La fiscalía solicitó penas de prisión e inhabilitación para cargos públicos para Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por su participación en la causa por el manejo irregular de fondos del programa Fútbol para Todos. El fiscal imputa a los ex jefes de Gabinete el delito de defraudación a la administración pública
La Justicia avanza con firmeza en una de las causas más resonantes de los últimos años: el manejo de los fondos del programa "Fútbol para Todos". En el marco de este juicio, la fiscalía ha solicitado condenas para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por presuntas irregularidades que habrían causado un perjuicio millonario al Estado.
Las penas solicitadas y los delitos imputados
Según el pedido del fiscal general Miguel Ángel Osorio, las penas solicitadas para los exfuncionarios son contundentes y reflejan la gravedad de los cargos. Para Aníbal Fernández, la fiscalía pidió tres años de prisión, de ejecución condicional, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se le imputa el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en concurso real con la violación de los deberes de funcionario público.
En el caso de Jorge Capitanich, se solicitó una condena de ocho meses de prisión e inhabilitación por el doble de la pena. A diferencia de su antecesor, a Capitanich se le imputa únicamente el delito de violación de los deberes de funcionario público. Las condenas están relacionadas con el manejo irregular de más de 131.608.000 pesos entre los años 2010 y 2015, periodo en el que ambos tuvieron a su cargo la coordinación del programa de transmisiones deportivas.
El avance de la causa y el futuro de los imputados
El juicio, que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal N° 1, ha entrado en una fase clave. La fiscalía no solo pidió condenas para los exjefes de Gabinete, sino también para otros imputados, como el expresidente de la AFA, Luis Segura. Por otro lado, solicitó la absolución de otros exfuncionarios, entre ellos Gabriel Mariotto. Con el cuarto intermedio decretado hasta el próximo 8 de septiembre, ahora será el turno de los alegatos de las defensas, quienes buscarán desvirtuar las acusaciones de la fiscalía.
Este caso no solo pone en evidencia el presunto desmanejo de fondos públicos, sino que también subraya el rol del Poder Judicial en la investigación de la corrupción política, afectando la imagen de figuras públicas de gran relevancia en la historia reciente de Argentina.
