu. La intención de registrar la posesión de los vehículos apuntaba a prevenir y combatir su robo y el delito asociado. Pero el boom y expansión de los registros se dio durante el menemismo: se estima que al inicio de su gestión había unos 300 en todo el país y para el fin de su mandato superaban los 900. 

Durante años la designación de los registros se hizo de forma discrecional y eso generó acusaciones de corrupción y nepotismo que denunciaban que el negocio se repartía entre personas vinculadas al poder, como favores y compensaciones políticas. Recién en 2003, por medio de la Resolución 283, se estableció que los encargados serían elegidos por medio de un concurso público con la condición de poseer título habilitante de abogado, escribano y contador público nacional, y posteriormente se agregó la posibilidad de sumar licenciados en administración y en economía. 

A las irregularidades se les sumaron dudas sobre la condición laboral de los encargados de registros: ¿se trata de trabajadores que ejercen una tarea en forma liberal o de funcionarios públicos? Lo mismo con las seccionales: ¿son organizaciones privadas, públicas o paraestatales? Estos planteos fueron llevados al Congreso de la Nación por la ex diputada nacional por la provincia de Santa Fe Alicia Ciciliani, cuando presentó un proyecto para transferir a las provincias la competencia de llevar adelante el proceso de registración.  

La iniciativa planteaba que la tarea del encargado de registro fuera realizada por un funcionario público y que las provincias absorbieran el personal de cada seccional. Con los excedentes generados en cada delegación se cubrirían los gastos de infraestructura y recursos humanos, y el resto quedaría a disposición de la administración central, con la sugerencia de que se utilizaran para costear campañas de educación vial y prevención de accidentes de tránsito. El proyecto se presentó por primera vez en 2012 y luego en 2016. Nunca llegó siquiera a tratarse en comisiones. 

En declaraciones a Suma Política, Ciciliani fue categórica respecto al funcionamiento de estas dependencias: “Es un sistema viejo, caro e ineficiente a la luz de la tecnología del siglo veintiuno”. Al mismo tiempo que insistió con la necesidad de delegar esa facultad a las jurisdicciones subnacionales: “Si las provincias ya registran los inmuebles, ¿por qué no van a poder registrar con eficiencia un automotor o una maquinaria agrícola? No hay ningún sentido para que esté tercerizado”. 

“Es un sistema viejo, caro e ineficiente a la luz de la tecnología del siglo veintiuno”

De la investigación realizada en su momento por la dirigente socialista surgía también que de la totalidad de registros del país, 703 estaban intervenidos por algún tipo de irregularidad, es decir que alrededor de un 46 por ciento presentaba algún tipo de problema. En Santa Fe, el número ascendía a 67 registros intervenidos para el 2012 (43 por ciento). “Es de una anomalía enorme. Y a lo largo de los años fue una caja política porque eso fue cedido a amigos del poder”, expresó la exdiputada, y agregó: “Con el desarrollo tecnológico que existe ahora se puede hacer en forma muy ágil y a costo muy bajo”. 

En esa línea, Ciciliani también recordó que los registros mantienen una “clientela cautiva” porque los ciudadanos deben concurrir a la seccional que les corresponda según domicilio y eso genera una recaudación que no tiene competidores. “¿Cómo puede haber lucro en una actividad impuesta por el Estado y que esa actividad, que no aporta ningún valor al bien, le genera ganancias a un privado? No tiene ningún sentido esa forma de registro y ese encarecimiento para los ciudadanos”, cuestionó. 

Negocio redondo

Un proyecto similar al de Ciciliani fue planteado por el diputado nacional Martín Lousteau en 2018. El dirigente del espacio Evolución propuso que toda la actividad registral de vehículos pase a la administración nacional y que los recursos con los que se financia la actividad empiecen a ser percibidos por el Estado en su totalidad. La iniciativa además establecía un arancel fijo, independientemente del tipo y modelo de auto, y que por ley el costo de todo el papelerío no pueda superar el 1 por ciento del valor del vehículo. 

Según los números que aporta el proyecto de Lousteau, durante 2017 la recaudación de los registros fue de 18.045.406.840 de pesos, mientras que durante el primer semestre del 2018 el monto recaudado fue de 9.904.561.508 de pesos. De esas cifras, el Estado se quedó con 7.232.897.389 de pesos y 4.030.633.822 de pesos respectivamente, apenas un 40 por ciento del monto recaudado en concepto de aranceles. Es decir que por cada trámite que un ciudadano realiza en el registro automotor, el Estado percibe un 40 por ciento mientras que el 60 queda en manos del encargado del registro en su rol de intermediador.

Pero la iniciativa desnuda además otro negocio paralelo que es llevado adelante por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que vende a los registros todo el material utilizado para llevar adelante su tarea: formularios, chapa patente, cédulas, recibos, entre otros. Sólo en 2017 la cifra que abonaron los registros a ACARA fue de unos 3.400 millones de pesos, que se sumaron a otros 3.800 millones que el organismo percibió por venta a particulares, concesionarias y terminales. Según los fundamentos del proyecto, de esa caja ACARA destina unos 2.500 millones de pesos para costear sueldos de 5.500 empleados “que se alimentan de fondos públicos pero están por fuera del control estatal directo”.

Lo curioso es que parte de las cédulas de identificación y títulos, así como las chapas patente, son fabricadas por la propia Casa de Moneda que las vende a los entes cooperadores, en este caso ACARA. Y los registros compran el material a ACARA, pero a su vez deducen esos gastos de la rendición mensual. “Es decir, el Estado produce algo, para venderlo a un tercero que cobra una comisión, para volver a venderlo a un registro seccional que recauda los aranceles por parte de los particulares, y que luego, al ser descontados en el cálculo de los emolumentos por parte de los titulares de los registros, ingresa al Estado los resultantes”, grafica el proyecto.

“En la actualidad contamos con un sistema de registros automotores privatizado, donde ciertas personas denominadas titulares, designadas por el poder de turno, mediante favores políticos o por herencia, centralizan cajas recaudatorias en razón de aranceles que fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para luego compartir parte de sus ganancias con el Estado nacional. Creemos que toda la recaudación realizada por el sistema registral nacional ha de ser percibida directamente por el Estado Nacional”, sintetiza la iniciativa de Lousteau.

¿A dónde va la plata?

En 2018 el gobierno de Mauricio Macri intentó avanzar en la digitalización del sistema de registros para terminar con la intermediación y abaratar los costos. La idea fue impulsada por los ministros de Modernización, Andrés Ibarra, y de Hacienda, Nicolás Dujovne. Pero si bien la Dirección Nacional hoy permite realizar algunas operaciones de manera virtual, la medida nunca terminó de concretarse por completo.

En el medio el anuncio generó internas con el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, porque parte de los fondos de los registros quedaban en manos de la Subsecretaria de Coordinación de esa dependencia, desde donde se pagaban sueldos a parte de personal del Ministerio. Esa situación fue denunciada por el economista Nicolás Gadano, en una serie de notas en la revista Seúl, que dan cuenta de cómo los llamados Entes Cooperadores financian salarios desde hace décadas por fuera del presupuesto nacional.

En sintonía con lo planteado por Lousteau, Gadano refiere que desde ACARA y por medio de “convenios de cooperación” se cubren ya no sólo sobresueldos para algunos integrantes del Ministerio de Justicia, sino también funcionarios que cobran íntegramente su sueldo por parte de estos entes cooperadores. O sea, trabajadores que realizan su tarea en las oficinas del ministerio pero que no forman parte del staff público del Estado. Por medio de un pedido de información pública, el economista logró revelar que durante 2020 la Oficina Anticorrupción tuvo “39 empleados contratados por ACARA, que se sumaron a los 51 de su planta permanente oficial”. Según esa investigación, ese año la Oficina Anticorrupción contó un 57 por ciento más de fondos de lo que se ejecutó según el presupuesto.

Los números explican una parte de las dificultades que encontraron los distintos proyectos que buscaban modificar el sistema de funcionamiento de los registros. Pero también abren otro interrogante: ¿es un esquema que se repite en otras áreas del Estado? ¿Hay otros Entes Cooperadores que abonen el sueldo de trabajadores que se desempeñan en la órbita del Estado? Por lo pronto, cabe aclarar que no hay nada fuera de lo legal: la legislación vigente ampara y da el marco para que los Entes Cooperadores establezcan convenios con el Estado, con distintos fines.