En un duro golpe a la administración actual, el Senado de Argentina ha rechazado dos vetos presidenciales fundamentales, poniendo un freno a la política de ajuste fiscal y reafirmando el rol del poder legislativo en la protección de los derechos sociales.

Esta decisión se enmarca en un contexto de crecientes tensiones políticas y movilización ciudadana.

La arena política argentina fue testigo de una significativa confrontación entre el poder ejecutivo y el legislativo, culminando en una nueva derrota para el actual presidente en el Senado. Con una mayoría contundente, los senadores rechazaron dos vetos presidenciales que buscaban implementar recortes en áreas sensibles, marcando un claro límite a las políticas de ajuste fiscal impulsadas por el gobierno.

Rechazo a Vetos Clave: Hospital Garrahan y Financiamiento Universitario

La primera medida rechazada fue el veto a la Ley Garrahan, una legislación crucial para asegurar los fondos del hospital pediátrico de referencia. Con una votación de 59 contra 7, el Senado garantizó la continuidad del presupuesto para este vital centro de salud, que atiende a miles de niños en todo el país. Inmediatamente después, con una votación casi idéntica de 58 votos a favor, se anuló el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción asegura la continuidad presupuestaria para las universidades públicas, un sector históricamente defendido por amplios segmentos de la sociedad argentina y que había sido blanco de recortes. Estas decisiones consolidan un límite parlamentario claro a la política de ajuste del presidente, sumando nuevos reveses legislativos a su gestión.

Un Gobierno en Crisis y con Desconfianza Política

Analistas políticos han señalado que esta situación no es aislada, sino el resultado de un deterioro político que viene sufriendo el presidente. La política de transformación que intentaba impulsar ha fracasado en múltiples ocasiones, rememorando los fracasos del neoliberalismo de la década de los 90 y el período posterior a 2015. Las políticas actuales, caracterizadas por el endeudamiento, la falta de apoyo a la producción nacional y el incremento de ganancias para "sectores parasitarios" que fugan divisas, han generado una crisis social y económica. Las encuestas previas a las elecciones legislativas del 26 de octubre no son favorables para el oficialismo, y la percepción generalizada es que se trata de un gobierno terminado. El poder legislativo ha dejado en claro que los intereses del pueblo están por delante de las aspiraciones personales y las obligaciones con sectores económicos que respaldan al gobierno.

Impacto en la Sociedad: Jubilados y Sectores Vulnerables

El rechazo a estos vetos se produce en un contexto de fuerte movilización social. Los jubilados y los sectores más vulnerables de la sociedad han sido la vanguardia de las protestas contra las políticas de ajuste. Se ha denunciado que la administración actual ha afectado gravemente a enfermos de cáncer, quitándoles medicamentos, y ha atacado a personas con diversas capacidades, así como a la educación y a todas las responsabilidades sociales que un estado tiene con la ciudadanía. El cierre de fábricas y comercios, el descontrol en los servicios públicos esenciales y el aumento desmedido de los precios, especialmente de la gasolina, han sumido a la sociedad en un colapso. Se ha acusado al gobierno de ser un "mentiroso serial" al afirmar que la inflación está controlada y que millones de personas han salido de la pobreza, cuando la realidad demuestra lo contrario. La desconfianza política y de los mercados es evidente, con más de diez empresas multinacionales abandonando el país y Carrefour amenazando con hacerlo.

Amenazas de Judicialización y la Dependencia Externa

El presidente ha manifestado su intención de judicializar los vetos rechazados, negándose a dar el brazo a torcer a pesar de las manifestaciones en las calles y los reveses legislativos. Su postura es la de un "fanático" o "fundamentalista del liberalismo", quien ha expresado su deseo de destruir al Estado desde adentro, refiriéndose a las responsabilidades sociales y no al aparato represivo. Se ha señalado que el gobierno está endeudando notablemente a Argentina, dependiendo del Fondo Monetario Internacional y, de manera preocupante, firmando un decreto que permite el ingreso de tropas estadounidenses al país y la instalación de una base de submarinos en Tierra del Fuego. Estas acciones indican una "fase superior de la aplicación del proyecto liberal y neofascista", reforzando la dependencia y la entrega del patrimonio nacional. La desesperación por conseguir fondos ha llevado al ministro de Economía a viajar de urgencia a Washington, mendigando 20.000 millones de dólares al tesoro estadounidense. Sin embargo, la situación de crisis económica en Estados Unidos y la falta de complementariedad entre ambas economías generan dudas sobre la posibilidad de obtener dicho préstamo.

La injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Argentina, apoyando al candidato oficialista en vísperas de elecciones, ha generado un fuerte rechazo en otros partidos políticos. La "libertad" que se promueve no es para el pueblo, sino para las transnacionales que buscan expoliar los recursos del país. El pueblo argentino, con una larga experiencia en enfrentar gobiernos ultraliberales, comienza a reaccionar fuertemente, aunque aún sin una conducción clara que lo represente. La crisis actual demuestra el fracaso de estas alternativas de carácter liberal en Argentina y en otros países de la región.