La Justicia Federal avanza a pasos firmes en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El objetivo de los nuevos allanamientos es determinar si el jefe de seguridad de Nordelta ayudó a escapar a uno de los empresarios implicados en la causa
La causa que investiga un esquema de corrupción y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma nuevos capítulos. La Justicia ha ordenado nuevos allanamientos, esta vez centrados en los registros de acceso y salida del exclusivo barrio de Nordelta, en un intento por esclarecer la trama y dar con los responsables. La investigación se profundiza tras la filtración de audios y la revelación de una red de corrupción en la compra y venta de medicamentos.
Un jefe de seguridad bajo la lupa
El foco de los nuevos allanamientos está puesto en Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta. La Justicia investiga si De Vincentis ayudó a escapar a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, implicada directamente en el esquema de coimas. La sospecha es que Kovalivker, al saber que iba a ser detenido, utilizó sus contactos dentro del barrio privado para evadir a la policía.
El caso se destapó tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS, quien denunciaba en grabaciones la existencia de una red de recaudación ilegal en el organismo. Aunque Spagnuolo fue despedido por el gobierno, su testimonio ha sido clave para que la Justicia avance. La causa también involucra a Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y a la familia Kovalivker, dueños de la droguería señalada como partícipe de las maniobras.
Avance de la investigación y nuevas pruebas
Para desentrañar la presunta red de encubrimiento, la Justicia ha incorporado nuevas pruebas a la causa, incluyendo videos de accesos y salidas de Nordelta, que podrían mostrar los movimientos de Kovalivker. Además, se ha accedido al celular de Spagnuolo para obtener más información y confirmar las denuncias que realizó en los audios. El caso, caratulado como "asociación ilícita" y "negociaciones incompatibles con la función pública", ha puesto en evidencia un entramado de corrupción que afectaba directamente la provisión de servicios esenciales para personas con discapacidad en Argentina.
La profundidad de la investigación demuestra el compromiso de la Justicia en desarmar estos esquemas que no solo perjudican al Estado, sino que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Se espera que en los próximos días haya nuevas novedades en el caso, que podría sumar más imputados y arrojar luz sobre las responsabilidades políticas y empresariales.
